Diario Vasco

Se extiende el perfil de mujer divorciada a la que se asigna el piso junto a sus hijos

  • El portavoz foral, Imanol Lasa, anuncia que la iniciativa tendrá continuidad con el fin de reducir la desigualdad en el territorio

El servicio de la Diputación para asistir a ciudadanos de Gipuzkoa que estén en riesgo de perder su vivienda habitual, o de exclusión social derivado de situaciones de sobreendeudamiento ha cumplido un año, pero la buena acogida de los afectados y la valoración satisfactoria del Gobierno foral garantizan su continuidad. El portavoz de la institución, Imanol Lasa, anuncia que «nuestro compromiso es dar continuidad a la iniciativa y reforzarla».

El objetivo será llegar a todo el territorio. Para ello, el servicio cuenta con varios despachos en todas las comarcas, compuestos por un total de siete profesionales, todos con experiencia en la defensa de estos casos y una trayectoria en plataformas y movimientos sociales de este ámbito. Lasa explica que «lo que hacemos es reequilibrar con el apoyo de la ley y el soporte de la Diputación la situación de inferioridad en la que se encuentran las familias».

La letrada adjudicataria del servicio, Yolanda de Pablo, confiesa que «mucha gente no sabe que existe justicia gratuita y no sabe a dónde ir», y alerta de que si bien la mayoría de bancos se han acogido al real decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, «en la práctica no suelen conceder la dación en pago o un alquiler social». Además del empeño del grupo de abogados del servicio, reconoce que «el respaldo de la Diputación se nota, y hasta el propio diputado general ha descolgado el teléfono para mediar».

A propuestas del Colegio de Abogados, ya hubo un turno preprocesal hipotecario para evitar ejecuciones en 2012. La Diputación financiaba el letrado que intervenía en el caso para que el ciudadano pudiera defenderse. Ahora se da un paso más y es la propia institución foral la que crea un equipo que pone al servicio de la ciudadanía, «y al que estudiamos si podemos añadir otros canales de acceso», explica Yolanda de Pablo (610 05 77 38).

De momento, son los servicios sociales de los ayuntamientos los que ejercen de intermediarios con quienes acreditan una serie de requisitos. Afirma Imanol Lasa que «la inciativa se enmarca dentro del objetivo de la Diputación de lograr que Gipuzkoa sea uno de los territorios con menor desigualdad de Europa».

En cuanto al perfil de usuarios del servicio, De Pablo destaca que «ha sido notablemente mayor el número de mujeres» y alerta de que es habitual el caso de «la mujer divorciada a la que se le asigna junto con sus hijos el uso de la casa». Subraya que a menudo concurren razones de discapacidad o problemas sociales o familiares.

El servicio solo interviene a nivel procesal de modo excepcional. Tan solo en casos en que no se concede la justicia gratuita por sobrepasar por poco los ingresos económicos para acceder a la misma, o en situaciones de urgencia en que ya se ha señalado fecha para subasta o desahucio y el Juzgado no suspende el procedimiento por petición de justicia gratuita.

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