Diario Vasco

La Diputación de Gipuzkoa inspecciona dos veces al año los pisos de menores tutelados

Centro Sansoheta en Vitoria, donde residían los menores que presuntamente pertenecían a una red de prostitución.
Centro Sansoheta en Vitoria, donde residían los menores que presuntamente pertenecían a una red de prostitución. / JESÚS ANDRADE
  • La protección de los 320 chicos y chicas que viven en centros se rige por un estricto protocolo

  • La supuesta red de prostitución de menores tutelados en Álava pone el foco en qué medidas de control se aplican en los recursos de acogida

320 menores, chicos y chicas de diferentes edades, viven en estos momentos en centros bajo la tutela de la Diputación de Gipuzkoa, que aplica un riguroso protocolo para extremar su protección. La supuesta red de prostitución de menores tutelados destapada en Álava, y que está siendo objeto de una profusa investigación por parte de la Ertzaintza, dirige de manera inevitable las miradas hacia las medidas de control que se establecen desde la Administración, encargada de velar por la infancia y la adolescencia que se encuentra en situación de desprotección grave o desamparo. Y plantea también muchas preguntas: ¿cómo se garantiza la correcta atención en los centros? ¿qué controles se siguen? ¿cuántas inspecciones se realizan?

Por motivos muy diferentes, (problemas de conducta, adicciones, patología mental, conflictos con los padres) hay menores que no pueden ser cuidados de forma adecuada por sus familias y deben abandonar su hogar. Los servicios sociales forales entran en escena cuando se detecta un caso grave y se establece la necesidad de que se lleve a cabo una intervención para garantizar la protección y bienestar del menor, explican desde el Departamento de Política Social del territorio. Las actuaciones son, cuanto menos, delicadas y están sujetas a un conjunto de medidas que persiguen la protección del menor. Los controles se realizan de oficio, esto es, no necesariamente cuando se detecta un problema, sino como prevención.

La intervención con menores, de la que se encargan entidades que contrata la Diputación, pasa por varios tamices. El propio Departamento de Políticas Sociales realiza dos inspecciones al año. «En estas visitas los inspectores solicitan cuanta documentación escrita e información verbal consideren pertinente, y si así lo estiman necesario, pueden solitiar también entrevistarse con las personas acogidas».

No son las únicas. Personal técnico del equipo de seguimiento del programa de acogimiento residencial acude otras dos veces cada año para supervisar los informes de seguimiento, los programas educativos individuales y las revisiones de los planes de cada caso, así como los informes de incidencias de cada persona menor de edad atendida, en resumen, estrechan aún más la vigilancia sobre la evolución de cada caso. En el expediente de cada niño o niña también se recogen las entrevistas individuales que se mantienen desde el equipo de seguimiento con los menores, tantas veces como lo solicite el propio chaval, y además de forma rutinaria cada cautro meses. Tanto a demanda del equipo educativo como de la propia familia, también se deja constancia de las entrevistas con la familia.

Desde el año pasado, además, por ley, es obligatorio que todas las personas que trabajan en los centros tengan que presentar un certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales que afirme que no han sido condenadas por sentencia firme por ningún delito contra la libertad sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

Y para extremar las garantías de la atención la propia Fiscalía de Gipuzkoa cursa al menos una visita anual a cada uno de los recursos residenciales, en los que a su vez solicita más información y también puede requerir entrevistarse con menores y adolescentes atendidos.

Controles también internos

La administración insiste en la continuidad e importancia de los controles, a los que también hay que añadir las actuaciones internas de las empresas que gestionan los pisos, 34 en total en Gipuzkoa, con 34 equipos educativos para atender a esos 320 menores de edad, «cada uno con sus dificultades y la correspondiente situación familiar». La Diputación considera adecuado el protocolo de actuaciones que aplica, sujeto a numerosa legislación, y no tiene previsto alterar esas medidas tras los hechos destapados en el territorio alavés, en curso de investigación.

Sobre la importancia del seguimiento de los casos y de la inspección de los centros también se ha manifestado en ocasiones el Ararteko. La Oficina del Defensor del Pueblo Vasco ha señalado que precisamente por la vulnerabilidad de las situaciones de estos menores resulta de extrema importancia elevar cualquier exigencia de calidad sobre los mismos, más allá del convenio marco que firme la Administración con las diferentes entidades que gestionan el recurso (asociaciones, fundaciones, congregaciones, cooperativas...). Porque de lo que se trata, incide el Ararteko, es de velar por los derechos y la protección del menor, y por supuesto la de aquellos más vulnerables.

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