Auzolan niega pacto en los comedores y reprueba un fallo basado en «indicios»

López Ortiz, junto a la presidenta de la comisión Larraitz Ugarte, ayer en el Parlamento Vasco./
López Ortiz, junto a la presidenta de la comisión Larraitz Ugarte, ayer en el Parlamento Vasco.

La representante de tres de las empresas multadas defiende que todas las adjudicaciones solo «fueron resultado del sistema diseñado por el Gobierno Vasco»

AMAIA CHICOSAN SEBASTIÁN.

Auzolan, la sociedad que agrupa a tres de las empresas sancionadas con una multa de 7,3 millones por repartirse el mercado de comedores entre 2003 y 2015, niega cualquier concertación. «No ha existido, existe ni existirá acuerdo colusorio» alguno, ni entre las empresas ni con el Gobierno Vasco, remarcó en varias ocasiones la representante jurídica ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento Vasco. María López Ortiz defendió la honorabilidad y buenas prácticas de sus empresas, Auzolagun, Cocina Central Goñi y Cocina Central Magui, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, a la espera del pronunciamiento último del Supremo, ratifica el fallo condenatorio de la Autoridad Vasca de la Competencia, aunque rebaja la multa final.

La portavoz de Auzolan consideró «sorprendente e inaudita» la decisión adoptada contra sus empresas, por estar «única y exclusivamente basada en indicios», y no en pruebas. Y recalcó, también en varias ocasiones, que «todas las adjudicaciones» logradas entre 2003 y 2015, el período investigado, fueron «resultado directo del sistema y de los pliegos diseñados por el Gobierno Vasco».

López Ortiz, que compareció ante los grupos de la Cámara una semana después de que lo hiciera el responsable de investigación de la AVC -quien se ratificó en que esos indicios eran «suficientes» para inferir que hubo concertación-, se aferró a los procesos públicos de homologación y de adjudicación establecidos en cada concurso para repartir los lotes. Y aseguró que hasta 2011, cuando se licitaban 8 lotes, «el propio sistema garantizaba» a las siete empresas homologadas -las que habían superado la primera barrera por su capacidad productiva, entre otros muchos requisitos- la adjudicación. Y es que, en el propio proceso se establecía que ninguna podía optar a más de un lote, excepto Auzolagun -la matriz guipuzcoana del grupo cooperativo- que, por dimensión, podía optar a dos. «No tiene sentido que hubiera acuerdo entre empresas», concluyó.

«No ha existido, existe ni existirá acuerdo colusorio, ni ha habido daño a las familias ni al erario público» María López Ortiz, Responsable jurídica de Auzolan

«El Gobierno Vasco jamás nos dijo que nuestra actitud pudiera ser ya no antijurídica sino irregular»

«El resto de empresas son mis competidoras. No tenemos grupo de whatsapp»

La directiva de los servicios jurídicos y de relaciones institucionales de Auzolan constató que los cambios posteriores en el sistema, en 2011 y 2015, ofrecieron «dinámicas competitivas diferentes». E incidió en que algunos recursos interpuestos en ese momento por Aibak -el catering que denunció la concertación-, por quedarse también fuera de la adjudicación pese a las modificaciones, fueron rechazados. Un hecho, que según dio a entender, desacredita su denuncia original, y muestra que «si no fue homologada fue porque no tenía capacidad productiva, o no cumplía los requisitos de seguridad alimentaria» exigidos, indicó López Ortiz. Unas condiciones que, a su juicio, eran muy elevadas ya que el «sistema vasco estaba y está en el top» estatal.

La portavoz de Auzolan incidió, una y otra vez ante la multitud de preguntas planteadas por los parlamentarios, que «no ha habido connivencia alguna» para repartirse el mercado de comedores en la red pública vasca ni para hacerlo a precios máximos ante la falta de competencia. Y, en consecuencia, defendió que no hubo «daños económicos ni para las familias ni para el erario público». Los precios de los concursos, aseveró, se ajustan «al mercado y al servicio» prestado -donde se incluyen las condiciones laborales del personal-, y cada empresa actuó, según dijo, de forma «autónoma a la hora de decidir a qué lote o por qué precio» pujar. «El resto de empresas son mis competidoras», recalcó. «Y no tenemos grupo de whatsapp con los competidores», dijo desmarcándose de los otros cuatro catering sancionados por prácticas anticompetitivas, que ya cuentan con sentencia firme una vez que el Supremo no admitió sus recursos.

Tampoco tuvieron, aseveró la responsable jurídica, relación preferente alguna con el Gobierno Vasco, más allá de la habitual con todos sus clientes. «Jamás nos han dado una instrucción» para concurrir a la licitación, «ni nos han dicho que nuestra actitud pudiera ser no ya antijurídica, sino irregular», dijo sin entrar a valorar más la responsabilidad política o administrativa en el caso. Y es que para López Ortiz no debería haber caso, toda vez que, a su entender y pese a que el TSJPV confirma la práctica colusoria, la AVC solo se basa en «indicios». «Entiendo que crean que hubo colusión por la avalancha en prensa», pero «la dinámica de las empresas, con mayor o menor acierto, se ha dado únicamente por cumplir los requerimientos de los pliegos».

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