FCC recurre la adjudicación de la incineradora y paraliza la firma del contrato

Según ha podido saber este periódico, hoy mismo, último día del plazo legal para poder interponer el recurso, FCC presentará su reclamación y corresponderá al Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales dar una respuesta a la mayor brevedad posible. Mientras tarde en hacerlo, no se firmará nada. Stop. El procedimiento queda paralizado. Su sentencia podrá ser recurrida asimismo a la justicia ordinaria, pero esta vía ya no impediría que los trabajos se pongan en marcha.

Al tratarse de un órgano judicial interno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se prevé que el Tribunal de Recursos Contractuales no se demore demasiado en arrojar su resolución, aunque la iniciativa de la compañía de Esther Koplowitz demora un poco más un proyecto cuyo cronograma para que esté finalizado en junio de 2019 ya estaba todo lo apretado que podía estar. El diputado foral de Medio Ambiente, el socialista José Ignacio Asensio, se aventuró la semana pasada a situar en un mes el tiempo que necesitará el citado tribunal para emitir su fallo, si bien fue un pronóstico aproximado.

Fuentes de FCC habían anunciado que no presentarían ningún recurso si no vieran razones muy claras para hacerlo. La interlocución de esta firma con las distintas capas de la Administración vasca, copada en gran parte por PNV y PSE, tanto en ayuntamientos como en el propio Gobierno Vasco, podía llevar a pensar que la empresa optaría por evitar un conflicto. Sin embargo, fuentes con alta responsabilidad en FCC revelaron ayer a este periódico que «no es que haya motivos claros, sino que hay razones radicales para presentar el recurso».

La dirección de la empresa se reunió ayer en Madrid «con los mejores técnicos de Europa en materia de contratos de plantas de valorización energética», quienes no hicieron sino confirmar una decisión que ya en días previos tenían meditada los gestores de la compañía. «Nos remitimos a las leyes y el contenido de los pliegos de licitación», aclaran las fuentes consultadas, convencidas de que «ateniéndonos a la literalidad de los pliegos, hay varios motivos de exclusión» en la documentación de la UTE liderada por Urbaser.

Miembros de FCC acudieron a la sede de Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK) -entidad adjudicadora- para ver la oferta ganadora el día 8 de febrero, ocho días después de la firma de adjudicación. El lunes 13 solicitaron más información y aunque consideran que «no hemos tenido demasiado tiempo», han visto claro el recurso.

Lo que en un inicio llevó a la recurrente a interesarse por la propuesta de la competencia fue el estrecho margen por el que se decantó la adjudicación. La UTE formada por Urbaser, el grupo inversor francés Meridiam Investments y las guipuzcoanas Altuna y Uria, Moyua, Murias y LKS obtuvo una puntuación total de 901,88, mientras que FCC, que concurrió junto a la azpeitiarra Sartech Engineering, sumó 896,68 puntos. La tercera, UTE encabezada por Valoriza, se quedó lejos de la pugna vencedora y acumuló 631,61 puntos.

Al grupo que vio cómo le superaban por foto finish le irritó comprobar que se había quedado sin un contrato para el cual había presentado la mejor propuesta técnica con una diferencia de 26,34 puntos respecto a la de la ganadora. Sin embargo, la oferta de la UTE de Urbaser arrasó en el apartado económico superando en 31,5 puntos a la de FCC. Así, las cifras de la adjudicación reducen un 25% el precio máximo de licitación, lo que aminora el canon anual que se debe pagar con los impuestos de los guipuzcoanos de los 31,6 millones a casi 24 millones anuales durante los 32 años y 5 meses que abarca la operación.

Acostumbrados a recursos

Urbaser -propiedad de ACS hasta el año pasado- y FCC son dos gigantes acostumbrados a librar batallas judiciales por dominar el mismo mercado, de manera que a ninguno de los dos le resultará extraña la situación que se abre tras el recurso que se interpone hoy. Este mismo mes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León ha emitido el auto por el que se ordena al Ayuntamiento de Ponferrada anular la adjudicación del contrato de limpieza a FCC. Este contrato se cerró por un periodo de 20 años a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos, pero Urbaser exigió que se corrigieran las «puntuaciones técnicas y económicas» y se ajustaran «a los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos de condiciones».

También se ha judicializado el último año el servicio de limpieza viaria en las calles de Alfaro (La Rioja). El Tribunal Central de Recursos Contractuales admitió el recurso presentado por FCC contra la adjudicación a Urbaser, lo que obligó al Ayuntamiento a volver a sacarlo a concurso. La segunda contratación declaró a Urbaser de nuevo como adjudicataria, lo que motivó otro recurso de FCC, esta vez sin que prosperara.

En Fuengirola, la pasada primavera el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía desestimó el recurso interpuesto por FCC contra la adjudicación del contrato de recogida de basuras del municipio a Urbaser por seis millones, lo que provocó la paralización temporal del procedimiento. Y sin ir tan lejos, en Vitoria, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales dio vía libre a la adjudicación a FCC de la gestión del vertedero de Gardelegi al desestimar un recurso de Urbaser.

Y eso que las dos firmas han recibido las sanciones más altas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a 39 empresas, por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano.