Condenas que esquivaron la prisión permanente en Gipuzkoa

Delincuentes juzgados en las últimas décadas podrían haber terminado sentenciados a la máxima pena

Una sábana cubre el lugar donde apareció el cuerpo de la niña Aicha Rezmives en Zarautz en 2014. /PEÑALBA
Una sábana cubre el lugar donde apareció el cuerpo de la niña Aicha Rezmives en Zarautz en 2014. / PEÑALBA
Javier Peñalba
JAVIER PEÑALBASan Sebastián

Los delitos que cometieron les habrían hecho hoy candidatos a pasar su vida casi de forma íntegra en la cárcel. Protagonizaron hechos violentos, algunos de ellos espeluznantes. Los cometieron en Gipuzkoa y por ellos fueron sentenciados a las penas en vigor en las fechas en las que los perpetraron. Si los hubiesen ejecutado en la actualidad o dentro de unos meses, se enfrentarían a la sanción más severa que contempla el ordenamiento jurídico español, una especie de cadena perpetua a la que han bautizado como «prisión permanente revisable». Entró en vigor en 2015 para delitos especialmente graves como el asesinato de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables, así como en los casos de asesinato cometido tras un delito contra la libertad sexual o por un miembro de una organización criminal. También para crímenes múltiples, asesinatos terroristas, homicidio del jefe del Estado o heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros, y genocidio o crímenes de lesa humanidad.

El pasado viernes, además, el Gobierno amplió el abanico con cinco delitos más: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

Los asesinatos de Rogelia Chivite Ayensa de 93 años cuando echaba la siesta en su casa en Donostia, totalmente indefensa; el parricidio de Aicha Rezmives, de apenas un año de vida, a quien su padre arrojó al mar en Zarautz; el brutal crimen de la niña Sandra Calvo en 1989 en el barrio donostiarra de Altza, o el más reciente de Julen Serrano quedarían integrados en esta relación. Incluso cabría incorporar el caso del autor del incendio provocado en enero del pasado año en un pabellón de 'okupas' de Andoain que se saldó con la muerte de una persona, o el del violador en serie de hace diez años en Donostia. Todo ellos serían candidatos a la prisión permanente revisable. Pero a ninguno les será aplicada, ya que no estaban vigentes cuando cometieron los delitos.

De todos ellos, el asesinato de Sandra Calvo fue probablemente el más brutal de los que se recuerdan en Gipuzkoa en décadas recientes. La víctima tenía cinco años, su agresor, 27. Se llama Emilio I. del C. Fue sentenciado a 36 años de prisión tras ser declarado culpable de los delitos de rapto, abusos deshonestos y asesinato. Los hechos se remontan a enero de 1989, sucedieron la tarde del día 13 en un piso de la calle Santa Bárbara del barrio de Altza. El acusado coincidió con la pequeña en el rellano de la escalera y la llevó hasta otra vivienda del mismo inmueble que era propiedad de la familia de su novia. Allí primero sometió a la menor a diversos tocamientos, seguidamente la amordazó con una servilleta, y luego le causó tres heridas con un cuchillo de cocina. Mientras, los padres de la niña y del inculpado, así como la novia de éste, habían iniciado cada uno por su lado la búsqueda de sus respectivos familiares. Ante el creciente tumulto que se estaba originando entre los vecinos, el acusado, escondido en la casa y con la luz apagada para no ser descubierto, cogió a la niña y la arrojó por una ventana que da a la trasera. El hecho fue presenciado por una persona que ocasionalmente se hallaba en el lugar y que prestó los primeros auxilios a la menor. Tres horas después, sin embargo, Sandra Calvo falleció en el hospital.

Durante el juicio, la Fiscalía solicitó para Emilio I. 41 años de prisión, mientras que la acusación particular reclamó 86. Tras cumplir parte de la pena, el acusado quedó en libertad y más tarde fue condenado por intentar violar a una mujer de 78 años.

Arrojada al mar

Si el caso de Sandra Calvo fue dramático, el de la niña Aicha Rezmives no lo fue menos. Con apenas dieciocho meses de vida fue arrojada por su padre al mar en Zarautz. El progenitor actuó tras un proceso de violencia hacia su excompañera, una mujer de nacionalidad rumana. El padre, Mohamed C., fue juzgado por un jurado y condenado a 21 años.

El cuerpo de la menor fue hallado la mañana del 7 de octubre de 2010. A las 5.20 horas, el padre de la pequeña llamó al Centro de Coordinación de Emergencias para denunciar la desaparición. El progenitor, que entonces tenía 43 años, relató al operador que atendía el servicio que tanto él como su hija habían dormido en una chabola situada en el parque Montetxio, ubicado sobre la carretera N-634, junto al restaurante Aiten Etxe y al lado del pequeño puerto de la localidad. El padre declaró que al despertarse descubrió que su hija no estaba en el lugar en el que la había dejado. El cuerpo fue hallado más tarde cerca del puerto.

El autor del asesinato en 1989 de una niña en Altza fue condenado a 36 años pero no cumplió todos

Entre los delitos más violentos, hay parricidios, violaciones en serie o muertes en incendios

El jurado declaró al padre culpable de un delito de asesinato con alevosía, por el que fue condenado a 19 años, y a dos más por las amenazas a su expareja.

También guiado por un ánimo de venganza contra su esposa actuó Luis Serrano, el padre de Julen, un caso que de haber estado vigente la nueva norma, hubiese permitido a las partes acusadoras solicitar la prisión permanente. El cadáver del menor fue hallado el 1 de diciembre de 2011, sobre las doce del mediodía, en una vivienda del barrio de Ondarreta. La víctima presentaba una herida por arma blanca en el pecho. El padre, que en el momento de los hechos permanecía también en el domicilio, fue imputado por la muerte.

La Fiscalía de Gipuzkoa solicitó 18 años de prisión. La acusación particular que ejerce la madre de la víctima y exesposa del procesado pidió una condena de veinte años de cárcel. Ambas partes estimaron que el padre actuó movido por el resentimiento contra su esposa y como «venganza hacia ella por haber tomado la decisión de divorciarse, cogió de la cocina un cuchillo y mató a su hijo». El progenitor, por su parte, ha venido negando los hechos y todavía lo hace. Tras el juicio celebrado el año pasado, el jurado le declaró culpable de asesinato y fue condenado a 19 años. El caso está pendiente de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi.

Indefensa en la cama

El asesinato de Rogelia Chivite es otro de los que horrorizan. Tres jóvenes, dos de 19 años y uno menor de edad, acabaron en octubre de 2012 con la vida de esta mujer de 93 años, a cuyo domicilio entraron a robar. Entre los asaltantes se encontraba el hijo de la mujer que había sido contratada para cuidar de la víctima. Los tres accedieron al domicilio, situado en el quinto piso del número 36 de la calle San Martín gracias a una copia de la llave que obtuvo el hijo de la cuidadora del juego que tenía su madre. Cuando Rogelia Chivite detectó la presencia de los intrusos, uno de ellos se abalanzó sobre ella y le asestó una puñalada en el lado derecho del cuello, que le provocó una intensa hemorragia. Seguidamente, le propinó un «golpe brutal» en la región facial que le causó diversas fracturas además de otra hemorragia con inmediata pérdida de consciencia y «entrada en una fase agónica». Desvalida, la mujer fue víctima de tres nuevas puñaladas en la región torácica, dos en la abdominal y una más en la paraumbilical. Por estos hechos, los dos jóvenes mayores fueron sentenciados a 22 y 23 años de prisión, mientras que el menor fue condenado a seis años y siete meses de internamiento en régimen cerrado.

El violador en serie

Si Carlos Germán O.F. hubiese sido detenido con la nueva ley ya en vigor, la prisión permanente revisable estaría poco menos que garantizada para este violador en serie que entre 2007 y 2008 forzó sexualmente a cinco mujeres en Donostia.

El sospechoso, natural de Quito y que entonces contaba con 23 años, empleó en varias ocasiones un método idéntico para reducir a sus víctimas y neutralizar cualquier oposición que pudieran ofrecer. Las sorprendía por la espalda, las agarraba con su brazo por el cuello y oprimía la garganta hasta que lograba cerrar el conducto respiratorio. La falta de oxígeno hacía que perdieran momentáneamente el sentido. Cuando las víctimas lo recobraban, el autor había huido. Dos de los casos se cometieron en el Paseo de Vizcaya que discurre paralelo al río Urumea y otro en Riberas de Loiola.

La incorporación del delito de «muerte en incendio» entre los susceptibles de ser penados con la máxima condena no afectará a otro caso que está siendo instruido en Gipuzkoa. En el banquillo se sentará un joven de origen magrebí a quien se le imputa un delito de asesinato. La Fiscalía le responsabiliza de la muerte de un ciudadano cubano en un incendio que presuntamente provocó él en un pabellón de 'okupas' en Andoain. Los hechos sucedieron el 25 de enero de 2017, en una nave de la calle Ama Kandida. El acusado, de 39 años, actuó presuntamente guiado por un sentimiento de venganza, después de que la noche anterior fuera expulsado de la comunidad por las situaciones de conflicto que generaba. En el suceso perdió la vida Tomás Moreno.

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