Catorce mujeres viven con escolta en Gipuzkoa para protegerse de sus parejas

Estas catorce mujeres escoltadas, apenas una menos que hace un año, representan el extremo más dramático de una amenaza mucho más amplia, que en Gipuzkoa obliga a otras 1.370 mujeres a adoptar medidas de protección para evitar agresiones. Los datos facilitados ayer por el departamento vasco de Seguridad revelan en Euskadi un ligero incremento en el número de mujeres que precisan algún tipo de seguridad extra: 4.519 respecto a las 4.352 del pasado año. Aunque en este territorio, la cifra de víctimas protegidas es algo inferior, 74 menos que el pasado año.

El protocolo que la Ertzaintza maneja contiene un sistema de evaluación del riesgo, pionero en Europa, que elaboró junto con la Universidad del País Vasco y que ha sido actualizado y mejorado en varias ocasiones, la última en 2013. A través de ese sistema, la Policía vasca clasifica en cuatro niveles (básico, moderado, alto y especial) el riesgo potencial de que la víctima sufra una agresión y adopta las medidas de protección más convenientes.

Entre ellas, la más extrema es la escolta personal. Pero hay otros sistemas de contravigilancia o alarma que en estos momentos tienen activos unas 1.300 mujeres en Gipuzkoa. La medida más básica, y la primera que la Ertzaintza activa cuando detecta un nuevo caso, es la formación a la víctima para que ella misma se autoproteja. El siguiente nivel es la supervisión mediante una llamada de teléfono periódica.

Pero en casi un millar de expedientes abiertos en Euskadi, 291 en Gipuzkoa, el riesgo advertido ha llevado a la Policía vasca a facilitar a las víctimas un teléfono móvil con el que contactar directamente en caso de emergencia y que permite su localización. Se trata del servicio Bortxa, que permite el «acceso ágil» al teléfono contra el maltrato 900 840 111, y dispone de una «alarma con GPS, entre otras funciones».

Además, en este caso por orden judicial, hay dos agresores en Gipuzkoa (22 en Euskadi) que llevan una pulsera electrónica para asegurar que cumplen con las órdenes de alejamiento dictadas. Otra medida disuasoria que en Gipuzkoa busca proteger a otras 1.038 víctimas de malos tratos, pero que como se ha evidenciado en alguno de los últimos asesinatos no siempre es efectiva.