EH Bildu recurrirá ante el Supremo la sentencia que anula la recisión del contrato de la incineradora

EH Bildu recurrirá ante el Supremo la sentencia que anula la recisión del contrato de la incineradora

Subraya que «los dirigentes de la Diputación y de Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK) actuaron cumpliendo la ley al 100%»

EL DIARIO VASCO

EH Bildu ha anunciado este viernes por la tarde que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula la recisión del contrato de la incineradora. La coalición abertzale ha hecho público un comunicado en el que se reafirma en sus decisiones sobre la infraestructura de Zubieta adoptadas la pasada legislatura cuando estaba al frente del Gobierno foral. Subraya que "los dirigentes de la Diputación y de Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK) actuaron cumpliendo la ley al 100%".

EH Bildu mantiene en su nota que el proyecto de la planta de basuras estaba"sobredimensionada, por lo que suponía un despilfarro de dinero público". Continúa que por esa razón "el contrato se rescindió de común acuerdo con las empresas constructoras, para velar por el interés general de la ciudadanía". Añade que "esto ha quedado demostrado con las decisiones tomadas por el actual Gobierno foral, que ha acabado, precisamente, reduciendo considerablemente las dimensiones de la planta inicial".

La coalición señala que por todo ello presentará un recurso de casación contra la sentencia del TSJPV y recalca que, a su juicio, este fallo "da la razón a EH Bildu en aspectos muy relevantes. Entre otros confirma que GHK sí tenía competencias para tomar dicha decisión".

EH Bildu opina que "las personas con responsabilidades públicas tienen la obligación de impedir que se construya una infraestructura sobredimensionada, con el fin de evitar los perjuicios que pudiera ocasionar". Se basa en esta cuestión para defender que elevará la cuestión al Supremo. Se reafirma, además, en su "compromiso" contra la incineradora y en la "legitimidad democrática de las decisiones adoptadas la pasada legislatura". Asimismo, subraya que "una Administración pública debe defender hasta el final los intereses de la ciudadanía, especialmente en dos ámbitos: la protección de la salud y del dinero público".

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