Diario Vasco

La Diputación de Gipuzkoa despide por primera vez en su historia a un funcionario

Un funcionario abandona su lugar de trabajo, en el Palacio foral de la Diputación de Gipuzkoa.
Un funcionario abandona su lugar de trabajo, en el Palacio foral de la Diputación de Gipuzkoa. / USOZ
  • Se dedicaba a trabajar para una empresa privada en horario laboral, para lo cual utilizaba un coche y un teléfono de la institución foral

«Trabajo garantizado para toda la vida». He ahí la consigna estigmatizada que identifica las condiciones laborales del funcionariado. Lo que los opositores victoriosos más celebran y los competidores del mercado libre más codician. Ser dueño de una plaza en una institución pública se ha relacionado con una segura y longeva -hasta cómoda- vida laboral. Pero, ¡ojo! Existe una letra pequeña, tan pequeña que casi nunca se lee, que puede poner puertas al campo. Sí, un empleado público fijo también pude ser despedido.

Según ha podido saber este periódico, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha expulsado por primera vez en su historia a un funcionario después de una larga investigación que ha acreditado sus reiteradas y graves faltas para con la institución foral. En concreto, su infracción ha consistido en dedicarse a un negocio privado en horas en las que debía servir a la Diputación y con recursos puestos a su disposición para llevar a cabo su tarea como funcionario público.

Todo empezó cuando, al tener conocimiento de determinadas informaciones, el diputado foral de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad -departamento que no ha existido en legislaturas anteriores-, Imanol Lasa, decidió abrir un período de información reservada con el fin de determinar el alcance de las supuestas irregularidades observadas en la conducta seguida por este funcionario, por si las mismas pudieran constituir una falta disciplinaria.

En el curso de la información reservada, donde participó un detective, se pusieron de manifiesto reiterados incumplimientos de la jornada laboral, ausencias de su puesto de trabajo y posibles incumplimientos de la normativa sobre incompatibilidades, por lo que se tomó la decisión de incoar un expediente disciplinario.

Durante la instrucción del expediente quedó acreditado que el funcionario investigado se ausentaba de su puesto de trabajo e incumplía de manera sistemática su jornada laboral, además de prestar sus servicios diariamente, de manera habitual y sistemática, para una empresa cuyo objeto social era la construcción y trabajos de reparación y conservación, actividad totalmente incompatible con su condición de funcionario.

La Diputación ha dado por probado que para el expedientado sus funciones como empleado público estaban subordinadas a la segunda actividad privada que desarrollaba en la empresa y que para su ejercicio utilizaba medios y recursos que la institución foral ponía a su disposición. Que primero era su negocio privado y después, ese trabajo público y seguro «para toda la vida». El agravante, en este caso, consiste en que para cometer ese fraude se ayudaba de un vehículo oficial que utilizaba para uso particular y un teléfono móvil 'foral' desde el cual realizaba infinidad de llamadas personales y para la gestión ordinaria de su empresa.

Código ético

Tras la apertura de un expediente, la consiguiente investigación y la acreditación de las faltas, ha sido el propio consejo de Gobierno de la Diputación el que ha tomado la decisión sin precedentes de despedir a uno de sus trabajadores fijos, medida que puede tener su efecto disuasorio ante otros posibles fraudes.

La medida se puede interpretar como el golpe sobre la mesa que el departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad ha propinado para dar credibilidad a su discurso sobre la ejemplaridad. Ya en el inicio de la legislatura, en verano del año pasado, anunció un «marco de valores y principios de buena gobernanza e integridad institucional» que ha desembocado en un código ético de conducta.

Este código foral pretende ir más allá del aprobado por el Gobierno Vasco en 2013, con lo que es «pionero» en Euskadi, según destacó en su momento Imanol Lasa. El objetivo final es, tal y como recoge el portavoz foral al ser interpelado por el despido, que «la Diputación sea lo más ejemplar posible, tanto en el comportamiento de sus altos cargos, como en el de sus trabajadores».

Lasa explica que «la Diputación quiere con su acción representar la Gipuzkoa ejemplar que actúa con unos valores y unos principios». Establece paralelismos entre el deber de los cargos políticos y el de los funcionarios. «De la misma manera que los representantes públicos y políticos recibimos una reprimenda cuando no cumplimos con nuestro cometido de una manera honrada, lo mismo va a pasar con los funcionarios», explica para concluir que «la buena gobernanza significa actuar con diligencia y rigor, pero también con principios y valores, dentro de un código ético».

Al hablar de su código ético, la Diputación Foral de Gipuzkoa ya advirtió que está obligada a erradicar conductas de personas funcionarias que puedan suponer «una desviación de los fines que le son propios, no ya solo en defensa de los intereses de la ciudadanía en general sino, también, en defensa de la imagen del resto del personal funcionario que realiza su actividad encaminada al servicio público con profesionalidad y sujeción a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, dedicación al servicio público y honradez».

Con el caso del funcionario despedido, la Diputación ha querido recalcar el daño al interés público realizado. Ha considerado asimismo que la relevancia exterior del puesto de trabajo del funcionario menoscababa de manera grave la credibilidad y la imagen de la propia institución y del personal a su servicio.

Diligencia y honradez

En este sentido, Imanol Lasa destaca que «la Diputación ha sido una casa gestionada en años de una manera digna, y el resultado es visible, pero precisamente porque la gran mayoría de funcionarios ha sido un ejemplo de diligencia y hornadez, en favor de ellos, cuando alguien no cumple con ese código, se entiende que tiene que ser sancionado».

La excepcional medida emana del sistema de integridad institucional de la Diputación, pero Lasa cree que la sociedad demanda este tipo de decisiones. «Los ciudadanos nos exigen ser ejemplo, de la misma manera que se hace en la empresa o el mundo asociativo de Gipuzkoa. Por algo hay una buena idea de la gestión del capital social del territorio, porque se actúa con honradez», dice Lasa.

Aunque el mencionado sistema se aprobó en un primer momento para cargos políticos, «hay un compromiso para trasladarlo a todo el personal de la casa», explica el diputado foral de Gobernanza. Con orgullo, sentencia que «está siendo referencia y ejemplo para muchas administraciones del Estado».

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