Diario Vasco

Piden cárcel para una cuidadora acusada de robar a mayores en dos residencias de Donostia

  • La mujer sustrajo joyas a personas que vivían en Txara I y en el centro Sanitas por una cuantía de 8.000 euros

Se llevó cuantas joyas pudo y alguna más. Una mujer que se dedicaba al cuidado y asistencia de personas mayores en Gipuzkoa se enfrenta a una solicitud de condena de tres años de prisión. Además, la Fiscalía Provincial le pide que devuelva el valor de las alhajas que sustrajo, cuya cuantía ascendió a 8.420 euros.

La acusada, nacida en Colombia, trabajó como auxiliar en geriatría en la Residencia Sanitas de San Sebastián durante casi un año y también varios meses en el centro Txara I, perteneciente a la Diputación.

Según el escrito de conclusiones provisionales elaborado por la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, durante los nueves meses que la acusada prestó sus servicios en Sanitas, sustrajo joyas a diversas personas mayores que vivían en el citado complejo residencial. De esta forma, a una de ellas le robó una medalla de oro tasada judicialmente en 585 euros, y también le sustrajo una pulsera asimismo de oro valorada en 650 euros además de un anillo. La acusada se apropió igualmente de efectos que pertenecían a otras nueve mujeres. A una de ella, le robó objetos cuyo precio ascendió a 2.380 euros.

Anillos, piedras blancas, alianzas pendientes, collares de diferentes metales preciosos constituyeron el grueso del botín.

La Fiscalía sostiene que la acusada se apropió de joyas valoras en 8.420 euros. La cuidadora vendió parte de este material en establecimientos de compraventa de oro de la ciudad. La Policía pudo recuperar algunas de estas piezas por un valor de 2.455 euros.

La Fiscalía de Gipuzkoa considera que los hechos cometidos por la acusada son constitutivos de dos delitos continuados de hurto, uno los cuales se habría cometido en el centro de Sanitas y el otro en Txara I, donde la mujer trabajó los meses de junio y julio de 2013.

Por cada uno de ellos, el ministerio público solicita un año y seis meses de prisión, de manera que totalizan tres años, lo que acarrearía su ingreso en prisión.

Además, la acusación pública exige que en el caso de que la situación administrativa de la investigada en el país fuese «irregular» se sustituya la pena privativa de libertad por la de expulsión del país.

El ministerio público solicita igualmente que los centros en los que las víctimas permanecían ingresadas respondan subsidiaria mente de las sustracciones cometidas.

El juicio por este caso está previsto que se celebre próximamente en el Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián. No obstante, fuentes próximas al caso indican que la acusación y la defensa llegarán probablemente a una conformidad en la solicitud de la pena, de manera que no será preciso que acudan las numerosas testigo citadas, algunas de las cuales, dada su avanzada edad cuando acontecieron los hechos, ya han fallecido.

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