Diario Vasco

«Quisimos parar un proyecto perjudicial, no hacer una nueva planificación»

  • Intxaurrandieta (EH Bildu), presidenta de GHK en 2013, sostiene que «estábamos legitimados para rescindir el contrato»

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La presidenta de Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK) en 2013, Ainhoa Intxaurrandieta, sostiene que la sociedad foral y las empresas constructoras tenían la misma legitimidad para rescindir el contrato de la incineradora que la que tuvieron para firmar aquel mismo documento y que fue un paso «acordado entre las dos partes» y dado «con total respaldo de la ley».

Ante la sentencia del Contencioso-Administrativo de Donostia que despoja de competencias a GHK para alcanzar aquel acuerdo, la dirigente de EH Bildu matiza que «lo que quisimos hacer fue parar un proyecto concreto que iba a ser perjudicial para los ciudadanos y no hacer una nueva planificación de la gestión de los residuos, porque ya sabíamos que de eso se deben encargar las Juntas Generales de Gipuzkoa».

Asume, en ese sentido, la tesis principal de la sentencia, consciente de que «GHK es un órgano que debe aplicar la norma que sale de las Juntas», pero insiste en que «no quisimos arrogarnos esa competencia sino detener un proyecto que demostramos, con informes jurídicos impecables a los que la sentencia no se refiere, era perjudicial para Gipuzkoa».

La expresidenta de GHK explica que el contrato rescindido contemplaba construir una planta para 260.000 toneladas de residuos, ampliables a 320.000, mientras que la necesidad del territorio se ajustaba a 160.000 toneladas. «Lo que hicimos, lo hicimos respecto a un proyecto concreto que iba a acarrear el problema de tener que importar 100.000 toneladas de basura de otros lugares», reitera Intxaurrandieta.

Discierne su opinión de que el proyecto «era un disparate económico y ecológico», de la postura de la institución que presidía, que «se debía limitar a hacer los contratos siguiendo el mandato de las Juntas», matizando de nuevo, «siempre que no se demostrara perjudicial para los ciudadanos». Para rubricar que GHK no tuvo intención de hacer una nueva planificación de los residuos, señala que «empezamos a abordar el proyecto de TMB que se recogía en la norma foral aprobada en Juntas Generales».

Afirma que las personas implicadas en aquellas decisiones han puesto en manos de servicios jurídicos la sentencia del Contencioso-Administrativo, aunque se manifiesta «muy tranquila» tras las declaraciones de responsables forales pidiendo responsabilidades políticas y no descartando las patrimoniales. «Hicimos bien lo que hicimos, y lo hicimos en favor de la ciudadanía», zanja.

En la misma línea, EH Bildu emitió ayer un comunicado en el que concluía que «la gestión realizada fue correcta y acorde a la ley». Lamenta que la sentencia «no entra sobre el fondo de la cuestión, por lo que no puede valorar los motivos que condujeron a la rescisión del contrato». Por ello, la coalición abertzale anunció que llevará a las mancomunidades una propuesta para recurrir la sentencia. También pidió a la Diputación que «no hipoteque el futuro de los guipuzcoanos con una incineradora».

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