El cártel de empresas de autobuses burló a la Administración para subir los precios

El supuesto pacto entre empresas de autobuses seguía instrucciones para concurrir a concursos públicos a precios máximos./JAVIER PEIRÓ
El supuesto pacto entre empresas de autobuses seguía instrucciones para concurrir a concursos públicos a precios máximos. / JAVIER PEIRÓ

El pacto incluía dejar los concursos desiertos si las tarifas no les convenían, según la AVC. En juego estaban jugosos servicios como el transporte escolar, para el que el Gobierno Vasco convocó 21 licitaciones entre 2002 y 2015 por valor de 37 millones

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

El supuesto pacto de empresas de autobuses, por el que la Autoridad Vasca de la Competencia pide sancionar a 17 compañías guipuzcoanas acusadas de fijar precios y repartirse el mercado de transporte de viajeros por carreteras durante treinta años, tenía igualmente bien atadas las instrucciones que los socios debían seguir para optar a un servicio licitado por la Administración pública, del que depende «gran parte de la facturación» en este sector. Entre ellos, destaca por su volumen el transporte escolar y otros servicios del llamado transporte regular de uso especial (desplazamientos de los trabajadores de Osakidetza, de los niños y niñas de las colonias forales, de usuarios de la UPV o de los componentes de la Orquesta de Euskadi), según se recoge en la propuesta de resolución de la AVC a la que ha tenido acceso este periódico. La importancia económica de estos contratos queda clara. Las 21 licitaciones entre 2002 y 2015 convocadas por el Departamento vasco de Educación para 563 itinerarios se adjudicaron por valor total de 37 millones de euros.

Los instructores del caso, tras una investigación de 18 meses, consideran probado que en el seno de la Asociación de Empresarial de Transportes Interurbanos de Gipuzkoa, Avitrans, se «ha marcado y coordinado las pautas de comportamiento común a sus asociados con el propósito de que el precio -de los concursos públicos- alcanzara la cifra que estos hubieran acordado». Si esos precios no les convenían, iban «más allá» y ordenaba a las empresas socias que no se presentaran a los concursos, «conminándoles a que los dejen desiertos».

Las empresas que la AVC pide sancionar

Avitrans.
Alustiza Bidaiak.
Arteondo Autobusak.
Autobuses Garayar.
Autocares Aizpurua.
Autocares Díez.
Autobuses Hnos Escudero.
Iparbus.
Aut. urbanos Irun Fuentarrabia.
Autocares Urpa.
Bengoetxea Autobusak.
Goiherri Bus.
Goierrialdea.
Gure Bus.
J. Apaolaza Autobusak.
Tolosaldea Bus.
Transportes Pesa.
Unitravel Autocares.

La propuesta de resolución, un extenso documento de 131 páginas, recoge extractos de acuerdos en el seno de Avitrans que describen ese procedimiento. Así, cita un acta del 14 de mayo de 2001 en el que se dice textualmente: «se planteó la posibilidad de no firmar las prórrogas por la insuficiencia del incremento, dejarlas desiertas y esperar que salgan de nuevo a concurso y nuevamente dejarlas desiertas si es necesario». En otra reunión, esta vez del 14 de junio del mismo año, se recoge: «Habrá que dejarlos desiertos las veces que sea necesario, así la Administración se verá obligada a negociar directamente con las empresas». El 16 de julio también se reconoce que «todos los importes consignados estaban por debajo de la tarifa del Gobierno Vasco, por lo que se planteó dejar desierto también este nuevo concurso».

Las empresas que no respetaran esos acuerdos se arriesgaban al «boicot» del resto de socios. La investigación recoge una circular de Avitrans de abril de 2001 en la que se detallan «las reglas de control de los precios fijados por las asociaciones y los mecanismos de retorsión previstos frente a cualquier eventual incumplimiento». En uno de los puntos del escrito, se procede a indicar que en caso de que una empresa no asumiera los precios fijados «podrá llegarse al punto de buscar los clientes del infractor y competir con él en precios si fuera necesario a la baja, tanto individual como colectivamente (...). Cabe destacar que aunque en principio parezca una medida muy dura, hay que entender que para que se cumplan las normas, tiene que establecerse algún tipo de sanción que intimide de alguna manera al posible infractor. Si no, ninguna norma será cumplida», consta en el documento.

A precios máximos

Hay más. La propuesta de resolución destaca que en el caso de los contratos públicos para el transporte escolar, «los acuerdos adoptados en el seno de Avitrans se daban entre los principales competidores del sector en Gipuzkoa», lo que significa que eran ellos prácticamente los únicos que se presentaban a las licitaciones. Desde el curso 2002-2003 hasta el 2016-2017 se han adjudicado 563 itinerarios. La información aportada por el Departamento de Educación, y que consta en la instrucción, compara el precio de licitación de cada servicio con el precio mínimo y máximo establecido en los pliegos. Pues bien, tras el análisis la AVC constata que gran mayoría de contratos se adjudicaron al precio máximo: así correspondió al 83,3% de los trayectos en 2006, el 85,7% en 2008, al 50% en 2009, al 75,9% en 2010 y al 55,4% en 2011.

Con tales cotas de mercado, no quedaba prácticamente sitio para potenciales competidores. En el caso de los contratos de transporte escolar, se añadía otra circunstancia. En gran parte de los itinerarios adjudicados al precio máximo de licitación, la empresa se presentó en solitario. No tuvo rival, lo que le aseguraba que su oferta -a precio máximo- fuese la ganadora. «Tal es el caso de 46 de los recorridos adjudicados al precio máximo en 2010, en los que solo licita una empresa; lo mismo sucede en 2014 en el que 15 recorridos son adjudicados al precio máximo de licitación» a la única firma que se presentó al concurso.

Mails recogidos

Acuerdo de Avitrans del 14 de mayo de 2001.
«Se planteó la posibilidad de no firmar las prórrogas por la insuficiencia del incremento, dejarlas desiertas y esperar que salgan de nuevo a concurso y nuevamente dejarlas desiertas si es necesario, hasta que las tarifas sean las adecuadas; se comentó que en la provincia de Álava se ha hecho esto, con muy buenos resultados».
Reunión sectorial de 14 de junio de 2001.
«Habrá que dejarlos desiertos las veces que sea necesario, así la Administración se verá obligada a negociar directamente con las empresas».
Reunión de 16 de julio de 2001 (sobre el concurso de los servicios de transporte escolar para el curso 2001/2002).
«Se comprobó que todos los importes consignados estaban por debajo de la tarifa del Gobierno Vasco, por lo que se planteó dejar desierto también este nuevo concurso».
Consecuencias de un eventual incumplimiento del pacto de precios, recogida en una circular del 23 de abril de 2001.
«Podrá llegarse al punto de buscar los clientes del infractor y competir con él en precios si fuera necesario a la baja, tanto individual como colectivamente (...). Cabe destacar que aunque en principio parezca una medida muy dura, hay que entender que para que se cumplan las normas, tiene que establecerse algún tipo de sanción que intimide de alguna manera al posible infractor. Si no, ninguna norma será cumplida».

El caso recuerda al procedimiento que siguieron durante diez años las empresas que concurrieron al millonario contrato de los comedores escolares públicos, al que se presentaban con tarifas acordadas al alza, sin que el Departamento de Educación cambiara el sistema de adjudicación en todo ese tiempo. El pacto se saldó con una multa de 18 millones de euros, la más alta impuesta hasta la fecha por la AVC.

La propuesta de resolución destaca que esta forma de proceder «ha producido un doble perjuicio en el mercado». Por un lado, el hecho de que se revalidara el antiguo titular de la concesión o adjudicatario del concurso «ha impedido la entrada en el mercado de nuevos competidores». Y por otro, las instrucciones para fijar precios, «reduciendo los incentivos para competir, se traduce en un incremento del coste de las licitaciones que debe soportar la Administración, y en última instancia, los contribuyentes a través del pago de sus impuestos». No consta en el documento el importe estimado de ese sobrecoste, pero sí se dan cifras que demuestran el volumen de los contratos públicos supuestamente afectados por esa falta de competencia.

El de mayor volumen, como se ha dicho, corresponde al servicio de transporte escolar, con 37 millones de euros en las licitaciones adjudicadas desde 2002. Pero no menos reseñables son los 9,8 millones de euros por cuatro licitaciones para el transporte de personal de Osakide-tza, o los 1,4 millones del servicio de transporte en autobús para los centros, servicios y departamentos del campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, con seis licitaciones convocadas desde el año 2000.

El supuesto pacto destapado por la AVC no solo afectó al mercado de transporte de viajeros a través de contratos públicos. La propuesta de resolución describe también acuerdos de precios para los servicios privados y un reparto de clientes que pasaban a ser «propiedad» de la empresa titular del servicio, de forma que ninguna otra entraba en su terreno. La investigación considera que por todos estos hechos 17 empresas de Gipuzkoa son autoras de infracciones «muy graves», que pueden conllevar multas de hasta el 10% de su facturación. Las conclusiones del informe se elevarán ahora al Consejo de la Autoridad de la Competencia, el encargado de interponer las sanciones que considere oportunas. Las empresas pueden recurrir.

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