Diario Vasco
Juan Cruz Mendizabal, durante una celebración religiosa.
Juan Cruz Mendizabal, durante una celebración religiosa. / SARA SANTOS

El Obispado investiga otro posible caso de abusos y envía al exvicario fuera de Euskadi

  • Los delitos por abusos sexuales a menores prescriben en un plazo de 5 a 10 años desde que la víctima ha alcanzado la mayoría de edad

  • La Fiscalía actuará de oficio para decidir si se querella contra Juan Cruz Mendizabal

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La comunidad católica guipuzcoana ha acogido con estupor la noticia de que el exvicario general de la Diócesis de San Sebastián, Juan Cruz Mendizabal, 'Kakux', ha sido condenado eclesiásticamente por tocamientos deshonestos a dos menores realizados en 2001 y 2005. El Obispado de San Sebastián, que reconoció el martes que «ha sido probada la veracidad de las acusaciones» hechas públicas por los dos afectados, tomó ayer la decisión de trasladar al sacerdote fuera del País Vasco.

Esta decisión fue adoptada durante una reunión que el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, mantuvo ayer con los arciprestes guipuzcoanos para estudiar cómo abordar las consecuencias del primer caso oficial de abusos sexuales registrado en la Iglesia vasca. En el encuentro se acordó también investigar si existe un tercer supuesto de abusos a un menor cometido por Mendizabal, tal y como dieron a entender el martes las dos víctimas del sacerdote. Si se recopilaran indicios suficientes, se le abriría otro proceso canónico.

En declaraciones a Euskadi Irratia, el vicario de Pastoral Social y Misiones en Gipuzkoa, Xabier Andonegi, afirmó ayer que estas medidas se suman a las que ya le han sido impuestas al sacerdote después de que en abril de 2016 fuera considerado culpable por la Iglesia y apartado de sus funciones como vicario general. Según explicó el martes la Diócesis, Mendizabal ha seguido desde entonces un «proceso terapéutico psicológico y espiritual, colaborando en la reparación de lo ocurrido».

El sacerdote se halla sometido además a un régimen de vigilancia por parte del Obispado, que le ha colocado bajo la tutela de otro cura y le ha impuesto la obligación de permanecer siempre acompañado, tanto en su vivienda como fuera de ella.

En marzo de 2016 los dos denunciantes de los abusos relataron su caso al obispo de San Sebastián. Uno de ellos reveló que había sido objeto de tocamientos mientras 'Kakux' era párroco de la iglesia de San Vicente, en la Parte Vieja donostiarra. El otro aseguró que había sufrido los abusos durante su participación en el grupo de tiempo libre Xirimiri Gazte Taldea. El prelado abrió de inmediato la investigación que ha culminado con la destitución de Juan Cruz Mendizabal y recomendó a los afectados que acudieran a la vía civil. Ellos optaron por mantener su denuncia en el marco eclesial, una decisión que no cierra el paso a posibles implicaciones penales.

La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa difundió ayer un escueto comunicado en el que anuncia que, «ante la noticia publicada en los medios de comunicación relativa a la posible existencia de algún tipo de 'hecho delictivo de carácter sexual'», ha acordado «iniciar diligencias de investigación». Es de prever que la primera medida que adoptará el ministerio público será la de citar a declarar tanto a Juan Cruz Mendizabal como al obispo de San Sebastián, a quien pedirá toda la documentación de la que dispone sobre el caso, incluyendo el expediente del proceso canónico al que ha sido sometido el sacerdote y las identidades de los dos afectados por los abusos.

A iniciativa propia

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, confirmó que la fiscal jefe de Gipuzkoa, Idoia Zuriarrain, ha actuado a iniciativa propia para decidir si presenta una querella contra Mendizabal. Calparsoro recordó que este tipo de delitos solo pueden perseguirse si existe denuncia de la víctima o bien una querella de la Fiscalía. El hecho de que las víctimas deseen mantener su anonimato no impediría que, en su caso, la fiscal decida actuar ante la gravedad de los hechos o la «necesidad de prevención general» de otras posibles situaciones. Calparsoro señaló también que «el Obispado está obligado a colaborar con el Ministerio Fiscal, al igual que cualquier otra persona o institución».

Lo que haga la Fiscalía es cuestión de hacer números para determinar si los delitos han prescrito o no. Los abusos considerados probados ocurrieron en 2001 y 2005, cuando las víctimas eran menores y la ley establece que en los ilícitos contra la indemnidad sexual a menores, la fecha de prescripción empieza a computarse cuando las víctimas hayan cumplido la mayoría de edad. Según las circunstancias, en caso de tocamientos el delito caduca en un plazo de entre cinco y diez años que comienza a contar desde que los afectados cumplen los 18. Con este requisito se pretende facilitar las denuncias por abusos por parte de personas que en su día callaron por miedo a las consecuencias o vergüenza.

En el escrito en el que el pasado martes revelaron los hechos, las dos víctimas de los abusos señalan que, al haber llegado a sus oídos «otro posible caso», han decidido dar a conocer su experiencia «para animar a las posibles víctimas que pudieran permanecer ocultas a que salgan a la luz». «A nosotros nos ha ayudado mucho haber dado el paso de denunciar los hechos y pensamos que también ayudará a otros», añaden. Fuentes de la Fiscalía de Gipuzkoa no descartaron ayer que, de forma paralela a la investigación, surjan nuevas denuncias de hechos similares.

Ezker Anitza-IU pidió ayer a la Fiscalía que investigue estos hechos por la vía judicial, «ante la posibilidad de que existan más casos», así como «si ha habido un delito de ocultación por parte de las autoridades eclesiásticas que conocieron lo sucedido». Para la coordinadora de esta formación en Gipuzkoa, Arantza González, «en un estado de derecho las leyes deben aplicarse a toda la ciudadanía por igual».

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