Aparture defiende que restringir los pisos turísticos a la primera planta «no tiene base jurídica»

Dos turistas descansan junto a la playa de La Concha. / JAVIER ETXEZARRETA / EFE

El colectivo, no obstante, aplaude la implicación de ayuntamientos como el de Donostia en el proceso de registro de las viviendas

ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN.

Desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi, Aparture, están tranquilos. Al menos, en lo que se refiere al protocolo acordado entre Gobierno Vasco, Eudel y los ayuntamientos de las tres capitales vascas la semana pasada. Este documento que consideran «necesario» pretende conseguir que las exigencias municipales vayan de la mano de la ley autonómica a la hora de controlar la regulación de los pisos turísticos que se encuentran en activo y evitar así que se produzcan contraindicaciones como ya venía sucediendo desde que se aprobara la nueva ley vasca hace casi un año.

«Consideramos necesario que los ayuntamientos se impliquen en el proceso de registro de las viviendas para uso turístico», afirmó ayer el presidente de Aparture, Asier Pereda. Pero no se quedó ahí. «Si los ayuntamientos quieren regular estas viviendas, lo primero que deben hacer es dotarse de la normativa correspondiente», insinuó en referencia, fundamentalmente, al consistorio donostiarra, que se aferra -mientras elabora una ordenanza municipal específica para ello- al apartado de actividades económicas clasificadas del Plan General para restringir la proliferación de apartamentos de uso turístico en la ciudad.

Entre los requisitos municipales está la ya famosa norma que establece que solo se puede acondicionar un piso de estas características en las primeras plantas -o en segundas, siempre que el primer piso albergue otra actividad económica y no una vivienda residencial-.

En este sentido, la agrupación confiesa que solo el 25% de las viviendas que gestiona se encuentran situadas en un primer piso, pero no les preocupa. «Todos nuestros pisos cumplen con la normativa vigente y la norma municipal no tiene base jurídica», reivindica. Aparture ha visto cómo varios de los inmuebles que gestiona han tenido que cesar su actividad por este motivo, y no han dudado en acudir a los tribunales para que sea un juez el que determine de una vez por todas si esa restricción tiene o no respaldo jurídico.

Una norma con lagunas

La tesis que defiende Pereda es que la limitación del Ayuntamiento de Donostia de las viviendas destinadas a uso turístico a primeras plantas «fundamenta su interpretación en el decreto de 2013 que regulaba los 'apartamentos turísticos' en Euskadi», un decreto que establecía un tratamiento similar para los pisos turísticos y para el resto de establecimientos (hoteles, pensiones, casas rurales...). Sin embargo, añade, que desde un punto de vista legislativo, «en la medida en la que hay una ley posterior -la de turismo de 2016- que delimita más claramente la figura del 'apartamento turístico' e introduce y define la figura de la 'vivienda de uso turístico', la interpretación sobre las primeras plantas deja de tener efecto».

«El 25% de los pisos que gestionamos están en un primer piso. Todos cumplen con la norma vigente» Asier Pereda, Asociación Apartamentos Turísticos de Euskadi (Aparture)

«Llevamos ante el juez el cierre de un piso turístico para que se aclare de una vez la situación actual» Asier Pereda

Esta explicación, según la defensa de Pereda, tiene su base en que las actividades económicas clasificadas del Plan General que determinan las limitaciones municipales se refieren a aquellas que «son susceptibles de originar daños al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, generar riesgos de producir tales daños o causar molestias a las personas», así consta en la Ley de Medio Ambiente y, relata el presidente de la agrupación, que «se clasifican en función de su dimensión, capacidad de producción, consumo de agua, energía, cantidad y tipología de residuos que generan, potenciales emisiones a la atmósfera, riesgo de accidente, uso de sustancias peligrosas, etc.».

Con la nueva Ley de Turismo de 2016, la de Medio Ambiente y el Plan General del Ayuntamiento donostiarra, concluye que si bien los establecimientos de alojamiento turístico como hoteles o campings son actividades económicas clasificadas, las viviendas para uso turístico, a pesar de ser una actividad económica, «no requieren de ese grado de protección, porque difícilmente van a ser susceptibles de originar daños al medio ambiente o molestias tales que justifiquen ese alto grado de protección», determina.

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