El Ararteko investiga una presunta negligencia en un centro foral para mujeres maltratadas

El comunicado vierte graves acusaciones contra la Diputación y Fepas -empresa con sede en Zaragoza que gestiona el piso-, dos semanas después de que la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, diera explicaciones en las Juntas Generales a preguntas del representante de EH Bildu Ernesto Merino, que ha vuelto a requerir la presencia de la diputada para que aclare qué plazos se dan para el cambio. Peña no entró entonces en detalles sobre las «quejas» recibidas, que habían obligado a la institución foral a emprender medidas para mejorar la gestión del centro hasta encontrar una nueva ubicación para este recurso.

La diputada sí admitió las limitaciones de las instalaciones y carencias en el modelo de atención entre ese centro y el recurso Urrats (de acogida urgente). Pero en ningún caso deslizó la posibilidad de que se hubieran recibido quejas graves de una supuesta negligencia. Ayer, en cambio, las denunciantes lamentaron haber sido víctimas de un «maltrato institucional», un daño que les ha hecho «retroceder» en su proceso de recuperación, añadieron.

La institución del Ararteko confirmó ayer a este periódico que hasta el momento ha recibido cinco quejas, si bien desde el movimiento Donostiako Feministak se habló de «una decena de casos» que han dado su testimonio por «vulneración de derechos y trato negligente» durante la estancia en el piso. El comunicado asegura que los hechos referidos se remontan incluso al año 2014, y que también se recogen denuncias de mujeres que pasaron por el recurso este mismo año.

Según las mujeres denunciantes, el centro se halla en «condiciones de insalubridad y abandono total», sin especificar qué problemas. Explican que las tareas de limpieza y la obligación de organizar las tareas son responsabilidad de las atendidas, pero «supervisar la realización de las mismas y no permitir que el centro llegue a condiciones de insalubridad tal es de las trabajadoras».

También denuncian «el trato negligente recibido por parte de algunas trabajadoras, quienes no han atendido las necesidades de salud, psicológicas, sociales... de las mujeres, haciendo una total dejación de sus funciones, incluso cuando las mujeres hemos estado enfermas». Es más, hay testimonios en los que se recoge que «algunas trabajadoras han proferido frases humillantes y degradantes hacia las mujeres culpabilizándolas de aspectos relacionados con la responsabilidad de ellas». Hablan también de que no se les han aportado los recursos económicos para el transporte y la realización de actividades, «y tampoco han atendido las necesidades de alimentación, existiendo una grave carencia de alimentos tanto para mujeres y menores. Además, nos han estado dando comida caducada: huevos, carne y yogures».

Por todo ello, reclaman que se les repare e indemnice por los daños y prejuicios causados, el cierre inmediato del centro Bidean, la reestructuración del equipo de trabajadoras, el cambio de gestión, la supervisión por parte de la técnica referente de la Diputación, y una alternativa de ayuda para las mujeres que han tenido que abandonar el recurso y todavía están en fase de recuperación.