Diario Vasco

La oposición exige garantías en el traspaso de las residencias municipales

La diputada Maite Peña, junto con la directora de Organismos Públicos, Elena Basagoitia, y la gerente de Kabia, Arantza Lekuona.
La diputada Maite Peña, junto con la directora de Organismos Públicos, Elena Basagoitia, y la gerente de Kabia, Arantza Lekuona.
  • El Departamento de Política Social está realizando una auditoría para conocer las diferentes condiciones laborales en los centros

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El traspaso a manos de la Diputación de las doce residencias de personas mayores que todavía gestionan los ayuntamientos 'aterrizó' ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde fue sometido al análisis de los grupos. La diputada de Política Social, Maite Peña, presentó la hoja de ruta del órgano autónomo de Kabia, que arrancará con los cinco primeros centros en 2017 y se completará en 2019 con un calendario de adaptación progresivo. En líneas generales, el Departamento asumirá la gestión de estos doce geriátricos, en cumplimiento con la Ley de Servicios Sociales y del mandato de la propia Cámara guipuzcoana. Supondrá un gasto añadido de siete millones de euros al año para las arcas forales y un reto no exento de «dificultades», reconoció Peña, por el hecho de tener que englobar en un único modelo las diferentes formas de trabajo y atención de cada una de las doce residencias, incluyendo la integración de sus trabajadores, que se presenta como uno de los capítulos más delicados.

Los grupos exigieron garantías para que en el camino no se pierdan ni derechos laborales ni se resienta la calidad de la atención a los usuarios. Podemos y EH Bildu se mostraron especialmente preocupados por las condiciones del personal subcontratado. «Los trabajadores están intranquilos», dijo Mónica Mora, representante de la formación morada. Por su parte, el juntero de la coalición abertzale Ernesto Merino planteó sus dudas sobre qué pasará con ese colectivo: «Nos preocupa especialmente su futuro. ¿Qué va a pasar? Además, se prevé cerrar las residencias de Pasaia e Irun para construir dos nuevas. ¿Qué pasará con las trabajadoras de los actuales centros?», preguntó.

Peña dio a conocer que el Departamento que dirige está realizando una auditoría para conocer las distintas condiciones laborales de cada residencia y garantizó que «los trabajadores no se van a ver afectados» por el cambio de gestión. Precisó que los empleados funcionarios tendrán la opción de elegir si se integran en Kabia o continúan en otras funciones municipales, mientras que «las personas subcontratadas van a seguir en la misma situación que la actual. Nos hemos ocupado de garantizar sus condiciones laborales», insistió ante las preguntas de la oposición.

Los grupos coincidieron en la necesidad de completar el proceso de integración de estos centros y en mostrar su preocupación por cómo se hará. El juntero del PP Juan Carlos Cano admitió que se trata de un «proceso complejo» y reclamó que «el servicio a los usuarios no se resienta, sino que mejore». Mónica Mora, de Podemos, pidió «más transparencia» con los grupos municipales de los ayuntamientos concernidos.

Desde el PSE -socios de gobierno junto al PNV-, Susana García Chueca se felicitó por que el modelo de Kabia haya sido acordado con el sector y con los municipios, incorpore un calendario y cuente también con un plan económico. La juntera socialista recordó que este asunto lleva sobre la mesa desde hace tres legislaturas.

La voz más crítica con la exposición de la diputada fue la de Merino, de EH Bildu, quien acusó al departamento de «incumplir la norma foral 12/2014 -aprobada por el anterior gobierno foral de Bildu-» y que recogía una fecha tope para asumir la gestión de todas las residencias municipales en 2018, un año antes del calendario aprobado ahora por el ejecutivo guipuzcoano. «La actuación de la Diputación no tiene ni pies ni cabeza -dijo-, está colocando en una situación preocupante a las trabajadoras de las residencias municipales y, además, actúa sin consultar a residentes, familiares, representantes municipales y sindicatos».

Maite Peña negó tales acusaciones y afirmó que «si fuera necesario modificar la norma foral, se hará», al tiempo que reprobó a EH Bildu que hubiera arrancado con Kabia «sin contar con ningún respaldo».

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