Los delitos de tráfico rompen la tendencia a la baja y crecen un 12% en solo un año en Gipuzkoa

Alcohol y drogas al volante figuran a la cabeza de las imprudencias que acabaron con el conductor acusado por la vía penal y pasando por un juicio. Suponen el 66% de los procedimientos incoados en las tres Fiscalías vascas, un aumento del 8% de conductores ebrios o drogados que fueron cazados por las autoridades, y castigados con la ley en la mano. En las campañas que realiza la Ertzaintza para detectar la presencia de drogas, una de cada tres pruebas en saliva realizadas a conductores en Gipuzkoa da positivo; mientras que el porcentaje resulta menor en alcoholemias, con un 3% del total.

La segunda infracción más frecuente es conducir sin haberse sacado el carné o con el permiso retirado, una práctica por la que fueron sancionados 301 personas en el territorio, un 14%. En el listado de peligros en la carretera le siguen la creación de otros riesgos (69 casos), como puede ser colocar obstáculos en la vía, y la conducción temeraria. Es esta causa la que refleja la evolución más negativa en el último año, con un 70% más de casos.

La respuesta judicial depende de la gravedad de los hechos, de las consecuencias de la infracción, y de la voluntariedad o no de lo cometido. En Gipuzkoa, el año pasado en los escritos de acusación formulados por los fiscales se solicitó pena de prisión para un total de 234 delitos. En la actualidad, en la cárcel de Martutene hay 33 internos que tienen vigentes penas por delitos contra la seguridad vial (diez de ellos en situación de libertad condicional).

«Las peticiones de prisión se han efectuado, como es lógico, en los tipos delictivos de homicidio imprudente (1) -el más grave y que el Código Penal castiga hasta con cuatro años de cárcel-, imprudencia temeraria (16 casos) y negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia (56). La memoria fiscal recuerda la muerte de una vecina de Errenteria, que falleció en agosto de 2015 tras ser arrollada en Villabona por un camionero borracho que circuló en sentido contrario durante nueve kilómetros por la N-1. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el chófer 'kamikaze' y seis meses de retirada de carné.

Los fiscales apuestan por la justicia restaurativa para los demás delitos contra la seguridad vial que admiten esa alternativa a la cárcel. Esta fórmula busca que los condenados cumplan la pena bajo el principio de que «quien la hace repara» en lugar del principio tradicional de «quien la hace la paga». La condena de cárcel, cuando el delito es menor, suele ser sustituida por horas de trabajo en beneficio a la comunidad, en asociaciones benéficas, por ejemplo. 156 conductores infractores fueron condenados el año pasado a estas penas alternativas, también en casos de reincidencia.

Quedarse sin carné por perder todos los puntos también es considerado delito, si bien en el día a día las distintas fiscalías y juzgados dejan constancia de que en muchos casos se archivan provisionalmente a petición de la propia Fiscalía «al no poder acreditar fundadamente que el conductor imputado tenía conocimiento de que se había dictado la correspondiente resolución de pérdida de puntos contra el mismo».

El aumento de los delitos contra la seguridad vial que pasaron por la mesa de las Fiscalías no supone más que un reflejo del comportamiento temerario de los conductores en las carreteras y arma de argumentos el debate sobre el endurecimiento de la penas para las imprudencias más graves. La reforma del Código penal en 2007 ya elevó las faltas cometidas a la categoría de delitos. Ahora el Gobierno central y la DGT pretenden endurecer las condenas para frenar la siniestralidad entre los aficionados a la bicicleta, accidentes que solo en los primeros seis meses del año se han cobrado ya la vida de 21 personas en todo el Estado.

La propuesta plantea que la pena de cárcel por atropello a un ciclista pase de los cuatro años de prisión que contempla el Código Penal en la actualidad a nueve años. Es uno de los asuntos para legislar que el Congreso tiene sobre la mesa en este arranque de curso político.