El ‘chapuzas’ de las reformas llevaba dos años actuando con impunidad

En este estado dejó el acusado una de la viviendas del Paseo Duque de Mandas en Donostia./
En este estado dejó el acusado una de la viviendas del Paseo Duque de Mandas en Donostia.

Tras las últimas denuncias cursadas ante la Guardia Municipal de Donostia se han descubierto casos que datan de 2015

JAVIER PEÑALBASan Sebastián

¿Cuánto tiempo campó a sus anchas sin que nadie tomara cartas en el asunto? ¿Qué juzgados o instituciones conocían las actividades qué desarrollaba? ¿Qué hicieron para evitar que continuara con los engaños? Son solo tres de las preguntas que formulan los afectados por Josué S.J., el ‘chapuzas’ que ha estafado presuntamente a cerca de medio centenar de personas mediante su fraudulento método de reformas inacabadas en viviendas. Una veintena de ellas ya han formalizado la correspondiente denuncia, la mayor parte de ellas ante la Guardia Municipal de Donostia.

Han sido agentes de la Unidad de Investigación de este cuerpo los que la semana pasada pusieron fin a la actividad ilícita de este individuo que vivía entre Portugalete, su localidad natal, y Aizarnazabal. Agentes municipales recepcionaron ayer en la Inspección donostiarra varias denuncias más y suman ya dieciocho. A estas hay que agregar las que otros perjudicados han interpuesto en la Ertzaintza y otras que ya habían sido cursadas en meses y años anteriores.

Josué S.J. cuenta con una dilatada trayectoria y viene actuando de esta manera desde hace dos años. Cuenta con denuncias similares, al menos desde hace dos años. El supuesto estafador distribuía publicidad en buzones, portales y bares y se ofertada para realizar trabajos de reparaciones en pisos a precios económicos y en poco tiempo. Una vez convenido el presupuesto, el arrestado exigía un adelanto que oscilaba entre el 20 y 30% para la compra de los materiales. Tras recibir la cantidad convenida, enviaba a unos operarios que, sin tener apenas conocimiento de la profesión, daban comienzo a las labores de derribo de aquellas dependencias que habían de reformar. En muchos casos, en cuanto terminaban la primera jornada laboral, los operarios se ausentaban para no regresar más.

Según se van conociendo nuevos asuntos, la cantidad de lo defraudado no hace sino crecer. Fuentes cercanas señalan que las sumas de las que el investigado se habría apropiado rozan ya los 200.000 euros.

El acusado ha dejado un rastro por diferentes localidades de Gipuzkoa. A las estafas ya conocidas en Donostia, Tolosa, Oiartzun y Errenteria, han aflorado otras en Irun. En esta localidad hay antecedentes desde septiembre de 2016. En uno de ellos, una de las víctimas adelantó casi 15.000 euros en dos pagos. También se sabe que existen perjudicados en varias localidades vizcaínas como Sestao, Durango y Zornotza.

Se negó a declarar

El acusado se encuentra en libertad con cargos desde el sábado pasado, después de que prácticamente agotó las 72 horas legales de estancia en los calabozos. El presunto estafador fue trasladado a primera hora al Juzgado de Guardia junto con los 250 folios de las diligencias que ya se llevan acumulados.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que Josué S.J. se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Únicamente respondió a una cuestión que le fue planteada por su abogado. El investigado manifestó que fueron «contratiempos imprevistos», los que le impidieron finiquitar los trabajos que había empezado, que debieron ser todos, ya que la Guardia Municipal no ha dado con ninguno en el que el ‘chapuzas’ hubiese terminado la reforma que había proyectado.

El acusado atribuyó a «contratiempos imprevistos» que no acabara los trabajos

Tras su negativa a contestar a las preguntas del ministerio fiscal y a las representaciones de algunos perjudicados, la fiscal solicitó la puesta en libertad. No obstante, uno de los abogados presente reclamó el ingreso del acusado en prisión, eludible mediante el pago de una fianza de 150.000 euros. El letrado sustentó su demanda de internamiento en el elevado número de perjudicados existente, la elevada cuantía de lo estafado y la gravedad de las penas a las que podría ser condenado, superiores a seis años. No obstante, los argumentos de la acusación no fueron atendidos, de forma que la magistrada dictó un auto en el que acordó la libertad, aunque con cargos.

La decisión de la jueza no ha sentado nada bien entre los afectados que no aciertan a comprender cómo un individuo con semejante trayectoria queda en libertad «para que pueda esconder todo el dinero que nos ha robado», señala uno de ellos.

Otros perjudicados prefieren verlo desde una óptica más positiva. «Por lo menos, la gente está advertida, ya sabe quién es y cómo actúa. Lástima que la Ertzaintza no le hubiese detenido antes. Ahora no habría esta larga lista de perjudicados», explica Koro, una de las víctimas que muestra su interés en constituir una plataforma de afectados.

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