Aparture califica de «fraude» que Donostia catalogue un piso turístico como de uso hotelero

Aparture califica de «fraude» que Donostia catalogue un piso turístico como de uso hotelero

La asociación presentará en el Ayuntamiento 19 alegaciones a la nueva ordenanza donostiarra que apuesta por regular las viviendas destinadas a uso vacacional en la ciudad

ESTRELLA VALLEJOSAN SEBASTIÁN.

La postura de la Asociación de viviendas de uso turístico de Euskadi, Aparture, ha sido muy clara desde que el Ayuntamiento donostiarra empezara a elaborar el boceto de la ordenanza reguladora de pisos turísticos en la ciudad. Desde el inicio del proceso, la han tildado de demasiado restrictiva con los inmuebles ya regulados y no lo suficientemente razonada, por lo que ahora, que el periodo de alegaciones culmina en algo menos de dos semanas, no es de extrañar que el colectivo vaya a tratar de echar por tierra todo cuanto pueda.

Según ha podido saber , Aparture presentará próximamente un total de 19 alegaciones a la nueva ordenanza de viviendas destinadas a uso turístico de Donostia. El proyecto de norma se aprobó de forma inicial a finales de octubre con los únicos votos a favor del PNV y PSE -los partidos que componen el gobierno municipal-. Desde el consistorio esperan poder dar el visto bueno definitivo en el pleno de enero o febrero, a más tardar, pero antes deberán contemplar qué sucede con puntos marcados en rojo por la agrupación de empresas que preside Asier Pereda.

La idea general de la que Aparture ha partido para desarrollar sus alegaciones es que la única manera que tiene el Ayuntamiento de adquirir competencias sobre la regulación de los pisos turísticos, es asignándoles la catalogación de uso hotelero, según reproducen fuentes consultadas.

Esta afirmación la basan en indicaciones realizadas por Hacienda, «según varias consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos» o en la sentencia de un juzgado de Valencia, el cual señaló que siempre que no se presten servicios hoteleros en las viviendas, como una limpieza diaria por ejemplo, no puede considerarse que existe un uso hotelero en dichas viviendas.

Así, Aparture considera de «fraude de ley» la calificación de uso hotelero «cuando no lo es, para atribuirse una competencia que no tiene», pero en caso contrario, alegan, el Ayuntamiento no tendría margen de maniobra.

Defienden que la afección al medio ambiente de un piso turístico es similar a una vivienda residencial

Alegan que la saturación, el desequilibrio y la zonificación carecen de argumentos técnicos

Con esta cuestión como base, el documento, que la asociación presentará en el Ayuntamiento en los próximos días, destina tres puntos a adjetivar de «falso» varias cuestiones que constan en la norma.

En primer lugar, rechaza que haya habido «desconocimiento de la regulación urbanística» como el proyecto de ordenanza describe en la exposición de motivos. En segundo lugar, Aparture rechaza que «no haya habido una regulación turística adecuada» y se remite a la Ley de Turismo aprobada en 2016, donde las viviendas, recuerda, «se encuentran expresamente reguladas». Por último, vuelve a considerar incorrecto que «haya habido un incumplimiento de la norma medioambiental vigente». El argumento que aporta: que existen estudios probados que demuestran que el uso turístico «no afecta al medio ambiente de una forma diferente o en mayor medida» que el uso residencial, sobre todo teniendo en cuenta, apunta la misma fuente, que son inmuebles que casi la mitad del año permanecen vacíos.

Cierre «injustificado»

En la misma línea, Aparture alega que el «desequilibrio» por el crecimiento de la oferta de pisos turísticos, al que el Ayuntamiento hace referencia en el proyecto de ordenanza, no está «correctamente justificado».

A su juicio, además «faltan parámetros técnicos que motiven» por qué se ha declarado zona saturada la Parte Vieja por ejemplo, y en consecuencia, una argumentación que «tenga en cuenta la población y no solo el número de pisos», para determinar la zonificación que el consistorio quiere implantar una vez que la ordenanza quede aprobada de forma definitiva.

Se estima que la norma municipal acabará con más del 50% de la oferta reglada inscrita en el registro del Gobierno Vasco, una cuestión que también aparece en las alegaciones y que el colectivo, además de denunciar «el nulo respeto al principio de proporcionalidad», advierte de que puede llegar a suponer «una prohibición encubierta e injustificada al desarrollo de la actividad de arrendamiento turístico».

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