Dos empresarios al banquillo por la muerte a lo bonzo de un conductor de Lasarte-Oria

La Fiscalía sostiene que las abusivas condiciones laborales indujeron a la víctima a suicidarse

JAVIER PEÑALBASAN SEBASTIÁN

Su trabajo se había convertido en un infierno. Había perdido quince kilos de peso, tomaba medicación para dormir y cuando lograba conciliar el sueño, solo veía luces de coches que se dirigían hacia él. Al final ya no pudo más y dijo basta. El 23 de noviembre de 2012 detuvo su furgoneta en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. Salió del vehículo, se roció con gasolina y se prendió fuego. Su vida terminó al borde de la N-610. Se llamaba Daniel F.H. Tenía 41 años y era vecino de Lasarte-Oria.

Cinco años después de aquel dramático final, dos empresarios del sector del transporte se sentarán en el banquillo de los acusados. Se les imputa un delito contra el derecho de los trabajadores. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos dos años de cárcel. El ministerio público considera que las abusivas condiciones laborales determinaron el fatal desenlace.

kilómetros

920
recorría al día el conductor que se prendió fuego en noviembre de 2012. De lunes a sábado pasaba más de diez horas al volante, sin tener en cuenta los tiempos de carga y descarga en cada población, «lo que aumentaba su jornada laboral aproximadamente a 12-14 horas».

En el proceso está también personada la familia del trabajador que pide penas de prisión similares a las del fiscal y una indemnización superior a 100.000 euros. Los familiares están representados por el letrado donostiarra Javier Sánchez.

Los acusados, según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, suscribieron en los años 2012 y 2013 tres contratos con la víctima para que desempeñara el cometido de conductor, con una jornada laboral de 40 horas semanales, de lunes a domingo. Dicho contrato, según la acusación pública estaba sujeto a la legislación vigente y al Convenio de Mercancías por Carretera.

La Fiscalía sostiene, no obstante, que la empresa «abusando de la situación de carestía», aprovechándose del miedo que tenía el conductor a perder el trabajo y, además, «vulnerando lo dispuesto en el contrato laboral», le asignaron una ruta diaria, de lunes a sábado, que comenzaba en Irun, continuaba en Beasain y Vitoria, y finalizaba en Benavente (Zamora). Y eso solo era la ida. A la vuelta debía realizar el mismo recorrido.

10 horas al volante al día

De esta manera, el conductor salía cada día de su domicilio en Lasarte-Oria a las 18.00 horas para dirigirse a Irun y media hora después iniciaba su trabajo. Tras recorrer la ruta establecida, el fallecido llegaba de nuevo a su casa a las nueve y cuarto de la mañana.

La Fiscalía recuerda que el trabajador recorría 920 kilómetros diarios, conducía más de diez horas y ello sin tener en cuenta los tiempos de carga y descarga en cada población, «lo que aumentaba su jornada laboral aproximadamente a 12-14 horas» como trabajo efectivo.

Las acusaciones pública y particular sostienen que con dichas jornadas laborales los acusados, dos hermanos radicados en la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera, abusaron de la situación del fallecido. Afirman que la jornada superaba «notablemente» las 40 horas semanales, de manera que infringieron no solo lo pactado en el contrato de trabajo, sino también lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Transporte de Mercancías por Carretera de Cantabria.

En este sentido, el fiscal detalla que los dos hermanos vulneraron los artículos 7.1 de dicho convenio que establece una jornada máxima de 40 horas semanales y también el 7.2, según el cual el tiempo total de conducción no puede exceder las 9 horas diarias, si bien permite de forma excepcional, que solo dos días por semana puedan llegar a realizar 10 horas. Asimismo, el ministerio fiscal considera que vulneraron un tercer artículo, el que regula el descanso mínimo entre jornadas de diez horas.

Agotamiento

La acusación considera que estas condiciones laborales le produjeron un agotamiento físico y también dificultades para conciliar el sueño. Además, ante el empeoramiento de la situación, llegó a perder quince kilos.

Dado su estado, el conductor se dirigió al Centro de Salud Mental, donde le recetaron diversos fármacos. Además, la doctora le recomendó darse de baja, «pero Daniel se negaba por la necesidad que tenía de trabajar», se indica en el escrito de acusación.

Llegado a este extremo, el conductor solicitó a los acusados una adecuación de su jornada laboral conforme a lo dispuesto en su contrato de trabajo. La respuesta, según el fiscal, no dejaba lugar a dudas: sería despedido si no cumplía con su ruta. Estas circunstancias gravaron todavía más la situación. Y así, el 23 de noviembre de 2013, Daniel detuvo la furgoneta ante la entrada del casco urbano de Villalón de Campos, salió del vehículo, una Renault Master, se roció de gasolina y se dio fuego. Ahí terminó su sufrimiento.

La Fiscalía imputa a los dos empresarios un delito contra el derecho de los trabajadores y pide para cada uno dos años de prisión y una multa de 3.600 euros. El juicio por estos hechos está previsto que se celebre en mayo, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Donostia.

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