Diario Vasco

Gipuzkoa ha legalizado el 66% de las viviendas turísticas no regladas

  • Las ciudades quieren distinguir entre pisos con ese uso y apartamentos de las plataformas como Air BNB, a las que ya empiezan a cobrar

La intervención del alcalde Eneko Goia en Barcelona se centró en el informe elaborado por la Sociedad de Fomento sobre apartamentos turísticos en la ciudad, un informe que puso de relieve que el mercado de este tipo de alojamientos en San Sebastián era mucho mayor que lo que preveía el propio alcalde. Después de la aprobación de la Ley de Turismo, el 1 de septiembre se abrió el registro para regularizar cualquier vivienda o habitación que se destine a uso turístico y, aunque con cuentagotas, estos alojamientos van apuntándose al listado. En Gipuzkoa se estimaba que había 502 no regladas, pero según los últimos datos del departamento de Turismo del Gobierno Vasco, 339 ya se han dado de alta, lo que supone el 66% del total estimado.

En Bizkaia y Álava las altas también se han incrementado en el último mes. En el primer territorio ya son 157 frente a las 64 que estaban registradas el pasado 22 de septiembre. En Álava ascienden a 27, 11 más que las de finales de ese mes. En total, el registro del Ejecutivo cuenta ya con 523 viviendas que se destinan a usos turísticos.

En la reunión de Barcelona, tal y como también opina Goia, se ha vuelto a establecer la diferenciación entre lo que se conoce como viviendas de uso turístico, que se agrupan en asociaciones como Aperture, y apartamentos turísticos que aparecen englobados en lo que se llaman plataformas de economía contributiva, la más conocida de ellas Air BNB.

«Son los que más problemas nos plantean, porque se trata de una compañía con sede fiscal en Irlanda o Luxemburgo y, por tanto, no paga impuestos y son muy complicados de controlar para las instituciones. Y necesitamos mecanismos para hacerlo. Es cierto que con Barcelona mantiene una relación que se podría calificar como muy mala, pero con otras ciudades como Amsterdam y Lisboa ha llegado a acuerdos para declarar a sus ayuntamientos cuántas viviendas tiene y pagar una tasa por ellas. Es una iniciativa a compartir».

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