La Audiencia mantiene en prisión al chófer 'kamikaze' de Alegia

J. P. SAN SEBASTIÁN.

La Audiencia de Gipuzkoa ha acordado mantener en prisión provisional al camionero portugués que en 2015 provocó la muerte de la errenteriarra Beatriz Fernández Rivas, después de que circulara nueve kilómetros y medio en dirección contraria por la N-1 en estado de embriaguez. El letrado del transportista solicitó la semana pasada su puesta en libertad dado que el próximo mes su cliente cumple dos años de permanencia en la cárcel, de manera que agota el plazo legal de estancia privado de libertad en calidad de preventivo, por lo que situación procesal ha de ser revisada.

En el momento actual, el acusado se encuentra privado de libertad, si bien en caso de que presente una fianza de 30.000 euros podría abandonar la penitenciaría donostiarra.

Juicio, en noviembre

El juicio por este caso está ya próximo. La Audiencia ha señalado dos días para la celebración de la vista oral. Esta comenzará el 27 de noviembre con el interrogatorio al acusado y la prueba testifical. Al día siguiente tendrán lugar las periciales, las conclusiones y los informes de los letrados.

La acusación particular que ejerce la familia de la fallecida solicita quince años de prisión. La Fiscalía de Gipuzkoa pide algo menos, doce años y seis meses

Los hechos tuvieron lugar el 3 de agosto de 2015, cuando el camión conducido por el ciudadano portugués se incorporó a la N-1 desde la gasolinera de Alegia, donde había realizado una parada de descanso.

Tras recorrer nueve kilómetros en dirección contraria, impactó de manera frontal contra el Citroën C-3 en el que viajaba Beatriz Hernández Rivas, de 43 años, de Errenteria, que en aquel momento circulaba por el carril izquierdo y se dirigía a la empresa Angulas Aguinaga, donde debía incorporarse al turno de la noche. Tras el inicial choque, el vehículo de la víctima se incendió, mientras que el camión se salió de la carretera y volcó sobre su lado izquierdo.

En el momento de los hechos, el 'kamikaze' dio una tasa de 2,3 gramos de alcohol por litro de sangre que equivale a 1,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, con lo que prácticamente multiplicaba por ocho el límite sancionable desde el punto de vista administrativo. Su estado, según sostienen las acusaciones le impidió incluso accionar el sistema de frenado y tampoco pudo efectuar una maniobra evasiva.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos