El Tribunal de Cuentas descarta un menoscabo de dinero público en las obras de la lonja de Pasaia

El caso de la lonja, en la que se ha acumulado un sobrecoste de 4,5 millones, sigue siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia, a cuya letrada le corresponde emitir una resolución sobre la existencia o no de seis delitos que indiciariamente fueron apuntados por la Fiscalía. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas despeja con su auto las sospechas de corrupción insinuadas por algunos sectores, ya que lo que debía analizar era precisamente si alguien se había apropiado de manera ilegal de fondos públicos.

En sus razonamientos jurídicos, el consejero de Cuentas, José Manuel Suárez Robledano, señala además que han sido el ministerio fiscal y el agobado del Estado quienes han concluido que «no existían hechos concretos que pudieran permitir apreciar indicios de la existencia de responsabilidad contable por alcance, por lo que, ambos han interesado el archivo de las presentes actuaciones». Para tomar la decisión se apoya, por tanto, en dos patas externas que han llevado a cabo sus propias pesquisas sobre el caso, además de en una tercera consistente en las explicaciones emitidas por la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP).

El Tribunal de Cuentas señala que tuvo cuenta de las irregularidades de esta obra el 23 de enero por medio de un escrito del interventor delegado territorial de Gipuzkoa y que el día 26 abrió la correspondiente pieza de diligencias preliminares. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que así lo debe hacer siempre que de un procedimiento pueda derivarse algún tipo de perjuicio al erario público.

En uno de los puntos más concluyentes del auto, el Tribunal de Cuentas destaca que el 31 de enero recibió el escrito del ministerio fiscal, quien manifestaba que no se había acreditado que nadie se hubiera apropiado de fondos públicos. La literalidad del texto decía que «de la información aportada por la Intervención Delegada Territorial de Gipuzkoa, no se desprendían indicios de la existencia de alcance como saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, ausencia de numerario o de justificación», por lo que la propia Fiscalía «interesaba el archivo de las diligencias».

La interpretación del ministerio fiscal ya apuntaba en la dirección del archivo, a lo que hay que añadir que el mismo día 31 de enero la Abogacía del Estado alegó que «no se observaban indicios de la existencia de un presunto alcance, por lo que a su juicio procedía el archivo de las diligencias». El auto aclara que estas dos instancias no ven motivo alguno para que el Tribunal de Cuentas siga investigando lo que tiene por objeto investigar, es decir, «el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos».

A la espera de una auditoría

El órgano fiscalizador del Estado recibió un tercer impulso en la mismo dirección de archivar sus diligencias con las alegaciones presentadas el 7 de febrero por parte de la Autoridad Portuaria de Pasaia, entidad que soportó con documentación su tesis de que nadie se ha llevado dinero sino que han existido irregularidades administrativas que están tratando de ser corregidas.

Lo que el puerto ha vuelto a argumentar es que «las obras de la lonja que ya habían sido debidamente ejecutadas, con base en el contrato suscrito, habían sido abonadas a cuenta, en las respectivas certificaciones, estando pendiente su liquidación de los resultados de una auditoría integral que estaba elaborando el organismo Puertos del Estado». Esgrime asimismo que el abono de las obras ejecutadas sin cobertura en el contrato «dependerá del resultado del expediente de responsabilidad patrimonial que se ha incoado».

Actualmente existe una suma de 17 millones que ya está abonada y soportada con garantías jurídicas. El problema, reconocido por la APP, llega en el apartado de partidas pendientes de pagar. Ahí entran 1,4 millones que se tramitaron como «complementario número 2» y que, según la advertencia de Puertos del Estado, podían incurrir en un «enriquecimiento injusto por parte de la Administración». Según el informe de auditoría recibido por la APP en julio de 2015, «las obras eran necesarias y se correspondían con lo realizado», pero se ejecutaron sin la tramitación correspondiente y sin consignación presupuestaria.

El problema residía en que al tratarse de trabajos ya realizados debían tramitarse como un «expediente de responsabilidad patrimonial». La APP trabaja intensamente en determinar qué unidades deben ser incorporadas a este expediente para su abono al contratista así como los precios a aplicar.

Los tres frentes argumentales -ministerio fiscal, Abogacía del Estado y Puerto de Pasaia- hacen concluir al Tribunal de Cuentas que puede archivar su investigación, lo que, aclara, «procede cuando los hechos no revistan los caracteres de alcance de manera manifiesta, patente y clara». Con todo, el juzgado de Donostia seguirá dilucidando sobre la presencia o no de delitos como prevaricación, malversación de caudales, falsedad documental o tráfico de influencias, si bien el Tribunal de Cuentas ha ahuyentado el fantasma de la apropiación de dinero público.