«La autoría de los acusados en el alijo de Zumaia está demostrada», dice el fiscal

Los abogados defensores, momentos antes del inicio de la sesión. / Usoz

El ministerio público de Gipuzkoa mantiene la petición de penas para los ocho acusados que suman 119 años de prisión

JAVIER PEÑALBA

«Los hechos están acreditados, la autoría demostrada y la culpabilidad contrastada», ha afirmado este lunes el fiscal antidroga de Gipuzkoa, David Mayor, en la penúltima sesión juicio que se celebra en la Audiencia donostiarra por la aprehensión de 594 kilos de cocaína en octubre de 2011 en el puerto deportivo de Zumaia. El ministerio público mantuvo las imputaciones para las ocho personas que han sido juzgadas y reiteró su petición de penas, que totalizan 119 años. Las defensas, por su parte, demandaron la absolución de sus clientes y solo el letrado que representa a uno de los tripulantes del velero en el que la droga viajó desde Suramérica, pide tres años de cárcel.

El proceso por la incautación de uno de los mayores alijos de cocaína intervenidos Gipuzkoa toca a su fin. Este martes, las ocho personas imputadas tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal. Lo harán en el trámite de la última palabra, antes de que el proceso quede visto para sentencia.

Este lunes ha sido el fiscal quien ha efectuado su alegato final. David Mayor pidió a los magistrados de la Sección Primera un fallo condenatorio. En la causa están procesados el presunto cabecilla del grupo, José María R.D., de 40 años, vecino de Bilbao; el ciudadano colombiano Alexander P., así como la madre del principal encausado, su exmujer y también el compañero de la madre. Los restantes investigados son, a juicio del fiscal, dos colaboradores del supuesto cerebro, además de los dos tripulantes del velero, uno de los cuales se encuentra en paradero desconocido.

El fiscal antidroga sostuvo que las siete sesiones celebradas han confirmado que los presuntos miembros de la organización integraban en 2011 un equipo criminal dedicado al suministro de grandes cantidades de estupefacientes. Mantuvo que la coordinación y dirección del grupo recaía en José María R.D., que fue quien, a su juicio, diseñó y organizó el transporte del alijo de cocaína desde Suramérica a España por vía marítima. El fiscal antidroga del País Vasco explicó que el cerebro del grupo realizó diversos viajes a Colombia y Venezuela, tanto para concertar la adquisición de la droga como para planificar la compra de la embarcación. El fiscal señaló asimismo que el presunto jefe dispuso del capital para la compra del velero ‘Catalejo’ y que dio a los tripulantes las instrucciones precisas para la singladura, a la vez que les facilitó los números de teléfono para que una vez llegaran a puerto se pusiesen en contacto con él.

Principales acusaciones

Presunto cabecilla
El fiscal pide penas que suman 27 años de prisión para José María R.D. por un delito contra la salud, grupo criminal y blanqueo.
Supuesto lugarteniente
Se solicitan 14 años para Alexander P. por un delito contra la salud y pertenencia grupo criminal.
Madre del acusado
Le piden cuatro años y seis meses por presunto blanqueo de capitales.

«Brillante» operación del SVA

El barco, finalmente, arribó el 5 de octubre al puerto de Zumaia, a donde, según el ministerio fiscal, se desplazaron los principales encausados para proceder a la descarga de la droga. Sin embargo, la operación no pudo llevarse a efecto, ya que la cocaína había sido intervenida por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).

El fiscal calificó de «brillante» la investigación llevada a cabo por los funcionarios de la Agencia Tributaria. «Los miembros del SVA no se quedaron en la mera aprehensión. Había un alijo importante de cocaína y dos tripulantes detenidos. Posiblemente, en otras ocasiones, en un caso similar, la operación se hubiese cerrado y calificado como un éxito. Pero esta vez iniciaron una compleja investigación con el fin subir en la escala de los responsables», afirmó.

David Mayor sustentó su tesis acusatoria en cuatro líneas de investigación: en los datos que se obtuvieron en el propio velero, la confesión del tripulante que se encuentra desaparecido, así como en las investigaciones de los tránsitos telefónicos entre los acusados y en las imágenes que se obtuvieron en el puerto de Zumaia y en el peaje de la autopista gracias a las cámaras de seguridad. «Todos estos elementos nos dan una información relevante sobre la preparación, itinerario y sobre los miembros del grupo», afirmó el fiscal.

El representante del ministerio público dijo que las comprobaciones realizadas sobre el tránsito de llamadas llevan a concluir que el presunto cabecilla era la persona que «controlaba la operación». El fiscal sostuvo además que las cámaras de seguridad permiten identificar dos matrículas, una de ellas de un Audi que era utilizado de forma habitual por uno de los inculpados y la otra, de una furgoneta que fue alquilada por el compañero de la madre. En este sentido, señaló que los vídeos obtenidos, aun cuando no son «concluyentes», resultan «compatibles» con los acusados.

La Fiscalía, igualmente, cree que queda «sobradamente acreditado» la comisión de un delito de blanqueo por parte del principal acusado así como por su madre y la exesposa. Y añadió que «el grupo familiar no puede justificar la procedencia» de los ingresos que tuvo entre los años investigados que van desde 2008 hasta el 2013. También consideró probada la integración de los acusados en una «organización criminal».

La defensa del principal acusado, por su parte, representada por el exmagistrado Javier Gómez de Liaño, negó las imputaciones que recaen sobre su cliente y manifestó que de las pruebas aportadas por la Fiscalía en modo alguno cabe concluir la implicación en los hechos de José María R.D. Por ello, el letrado defensor solicitó la libre absolución.

El abogado del tripulante, por su parte, pidió para su cliente una condena de 3 años de prisión por un delito de tráfico de drogas.

«A veces trabajábamos hasta la madrugada»

José María R.D., el principal acusado, ¿trabajaba o no? ¿La peluquería de su madre reportaba importantes beneficios o no? Fueron algunas de las cuestiones que este lunes también se han debatido en el juicio. La Fiscalía, apoyada en informes policiales y de la Agencia Tributaria, ha sostenido que los principales acusados, sobre todo el supuesto cabecilla, no trabajaba y que la peluquería que su madre regenta en el barrio bilbaíno de Peñascal tenía muy poca actividad, de forma que argumentó que sus ingresos procedían del narcotráfico. Este lunes, exempleadas del establecimiento y algunas clientes afirmaron que el negocio reportaba importantes beneficios. Aseguraron que el elevado número de clientas les obligaba, en ocasiones, a «abrir a las seis de la mañana y terminar de madrugada. Incluso comíamos allí», dijo una antigua trabajadora. Los testigos, presentados por la defensa, indicaron que el principal acusado trabajaba en el negocio así como la madre. «Él solía cortar el pelo», indicaron, a la vez que precisaron que los clientes pagaban en efectivo y que los proveedores cobraban también en metálico. En la sesión también testificó una asesora fiscal que detalló la manera en la que la madre tributaba al fisco.

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