Diario Vasco

La Fiscalía vuelve a archivar la investigación que abrió por el perjuicio de parar la incineradora

Imagen del solar de Zubieta en el que se va a construir la incineradora.
Imagen del solar de Zubieta en el que se va a construir la incineradora. / MICHELENA
  • El fiscal superior, Juan Calparsoro, reconoce que «no se han acreditado elementos necesarios para el ejercicio de acciones penales»

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El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha vuelto a dar carpetazo a la investigación sobre un posible delito en la paralización de las obras de la planta incineradora de Zubieta, llevada a cabo en la anterior legislatura por EH Bildu. Tres años después de que el ministerio público abriera diligencias informativas de oficio -por iniciativa propia- para conocer si las cuantiosas indemnizaciones que se están pagando son consecuencia de una mala gestión de los responsables en aquel momento de Gipuzkoako Hondakinen Kontsorzioa (GHK), todo ha vuelto a quedar en papel mojado, al archivar por segunda vez la investigación.

En su decreto de archivo, fechado el pasado 15 de septiembre, Calparsoro entiende que «no se han acreditado elementos necesarios para el ejercicio de acciones penales, sin perjuicio de más pruebas que en el futuro puedan obtenerse». Así las cosas, el fiscal superior del País Vasco sí reconoce en el escrito que ha habido «consecuencias de todo tipo para el territorio de Gipuzkoa, como la necesidad de buscar vertederos en otros territorios donde depositar los residuos, y el pago de elevadas cantidades económicas por los intereses de los créditos obtenidos para hacer frente a la construcción de la incineradora».

Calparsoro reconoce que ha podido haber un perjuicio patrimonial, pero lo desvincula de un posible delito penal, abriendo la puerta de la vía civil. Así, asegura que «sobre posibles responsabilidades civiles por indemnizaciones de daños y perjuicios exigibles a los responsables de la paralización de la infraestructura o a lo que licitaron y celebraron los contratos con las empresas constructoras que posteriormente se paralizaron y con los bancos para la obtención de los créditos que luego no se utilizaron, o a ambos, corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa su reclamación, al ser la perjudicada patrimonial», incide en el escrito.

La investigación llevada a cabo por Calparsoro tiene su origen en la decisión del anterior gobierno foral -dirigido por EH Bildu- de paralizar la planta incineradora que se iba a construir en los terrenos de Zubieta. A partir de ahí, el terremoto político provocó que el ministerio público entrara a actuar de oficio para investigar si las decisiones de la Administración habían sido ilegales y lesivas para la ciudadanía. «Mi interés es analizar la cuestión desde el punto de vista de la legalidad y del interés social. Creo que los ciudadanos de a pie no tienen que pagar los errores cometidos en las inversiones públicas o por los derroches económicos o las discrepancias políticas», argumentó en julio de 2013 cuando abrió por primera vez las diligencias.

La paralización de la obra provocó que GHK tuviera que indemnizar con once millones de euros a las empresas que ganaron el concurso. La obra fue adjudicada en la primera legislatura de Markel Olano como diputado general a FCC, Serbitzu, Altuna y Uria, Moyua y AEE Innova.

En aquel momento, Calparsoro incluso llegó a calificar de «escandalosa» la posibilidad de que los guipuzcoanos acabaran siendo los perjudicados por culpa de una gestión deficiente. «Merecen respuestas. No puede ser que por legítimas discrepancias entre los partidos esos millones de euros de los que se hablan tengan que salir del bolsillo de la gente de a pie». Incluso señaló que si algún gestor resultara responsable de las indemnizaciones respondería con su patrimonio. «El responsable podría ser acusado de prevaricación o malversación de caudales, entendido en este último caso como gestión arbitraria de los intereses públicos. En estos supuestos, sí respondería con su patrimonio, aunque además habría que aportar dinero del presupuesto para satisfacer las compensaciones», señaló Calparsoro.

Proyecto «impecable»

Desde el punto de vista medioambiental, Calparsoro se atrevió a señalar que el primer proyecto era «impecable. Se había optado por la tecnología más moderna. En ambos aspectos (medioambiental y técnico) no cabe ninguna duda de que la incineradora cumplía con todos los requisitos. No ha habido nada irregular». Y también añadió que «el proyecto se ha redactado cumpliendo con todos los requisitos».

Pero apenas seis meses después de que el fiscal general decidiera abrir de oficio las diligencias, Calparsoro determinó el archivo provisional de la investigación. El archivo se produjo a la espera del resultado de los pleitos en los que estaba involucrado GHK y del conocimiento de la carga financiera definitiva que conllevó la paralización de las obras de la planta de Zubieta. Así, argumentó que los pleitos eran «cuestiones prejudiciales previas a un eventual procedimiento de otro orden». «Las actuaciones de los actuales gestores conllevan un coste económico para las arcas públicas», sentenció Calparsoro nada más archivar las investigaciones. Calparsoro tomó esta decisión después de citar a declarar a los principales responsables de la Diputación y GHK, en manos de EH Bildu.

La sentencia sobre los 'swaps' en enero del año pasado abrió una nueva página de esta historia. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia señaló que los contratos de los anteriores gestores del PNV con el Santander, La Caixa y Price Watherhouse se ajustaban a la legalidad. La demanda interpuesta por GHK -cuando EH Bildu seguía dirigiéndola- para declarar nulos los contratos provocó que GHK debía seguir pagando 600.000 euros al mes durante toda la vida del crédito: 68 millones de euros por una infraestructura inexistente.

Así, Calparsoro decidió reabrir diligencias a petición de la Mancomunidad de San Markos, ya que en su opinión la construcción de la incineradora emanaba de una norma foral de las Juntas Generales. «Esta norma tiene valor jurídico, igual que las tributarias. El Consorcio de Residuos no puede tomar decisiones que vayan en contra de las normas aprobadas». «Se están pagando unos intereses por una infraestructura que no está funcionando», dijo. Ahora, más de un año después, la investigación ha quedado archivada.

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