GHK reclama 41 millones a los gestores de Bildu que paralizaron la incineradora

Reunión de la asamblea de GHK./Arizmendi
Reunión de la asamblea de GHK. / Arizmendi

Interpondrá este martes una demanda en el Tribunal de Cuentas contra la expresidenta de la entidad y el exdiputado de Medio Ambiente

GAIZKA LASA

La exigencia de responsabilidades por la decisión de paralizar la incineradora ha estado instalada durante más de dos años -desde que el bipartito PNV-PSE relevara en el Gobierno foral a EH Bildu- en los ámbitos político e institucional. Desde este martes, pasa a otro estadio. El único que puede acarrear consecuencias concretas a personas concretas, más allá de disputas partidistas. El de los tribunales. Gipuzkoako Hondakinen Kontsor-tzioa (GHK) interpondrá en las próximas horas una demanda ante el Tribunal de Cuentas de España para que determine si las personas señaladas en la acusación formulada deben «reintegrar» en la sociedad pública el dinero que fue «indebidamente desviado», 41 millones de euros, según han contabilizado los servicios jurídicos de la entidad.

El último trámite para dar este paso se completó este lunes cuando la Asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa respaldó con el 72,5% de los votos favorables -correspondientes a PNV y PSE- y el 6,7% de voces discrepantes -de miembros de EH Bildu- la propuesta de demanda planteada por el presidente de la entidad, José Ignacio Asensio (PSE).

En la demanda se personaliza, por primera vez en la controvertida historia de reproches sobre la gestión de los residuos, la exigencia de responsabilidades tantas veces pronunciada en genérico. La expresidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, y el exdiputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, son los primeros gestores públicos sobre los que pende una petición de trasvase de dinero, desde su patrimonio particular al de la sociedad foral cuyos pagos autorizaron.

La cifra

El señalamiento a estos dos excargos del Consorcio de Residuos ya se conocía desde el lunes pasado, cuando los asambleístas recibieron la documentación relativa a la propuesta de demanda, pero este lunes GHK lanzó otra advertencia. Aseguró que la demanda «no presupone que en el futuro no puedan ejercerse otras acciones contra el resto de los miembros del anterior Consejo de Administración de GHK nombrados por EH Bildu».

Lo que, de momento, esta demanda reclamará a las dos personas aludidas será el reintegro de la cantidad abonada en 2013 por GHK al contratista como indemnización por paralizar la obra(8,2 millones), además de «los perjuicios económicos» que acarreó dicha decisión en concepto de «gastos financieros», cifrados este lunes por Asensio en 31.730.000 euros. La suma total del coste «indebido» del que GHK responsabiliza a Intxaurrandieta y Errazkin asciende a 41 millones al añadir «otros pequeños gastos» derivados de la pérdida de financiación.

Pero la cantidad exigida a antiguos responsables públicos nombrados por EH Bildu puede aumentar en el futuro, según adelantó este lunes el presidente de GHK, ya que el frente que mayor agujero económico ha creado -y sigue creando- es el de los seguros de cobertura del interés de un crédito ya perdido. Los swaps de la discordia. Esos de los que PNV y PSE culpan a EH Bildu porque de no haberse paralizado el proyecto cumplirían su función, y de los que la coalición abertzale responsabiliza al PNV, por ser miembros de esta formación los que los firmaron en vísperas de las elecciones de 2015.

Falta de legitimidad

El abono, a fondo perdido, que los guipuzcoanos realizan a los bancos que ofertan este instrumento financiero seguirá creciendo hasta llegar a los 71 millones de euros, según avanzó el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, órgano que también precisó que terminar con este lastre económico y liquidar la deuda de golpe costaría 64,3 millones de euros. El presidente de GHK confirmó este lunes que este concepto se seguirá pagando -así lo impone una sentencia judicial firme- «y se alegará en el momento procesal que corresponda».

Pese a lo desorbitado de las cifras, el también diputado de Medio Ambiente quiso centrarse en el fondo del asunto que ha derivado en la demanda y recalcó que, antes que exigir el reintegro de dinero en la sociedad foral, «lo primero que hay que pedir es que asuman la responsabilidad, ya que hoy por hoy ni siquiera han pedido perdón a los ciudadanos guipuzcoanos por la nefasta gestión y los perjuicios económicos que nos han causado».

Situó en el origen de la acusación la toma de decisiones al margen del mandato de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Puso el énfasis en que «había una institución que tenía la competencia para decidir qué, cuándo y cómo -en referencia a las Juntas-, y otros -el Gobierno- lo tenían que ejecutar». Concluyó que «alguien se atibuyó la legitimidad que no le correspondía».

Sobre esta cuestión de fondo se debe pronunciar aún el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) después de que una representación de EH Bildu recurriera en apelación una sentencia del Contencioso-Administrativo 1 de Donostia que consideraba que hubo «desviación de poder» en la decisión de resolver el contrato de la incineradora.

Una sentencia vinculante que puede durar 2 años

El Tribunal de Cuentas de España tiene a partir de este martes la potestad para decidir en qué terminos resuelve la demanda que este martes interpondrá GHK contra dos de sus antiguos gestores. Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, este órgano fiscalizador «sí puede obligar a que los demandados paguen la cantidad a la que resulten obligados» si es que prueba que hubo un menoscabo de fondos públicos, a través de un sentencia que sería «vinculante». El diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio (PSE), advirtió este lunes de que este tipo de procedimientos «no son rápidos» y avanzó que los últimos casos dirimidos por este tribunal han tardado entre año y medio y dos años en arrojar una sentencia. En primera instancia, será la figura denominada ‘Consejera de Cuenta’ la que emita una resolución tras el análisis de los hechos enjuiciados. Si los acusados son culpables y, en su caso, cuánto deberían abonar. Pero su decisión no tiene por qué ser definitiva. Podría ser recurrida en apelación ante la Sala del Tribunal, dentro del mismo órgano fiscalizador estatal. Es ese segundo fallo el que podría ser recurrible ante el Tribunal Supremo en casación, y en este punto el caso daría el salto a la jurisdicción ordinaria.

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