Diario Vasco

La nueva ayuda para la inclusión en Gipuzkoa llegará a 200 hogares

Camas disponibles para personas sin hogar en el Hotzaldi que gestiona Cáritas, una de las entidades sociales que trabaja con personas en riesgo o situación de exclusión.
Camas disponibles para personas sin hogar en el Hotzaldi que gestiona Cáritas, una de las entidades sociales que trabaja con personas en riesgo o situación de exclusión. / LOBO ALTUNA
  • La Diputación concederá una prestación de 600 euros durante un máximo de 6 meses prorrogable en casos puntuales

  • El acceso al subsidio se condiciona a un plan de atención individualizado y exigirá un año de empadronamiento

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La Diputación de Gipuzkoa se encuentra a las puertas de lanzar la nueva prestación económica a las personas sin recursos que se quedan fuera de la Renta de Garantía de Ingresos, a cargo del Gobierno Vasco. La ayuda nace de la mano del plan 'Elkar-Ekin', una de las apuestas del Departamento de Políticas Sociales «para situar el reto de la inclusión en la agenda política», como viene defendiendo la jeltzale Maite Peña, al frente de la cartera.

El departamento ha reordenado la cartera de prestaciones y refunda una que ya se daba para favorecer la emancipación de jóvenes entre 18 y 23 años vinculados a procesos de inserción. Esta subvención dejará de existir como tal y se crea la nueva ayuda que amplía su cobertura a más colectivos.

La prestación que se pondrá en marcha en cuestión de semanas irá también dirigida al colectivo de personas que acrediten un año de empadronamiento en el territorio, como pedía la Ayuda de Garantía de Ingresos, la AGI, que creó el anterior gobierno de Bildu y que ha sido suprimida por el actual ejecutivo bipartito PNV/PSE. Este subsidio, que desaparecerá de forma paulatina hasta 2018, lo llegaron a cobrar 1.400 personas al mes y supuso una factura de 11 millones de euros al año.

La nueva ayuda de inserción marca distancias y no será permanente, esto es, se concederá bajo una serie de condiciones y con carácter provisional, durante un máximo de seis meses, que podrán prorrogarse en casos puntuales. Según fuentes del Tercer Sector, a quienes la Diputación ha presentado esta hoja de ruta para recibir sus aportaciones, la ayuda mensual ascenderá a un máximo de 600 euros, cantidad que variará en función de las necesidades de la persona solicitante y servirá tanto para paliar gastos básicos como los derivados del proceso de inclusión que pueden ser gastos de transporte al lugar de trabajo o gastos de formación. Se calcula que podría beneficiar a unas 200 personas sin recursos. El presupuesto inicial parte de 870.000 euros, aunque se deja la puerta abierta a que se amplíe en función de la demanda. Podrán cobrarla aquellas personas de entre 18 y 64 años que acrediten los requisitos de empadronamiento y residencia efectiva.

Primero, la valoración

La voluntad política existe y el compromiso de acompañar el plan 'Elkar-Ekin' de una ayuda económica para las personas que se encuentren en un proceso de inclusión social y laboral ha sido manifestado en varias ocasiones por la diputada Maite Peña. El reto es reducir las cifras de exclusión que han crecido en los últimos años. Según los datos que constan en el plan, un 30% de la población guipuzcoana se encuentra en una situación de integración precaria, un 7,8% en el espacio considerado de exclusión moderada y un 5,5%, casi 40.000 personas, en la exclusión severa. Pese a que la evolución ha sido negativa, la situación en el territorio contrasta en todo caso con la española, donde la exclusión se ha duplicado entre 2009 y 2013, en plena crisis.

Uno de los grandes cambios será el sistema de valoración de la exclusión social, una herramienta que se recoge en la Ley de Servicios Sociales y que es de obligatorio cumplimiento para los tres territorios. Servirá para realizar un diagnóstico de la situación de necesidad de estas personas, que ahora eran atendidas de oficio por las entidades sociales. Con ese diagnóstico se abrirá la puerta a servicios y recursos, entre ellos la nueva prestación, con vocación de completar los procesos de inclusión de forma puntual o periódica, pero nunca permanente. El sistema de valoración está ya prácticamente completado y se entrará en servicio en un plazo corto de tiempo, al compás también de la fecha de inicio de la nueva prestación.

Serán las entidades sociales del territorio las que se encargarán de canalizar la demanda para cobrar la ayuda. De hecho, el objetivo, no solo a través de la prestación, es refozar los lazos entre la Administración pública y estas asociaciones, como Cáritas o Cruz Roja, para dar un impulso a los recursos que favorezcan la inclusión social y laboral de las personas en riesgo o en situación de exclusión. También cobran especial protagonismo los servicios sociales municipales, a quienes también se va a hacer partícipes de la nueva prestación.

El soporte del empleo

La nueva ayuda se incluye en el marco del plan a favor de la inclusión social, con un presupuesto total de partida de 1,8 millones de euros con el que se pretende generar oportunidades de empleo como plataforma de despegue a la inclusión. En la presentación del plan, la diputada informó de que ya se ha firmado un protocolo de colaboración con trece organismos del territorio (Lanbide, Departamento de Educación, Ayuntamiento de Donostia, Cáritas, Emaús, Gureak, Cruz Roja, Peñascal, Sartu, Fundación Secretariado Gitano, Asociación de Hoteles de Gipuzkoa, Asociación de Hostelería y la Universidad de Deusto).

Se ha puesto el foco en los sectores que están tirando de la creación de empleo como son la hostelería, el turismo y la atención a la dependencia. Además de organizar la formación específica, la Diputación se compromete a ejercer de tutor o acompañante para que ese proceso «sea exitoso». El gobierno foral ha admitido que la lucha contra la inclusión social es la asignatura pendiente en el territorio, que destaca por su papel en el apoyo a las personas con dependencia y discapacidad.

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