El 16% de los caseros de Gipuzkoa es multado por no depositar la fianza del alquiler del piso

Oficina de Bizilagun en Donostia, el servicio donde registran los contratos de alquiler./LOBO ALTUNA
Oficina de Bizilagun en Donostia, el servicio donde registran los contratos de alquiler. / LOBO ALTUNA

El Gobierno Vasco ha aplicado desde mayo un recargo del 2% a 338 propietarios incumplidores. Vivienda no cree que las infracciones se deban al desconocimiento de la norma y las achaca a que «hay caseros recalcitrantes» contra la intervención pública

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

No depositar en el fondo público la fianza del alquiler de un piso ya no le sale gratis al casero. Después de un año de margen, el Gobierno Vasco comenzó el pasado mes de mayo a aplicar la Ley de Vivienda a rajatabla y en dos meses ha multado a 704 propietarios de pisos arrendados en el País Vasco por no haber ingresado el importe de la fianza en el plazo previsto -un mes desde la realización del contrato-. Representan el 13,54% de los contratos registrados en ese mismo periodo. En el caso de Gipuzkoa, los arrendadores sancionados han sido 338, el 15,93%, según datos facilitados por el Departamento de Vivienda del Ejecutivo autónomo.

A todos estos titulares la Administración les ha aplicado el 2% de recargo del importe de la fianza y les ha conminado a abonar tal cantidad para cumplir con la ley. El importe medio de la multa es de 18 euros, pero hay casos que han podido ver aumentada la factura en 150 euros. En total, 12.643,95 euros que ingresarían en las arcas públicas. El Departamento de Vivienda insiste en que el objetivo no es recaudatorio, sino el de hacer cumplir una ley que aporta «transparencia y control en el mercado del alquiler», con la pretensión de dar más garantías a los arrendatarios, evitar picarescas y estrechar el control fiscal.

Desde hace un año, los contratos de arrendamiento no son cosa de dos particulares. Las gestiones que antes se dirimían en privado deben ahora quedar registradas de forma oficial, una gestión que se realiza en el servicio Bizilagun en cada capital. Los propietarios de viviendas en alquiler tienen la obligación de presentar el contrato en ese registro público, y además deben también ingresar la fianza (una mensualidad para una vivienda, dos para un local comercial, y la cantidad proporcional en los arrendamientos de temporada). El ingreso se hace en la cuenta correspondiente y no se puede depositar en metálico en las oficinas. Hasta la fecha, 68,1 millones de euros han sido depositados bajo el amparo público, de los cuales 44,9 millones correspondían al régimen general y 23,2 al régimen concertado, al que pueden acogerse aquellas personas arrendadoras que dispongan de un mínimo de 10 fincas urbanas alquiladas o tengan la obligación de depositar fianzas por importe igual o superior a 30.000 euros.

Para el departamento, estas cifras denotan «una elevada conciencia ciudadana por parte de los arrendadores». Pero la ley no gustó a todo el mundo, como ahora parecen querer decir los datos sobre el volumen de incumplimientos. El director de Vivienda, Mario Yoldi, no cree que pueda achacarse a un desconocimiento de la ley o a falta de información, como se ha escuchado en boca de agentes inmobiliarios, y sí lo atribuye a propietarios «recalcitrantes que discuten que sea la Administración pública la que tenga que intervenir». Reconoce que la cifra supera la idea inicial que tenía el departamento, que preveía un 10% de infracciones, si bien cree que después de esta primera remesa el volumen de incumplimientos «descenderá y se estabilizará».

Sanciones contempladas

Las primeras multas son una señal para navegantes. Por despiste o decisión propia, no cumplir con la obligación de rendir cuentas del alquiler acarrea primero un recargo, el primer paso que la Administración ya ha dado, y después, si no se paga, la multa empieza a engordar. El recargo aumentará al 10% tras la primera notificación y hasta un 20% cuando la Administración emprenda la vía ejecutiva. Si a pesar de esos avisos el titular sigue haciendo caso omiso, el incumplimiento pasará a ser considerado una infracción leve y por lo tanto podrá sancionarse con una multa de entre 300 y 3.000 euros, con independencia de los recargos pendientes. En todo caso, la multa no podrá ser inferior al doble del depósito debido, precisa el texto de la Ley de Vivienda. De momento, el departamento no ha activado la vía sancionadora, pero lo hará si los propietarios incumplidores siguen en sus trece.

El departamento insiste en que las medidas no persiguen interferir en una transacción privada, sino que, desde la filosofía de derecho social a la vivienda que recorre toda la ley, se busca «dar una mayor seguridad jurídica al arrendatario, además de clarificar y dotar de transparencia al mercado inmobiliario de alquiler». El hecho de que se tenga que registrar un contrato tiene también una consecuencia fiscal, ya que permite reducir el fraude.

Una de las críticas planteadas por el sector inmobiliario se refiere al hecho de que, una vez finalizado el contrato, la fianza se devuelve al propietario, y es este el que se la tiene que ingresar a cuenta al inquilino, lo que para muchos supone «que al final el dueño sigue teniendo la sartén por el mango», en caso de que haya discrepancias entre las partes. Yoldi recuerda que para situaciones como esta el servicio Bizilagun, que es gratuito y público, ofrece la alternativa de la mediación entre vecinos para tratar de solucionar conflictos. «No solo extiende la mano para cobrar. Ayudar a las comunidades de vecinos es una de sus misiones básicas», además de informar de sus derechos y deberes a inquilinos, arrendadores y propietarios.

Bizilagun en Gipuzkoa

Contratos registrados
Desde el 28 de abril al pasado 30 de junio, la oficina de Bizilagun ha registrado 2.122 contratos de alquiler.
Sin fianza
El 15,93% (338 casos) no depositó la fianza en plazo.
Recargo
A los incumplidores se les aplica un recargo del 2% sobre el importe de la fianza, lo que arroja un total de 5.994,71 euros en esas liquidaciones.

En Bizkaia

Contratos registrados
2.845 en los dos últimos meses.
Sin fianza
El 7,15% (204).
Recargo
Las liquidaciones con recargo supondrán un total de 4.079,61 euros.

En Álava

Contratos registrados
924.
Sin fianza
El 17,53%.
Recargo
Las liquidaciones con recargo supondrán 2.569,63 euros.LOS DATOS

Los datos

68,1 millones de euros
de fianzas han sido depositados a través del registro público de contratos en las oficinas de Bizilagun.
18 euros
de media (un 2% del importe de la fianza) es el recargo aplicado a los arrendadores que no han cumplido la ley.

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