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El terreno de Zubieta que se empezó a acondicionar para construir la incineradora.
El Tribunal de Cuentas de España también analizará el coste de los swaps

El Tribunal de Cuentas de España también analizará el coste de los swaps

Retomará el análisis del órgano fiscalizador vasco que ha concluido que paralizar la incineradora ha tenido hasta 2015 un impacto de 46 millones

GAIZKA LASA

Sábado, 29 de abril 2017, 08:37

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La constatación que el Tribunal Vasco de Cuentas ha hecho del coste que supuso haber paralizado la incineradora en 2013, cifrado en 46 millones de euros, puede volver a poner al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa -gestionado por PNV y PSE- ante la tesitura de decidir si interponer o no una demanda a los responsables de EH Bildu que tomaron la decisión. Tal y como adelantó ayer este periódico, el órgano fiscalizador vasco ha puesto números a las consecuencias de aquella medida, señalando que solo por los seguros de cobertura de tipos de interés -conocidos como swaps- el territorio ya ha abonado a los bancos 24,9 millones hasta 2015 y deberá pagar otros 46,6 millones en el futuro, pese a no contar con la financiación a la que se vinculaba este seguro.

  • millones

  • es el coste estimado por el Tribunal Vasco de Cuentas sobre lo que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa deberá pagar por los swaps, o seguros del tipo de interés del crédito de la incineradora. 24,9 millones ya se pagaron a 31 de diciembre de 2015 y quedan otros 46,6 por abonar.

Como cada vez que se aprecian posibles casos de menoscabo de fondos públicos, será el Tribunal de Cuentas de España el que analice de nuevo estos datos. El mismo camino siguió el informe de fiscalización del ejercicio 2012 realizado por el Tribunal Vasco. En este sentido, la entidad estatal ya tiene abierto, a instancias de la actual dirección del Consorcio, un «procedimiento de reintegro por un presunto alcance como consecuencia de supuestas irregularidades contables», en este caso por el pago de indemnizaciones posterior a la rescisión del contrato.

El diputado foral de Medio Ambiente y presidente de Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK), José Ignacio Asensio (PSE), ya ha desvelado su intención de llevar una propuesta a la asamblea del Consorcio para que se proceda a presentar la demanda correspondiente ante el propio Tribunal de Cuentas de España, pero para que se materialice dicha denuncia la sentencia que anulaba aquella rescisión contractual debe ser firme. Aún no lo es por el recurso interpuesto ante el TSJPV por un grupo de miembros de EH Bildu y las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Medio que gestiona la coalición abertzale.

El PP exige responsabilidades

Ahora se da la circunstancia de que la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que dicta que hay que seguir pagando los swaps sí es firme ya que no ha habido recurso, por lo que si el Tribunal de Cuentas de España volviera a emplazar al Consorcio -tal y como lo hizo por el tema de la rescisión del contrato- a presentar la correspondiente demanda, la decisión recaería sobre los gestores del Consorcio (PNV y PSE).

El PP ya se pronunció ayer al respecto y consideró que «cada día que pasa es mayor la necesidad de exigir responsabilidades políticas, económicas y en el ámbito judicial». El portavoz popular en las Juntas Generales, Juan Carlos Cano, criticó no solo la gestión de EH Bildu sino también la postura del PNV, «por no haber configurado un gobierno alternativo y dejar gobernar a Bildu» tras las elecciones de 2011. Cano señaló que «a los guipuzcoanos nos está tocando pagar de nuestro bolsillo, euro a euro, la sinrazón de Bildu y la cabezonería del PNV».

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