Un Código Penal que ya contempla penas de hasta 40 años de cárcel

Los magistrados de San Sebastián, Santiago Romero (APM) y Jorge Hoyos (JJpD), opinan sobre el cambio legislativo

J. P.

La inclusión de la prisión permanente revisable en el Código Penal genera posiciones encontradas en la sociedad. También existen diferentes opiniones en la judicatura. «Los argumentos para defender una y otra postura son técnicamente válidos desde un punto de vista legal. Cuestión distinta es el complejo problema que se plantea desde una óptica de política criminal, esto es, qué postura debe adoptar un Estado de Derecho para dar respuesta a los crímenes más graves y que más alarma social crean», afirma Santiago Romero Buck-Arstad, magistrado del Juzgado de lo Penal 2 de Donostia y presidente de la Sección Territorial del País Vasco de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Romero precisa que la APM «no tiene ninguna postura al respecto por cuanto que son cuestiones que competen a los partidos políticos y, en su caso al Poder Legislativo». Opina como juez, no obstante, que «esta prisión permanente revisable desde un punto de vista preventivo carece de eficacia, pues quien sea capaz de cometer los delitos más atroces para los que está prevista no creo que se vea constreñido a no hacerlos. Y desde el aspecto retributivo podría suponer atentar contra el derecho a la dignidad de la persona y sus posibilidades de reinserción social. El Código Penal ya prevé penas elevadas para los delitos más graves, hasta un máximo de 40 años, que ya son años», afirma.

Jorge Juan Hoyos Moreno, magistrado de la Audiencia de Gipuzkoa y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, considera que es «absolutamente innecesaria, pues ya en el año 2003 se produjo una reforma del Código Penal que permitía el cumplimiento efectivo de las penas hasta los 40 años y endureció de manera notable el acceso a los beneficios penitenciarios, por lo que en realidad ya existe una pena con un régimen muy similar a la cadena perpetua para determinados supuestos». Hoyos se muestra «totalmente en contra» de la ampliación de los delitos. Considera que existe «una equivocada idea de que el problema de la delincuencia tiene un origen legislativo, una respuesta penal débil, y que la solución consiste en endurecer las penas». Por ello, el magistrado de la Audiencia es partidario de derogarla. «Creo que la comisión de hechos tan graves no se debe a una insuficiencia normativa o levedad de la sanción, sino a la falta de respuesta en los ámbitos en los que es indispensable para intentar su prevención».

Debate complejo

Santiago Romero reconoce la complejidad que entraña el debate, «porque hay casos excepcionales que demandan respuestas excepcionales». Recuerda que Italia, Francia, Alemania e Inglaterra cuentan con figuras similares en sus ordenamientos y que en todos, al igual que en el español, se contempla la revisión, «lo que no implica necesariamente una pena perpetua».

Hoyos cree que se legisla en caliente, que cuando acontecen hechos graves con gran repercusión mediática -como el de Diana Quer- «se intenta ofrecer por quienes ejercen responsabilidades públicas, una respuesta mediática y la más sencilla, fácil y barata es incrementar las penas». Cree Hoyos que de esta manera se está jugando con el legítimo dolor de las víctimas, «ya que la imposición de mayores penas no evitará la comisión de estos hechos, pues los casos de delincuencia grave suelen estar vinculados a problemas de seguridad pública preventiva así como de salud mental, marginalidad y exclusión social».

Santiago Romero no cree que se esté legislando tanto en caliente. «La labor del Gobierno de turno y del Poder Legislativo es dar respuesta legal y política a los problemas que se generan en sociedades avanzadas y complejas como la nuestra, de tal forma que una respuesta tardía haría ineficaz la función político-legislativa y, por el contrario, una respuesta precipitada o en caliente puede no ser la mejor manera de actuar. Sin embargo, entiendo a quienes alegan que son varios los casos que han generado alarma social y que no puede hablarse por ello de populismo legislativo. Ahora bien, una modificación penal de este calado sí debería exigir, al menos, un debate social pausado y un cierto consenso entre los partidos», concluye Romero, que respeta la legitimidad y oportunidad del Gobierno para proponer cambios legislativos. «A la vista de la ampliación no puede obviarse que se quiere dar respuesta a los crímenes más graves y recientes por todos conocidos», dice.

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