Diario Vasco

Rechazan la petición de ingreso en la cárcel del fotógrafo donostiarra investigado por abusos

  • La decisión de la Audiencia de Gipuzkoa cuenta con un voto particular que se muestra favorable a su entrada en prisión

  • Una decena de mujeres que posaron como modelos le acusan también de elaboración de pornografía infantil

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La Audiencia de Gipuzkoa ha desestimado tres solicitudes que demandaban el ingreso en prisión de un fotógrafo donostiarra que está siendo investigado por la presunta comisión de varios delitos de carácter sexual supuestamente cometidos sobre modelos que hace años habrían posado para él. El fallo, no obstante, cuenta en los tres casos con el voto particular de uno de los magistrados que se pronuncia a favor de la entrada del imputado en un centro penitenciario.

Los hechos que han dado lugar a estos pronunciamientos de la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa tienen su origen en varias querellas que fueron formuladas por mujeres que posaron para el fotógrafo J.J.C.Z, especializado en fotografía de moda y erótica. Las denunciantes sostienen que el investigado llegó a abusar sexualmente de alguna de ellas, al tiempo que le acusan de elaboración de pornografía infantil y corrupción de menores.

El fotógrafo, no obstante, siempre ha defendido su inocencia. Ha rechazado las imputaciones y ha mantenido que sus trabajos eran legales desde todo punto de vista.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián. El órgano judicial, en una resolución emitida a primeros de este año, ya dejó constancia de que aun cuando quedaban todavía diligencias por practicarse, existían indicios de la posible participación del procesado en hechos contra la libertad sexual así como en otros de estafa y también de «injurias».

En el procedimiento se hallan personadas una decena de mujeres, de las que dos eran menores de edad cuando presuntamente acontecieron los hechos. Estos habrían tenido lugar en los años 90, si bien no fue hasta 2013 cuando se interpuso la primera de las denuncias, a la que posteriormente siguieron otras más.

Destrucción de material

Tras las últimas resoluciones adoptada por el juzgado instructor, cuatro de las mujeres solicitaron nuevamente el ingreso en prisión de J.J.C.Z, al considerar que pudo haber acosado a testigos y también a parte del entorno familiar de alguna de las denunciantes. Asimismo, sostuvieron podía estar obstruyendo la labor de la justicia. En este sentido detallaron que pudo haber ocultado material informático a los agentes de la Ertzaintza que participaron en la entrada y registro que se llevó a cabo en el domicilio del investigado en busca de nuevas pruebas.

En este sentido, el fiscal, en un extenso informe, reseñó que de la declaración de los agentes que intervinieron en la diligencia «se infiere» que se llevaron del domicilio todo lo que podía contener material informático.

La Audiencia, sin embargo, en una resolución fechada esta semana y firmada por las magistradas Juan Unanue, presidenta de la Sección Tercera, y María del Carmen Bildarratz, considera que las acusaciones son «meras sospechas» y que, por lo tanto, «sin certeza» no pueden servir de sustento para la adopción de la medida privativa de libertad.

En este sentido, la Sala señala que la ley exige que han de existir indicios racionales de criminalidad respecto a la intervención del investigado. Por ello, entiende que «no concurren elementos que permitan adoptar» la media solicitada.

Respecto a la acusación de posible destrucción de material informático, la Audiencia recuerda que el hecho ya dio lugar a la apertura de unas diligencias que terminaron siendo sobreseidas.

Voto particular

La resolución de la Audiencia, sin embargo, cuenta con un voto particular emitido por el magistrado Luis Blánquez. El juez se pronuncia a favor de la solicitud de ingreso en prisión del investigado y en este sentido afirma que si la medida se hubiese adoptado con anterioridad, buena parte de lo acaecido, como la posible desaparición del material informático, «no habría tenido lugar».

El magistrado autor del voto discrepante con la mayoría de la sala afirma que «una mera visualización de los vídeos» aportados pone de manifiesto que «una cosa es acudir a un fotógrafo para tener un álbum de fotos para obtener posibles anuncios publicitarios y otra sutilmente diferente mantener relaciones sexuales o soportar tocamientos con las expresiones que se apreciaban en las jóvenes», que, según afirma el juez, son «muestra de cualquier cosas menos satisfacción, por más que se insistiera en que eran adecuadamente pagadas por su intervención'».

Pese a la existencia del voto particular, la decisión que prevalece respecto a la situación del investigado es la de mayoría de la sala. De esta forma, el fotógrafo continuará en libertad provisional, con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Asimismo, le fue retirado el pasaporte por orden judicial para impedir que pudiera eludir la acción de la justicia.

El proceso de instrucción de este caso se encuentra ya bastante avanzado y se espera que en un plazo no muy lejano sea remitido a la Audiencia Provincial, con lo que las partes dispondrán de los preceptivos plazos para elaborar sus respectivos escritos de conclusiones provisionales.

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