Las cuantías cambian y premian a los grados medios

A. A. SAN SEBASTIÁN.

La reforma del sistema de prestaciones de dependencia presentada ayer por la Diputación pone el acento en el 'cómo' pero no pasa por alto el 'cuánto'. Las cuantías hasta ahora establecidas cambian. De los seis tramos actuales se pasa a tres, porque se eliminan las cantidades por niveles y se deja en solo tres grados: I (el leve), II (dependencia moderada) y III (dependencia grave). La calculadora arroja un resultado evidente: saldrán premiados los grados medios, que cobrarán más dinero en cualquiera de las modalidades de prestación (ver gráfico), y se perjudica a los dependientes leves cuidados por un familiar en el hogar. Estos, por ejemplo, pasarán de cobrar un máximo de 180 euros a 154. Los dependientes de mayor grado reciben una de cal y otra de arena. Dentro de ese grado, los que estaban en el nivel 1 aumentan la cantidad percibida, pero los del nivel 2, sufren una rebaja.

El cambio en las cuantías, que se antoja polémico, obedece al cambio aprobado en el Estado en 2012, cuando ya se abolieron los niveles intermedios, como ahora hará Gipuzkoa. Según explicó Jon Iribar, del Departamento de Políticas Sociales, la simplificación servirá para reducir «las excesivas solicitudes de valoración» de dependencia, el examen que pasan los dependientes para determinar en qué grado y nivel se sitúan -asociado a una cantidad concreta en la prestación-. Se trata de un sistema homologado de puntuaciones. Superar ciertos puntos significa entrar en un grado superior de dependencia, y recibir más dinero al mes. Iribar explicó además que «las distancias entre esos tramos no son muy lógicas», por lo que se reducen esos saltos.

Otro asunto en el que se detuvo es la atención a menores extranjeros. Siguiendo la recomendación hecha por el Ararteko, la reforma recoge el derecho de estos chavales «sea cual sea la situación administrativa y de residencia de los padres» a poder recibir una prestación si tienen un grado de dependencia acreditado.

La propuesta en su conjunto se abre ahora a un plazo de aportaciones de los grupos políticos y exposición pública con las entidades sociales y ayuntamientos. Los cambios se aplicarán a partir de enero.

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