Diario Vasco

Investigan a ocho autoescuelas guipuzcoanas por pactar precios

Un vehículo de autoescuela circula por las calles de Errenteria, donde están ubicadas cuatro de las ocho empresas investigadas por Competencia.
Un vehículo de autoescuela circula por las calles de Errenteria, donde están ubicadas cuatro de las ocho empresas investigadas por Competencia. / ARIZMENDI
  • La denuncia de un particular ha propiciado la investigación que, en cualquier caso, tiene ahora un periodo máximo de 18 meses para resolverse

  • Les abre un expediente sancionador tras apreciar «indicios» de que actúan como un cartel

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La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) investiga a ocho autoescuelas de Gipuzkoa, ubicadas en Errenteria y Arrasate, por la sospecha de que pacten precios en el coste de las clases para obtener el carné de conducir B, el de coche. El organismo que vela por el libre mercado señala a Autoescuela Lagunak, Bidebieta Autoeskola, Oiartzun Autoeskola SL, Sarriegui Autoeskola, Arrasate Autoeskola, Leniz Autoeskola, Peñakoba Autoeskola SL y Telleria Autoeskola, según informó ayer la entidad.

La propia AVC detalla que fue la denuncia de un particular la que propició la investigación por supuestas prácticas que rompen las reglas de la libre competencia. En concreto, esa queja derivó en la inspección a cuatro empresas radicadas en Errenteria (Lagunak, Bidebieta, Oiartzun y Sarriegui) mientras que el procedimiento abierto a las otras cuatro firmas, todas ellas ubicadas en Arrasate, fue motivado de oficio. De ahí que el número de expedientes sancionadores abiertos sean dos, uno para cada grupo de empresas domiciliadas en el mismo municipio.

Este paso da el pistoletazo oficial de salida al inicio de una investigación exhaustiva. El primer análisis llevado a cabo, que siempre se realiza con suma discreción para no alterar la investigación, ha sido suficiente para poner el foco en este mercado. En cualquier caso, y como en todas las actuaciones abiertas por la AVC, lo que ahora queda por delante son 18 meses de plazo máximo para que el organismo que preside Pilar Canedo resuelva el expediente, un periodo en el que las empresas también podrán acceder al expediente, argumentar y hacer alegaciones. La institución subraya siempre que la apertura del expediente «no prejuzga el resultado final de la investigación».

Posible multa

De momento, lo que sí está en condiciones de afirmar es que se han apreciado «indicios» de que las ocho empresas investigadas podrían estar incumpliendo las reglas básicas del libre mercado en contra del interés general, lo que, de confirmarse en esta segunda fase de la investigación, podría suponer una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia que recoge las conductas prohibidas, como son fijar de forma directa o indirecta los precios o el reparto de mercado. La sospecha de la AVC es que las ocho autoescuelas funcionan como un cartel, con el prejuicio que eso puede conllevar sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento del mercado. Las empresas se enfrentan a multas que podrían oscilar entre el 1% de su volumen de negocio (en el caso de que se considere probada una infracción leve), un 5% para infracciones graves y hasta un 10% para las muy graves, según recoge la propia Ley de Competencia.

Fuentes consultadas por este periódico indicaron que fue el denunciante -no se indica si se trata de un cliente o una empresa- el que puso sobre la pista de las supuestas prácticas anticompetitivas, tras haber preguntado en el mercado y a título individual los precios de las clases prácticas y teóricas para sacarse el carné de conducir y observar que en las cuatro autoescuelas de Errenteria ahora investigadas el coste «apenas variaba».

La AVC no da más detalles del caso. Pero una simple búsqueda en internet permite saber que, por ejemplo, la obtención del permiso B, con 20 clases prácticas -que es la media habitual- ronda los 1.650 euros en el caso de Autoescuela Lagunak. El precio final suele variar en función de las clases prácticas necesarias hasta lograr la destreza al volante como para presentarse al examen y aprobarlo. Una clase práctica en esa empresa cuesta 44 euros más IVA, un total de 53 euros, según la información disponible en su página web. El mismo precio se oferta por clase práctica en Autoescuela Bidebieta, según el precio indicado a varios clientes.

Habrá que esperar a la resolución del expediente para comprobar si estas ocho empresas de Gipuzkoa siguieron un camino similar al que se descubrió en Vitoria, donde la Autoridad Vasca de la Competencia llegó a probar que 13 empresas del sector pactaron precios entre los años 2010 y 2013. La investigación, culminada en 2015, descubrió un tipo de proceder llamativo: las trece empresas calcaban precios, hasta en el céntimo, con apenas una diferencia de 1,5 euros, y además situaron a la capital alavesa con precios un 28,6% más caros que Bilbao y casi un 56% más elevados que la media estatal. La multa ascendió entonces a 143.000 euros.

Las concesiones públicas

Este último capítulo abierto amplía el campo de trabajo que ya tenía por delante la AVC. El organismo ha visto cómo aumentaban las denuncias un 60% tras la supermulta impuesta el año pasado a ocho empresas por repartirse el mercado de los comedores escolares de Euskadi. El caso marcó un antes y un después para este organismo y puso bajo el foco el extenso y millonario objeto de las contrataciones públicas que adjudica la Administración.

De hecho, otro de los casos pendientes de resolución y que tienen que ver con las actuaciones de los poderes públicos es el expediente que implica a la Diputación de Gipuzkoa, junto con «al menos» 25 empresas de autobuses -entre las que está Euskotren, dependiente del Gobierno Vasco- y a la asociación empresarial de transportes interurbanos del territorio, Avitrans, por prácticas anticompetitivas en el mercado del transporte de autobús, tanto interurbano, como urbano, escolar y de uso discrecional.

Pasar bajo la lupa de la AVC, sin embargo, no implica siempre que el expediente se resuelva con una denuncia y una multa. El organismo ha visto este mismo año cómo la Justicia le quitaba la razón y se la daba a los demandados, en este caso cuatro servicios de transporte interurbano, cuya concesión realizada en 2015 por el Gobierno de Bildu en su etapa al frente de la Diputación había sido puesta en tela de juicio por el organismo que vela por la competencia. El tribunal ha desestimado todos los recursos presentados a esas concesiones, salvo el otorgado a Goierrialdea S.L..

En este último caso, la Diputación ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo. Queda además por resolver el recurso, también interpuesto por la AVC, contra el servicio de Debagoiena.

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