Aparture acusa al Ayuntamiento de Donostia de «infringir» la ley tras precintar 20 pisos turísticos

Un piso precintado. / APARTURE

La asociación defiende que cumplen la normativa vasca de Vivienda y denuncia que no se notifica el proceso a los dueños

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

Finalizado el verano, el turismo sigue en temporada alta con el debate candente sobre cómo regular los pisos de alquiler vacacional. La guerra abierta entre las empresas que gestionan viviendas de uso turístico, dadas de alta en el registro habilitado por el Gobierno Vasco, y el Ayuntamiento de Donostia, que ha estrechado el cerco para que se cumpla la normativa municipal -más exigente-, hace tiempo que estalló pero ayer la asociación Aparture volvió a cargar contra el Consistorio de la capital guipuzcoana, esta vez por el procedimiento con el que ha precintado una veintena de pisos en el último mes, que pide que se suspenda.

Según la versión de la asociación, que gestiona alrededor de 700 pisos en Donostia, el Ayuntamiento «está infringiendo las normas de procedimiento, está llevando a cabo infinidad de actos de precinto de viviendas de uso turístico, sin soporte normativo ni motivación jurídica, lo que está provocando reiteradas resoluciones de cese de actividad dictadas por la dirección de Turismo del Gobierno Vasco». Los titulares de estas viviendas han emprendido la vía de la reclamación de la eventual responsabilidad patrimonial de las Administraciones responsables «por los daños y prejuicios que se pueden causar por no poder desarrollar en ellas la actividad turística, a pesar de cumplir con los requisitos que les son de aplicación en su condición de viviendas».

En una nota de prensa, el presidente de Aparture, Asier Pereda, denunció que «la Guardia Municipal de Donostia viene precintando de forma sistemática y reiterada viviendas de uso turístico, debidamente registradas, sin realizar previas comunicaciones a los propietarios o explotadores de las mismas, a pesar de disponer de sus datos de localización en los registros y archivos públicos».

«Al acceder a los pisos sin autorización judicial, la Guardia Municipal viola un derecho fundamental» Asier Pereda Presidente de Aparture

«El procedimiento está ajustado a la normativa y los servicios técnicos están actuando con eficacia» Enrique Ramos Concejal de Urbanismo

Según Pereda, «el proceder de la Guardia Municipal, accediendo a las viviendas sin autorización judicial, constituye también una gravísima violación de un derecho fundamental como es el de la inviolabilidad del domicilio. Este derecho básico está siendo vulnerado sistemáticamente por los agentes del Ayuntamiento donostiarra». Para Aparture, los precintos van en contra de lo previsto por la Ley 13/2016 de Turismo, que diferencia expresamente, entre la actividad hotelera y las viviendas de uso turístico.

Resolución pendiente

El Ayuntamiento, en cambio, sostiene que estas viviendas deben cumplir la normativa municipal de urbanismo, y ajustarse a unos criterios muy estrictos (como el tener que ubicar el alojamiento turístico en la primera planta). De hecho, ha reforzado las inspecciones para verificar si las viviendas -registradas o no- cumplen con la norma.

El resultado en el último mes ha sido el precinto de una veintena de viviendas, según datos aportados por el Ayuntamiento donostiarra, que precisa que precintar un piso no significa que se vaya a cerrar, sino que se abre un expediente, que podrá concluir en la clausura de la vivienda o no.

El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, niega las acusaciones de Aparture y defiende que el procedimiento «está ajustado a la normativa y no ha cambiado». «A día de hoy no hay ninguna resolución en contra» -aunque está pendiente una sentencia por una denuncia de un cierre de un piso de Aparture-. El Consistorio está «actuando con eficacia», subraya el concejal socialista que niega que solo se esté actuando contra los pisos registrados y no contra los que operan en el mercado clandestino, como sostienen desde Aparture.

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