Gipuzkoa da el paso para romper con 20 años de bloqueo al peaje de camiones en la N-1

Hasta ahí, nada nuevo. Lo noticioso de la mañana consistió en que el colapso sobre el asfalto no vino esta vez acompañado de otro institucional en la Cámara guipuzcoana. Al enésimo embrollo en la vía de la discordia siguió esta vez el atisbo de un acuerdo político en la sede de la soberanía guipuzcoana. «El día del desbloqueo», bautizó la jornada de ayer la diputada foral, consciente de que la cuestión arrastra dos décadas de propuestas infructuosas.

Ninguno de los grupos junteros opuso resistencia a los objetivos que persigue la norma foral. Por unanimidad o por mayoría, será aprobada «a finales de este año», según adelantó Oiarbide. «La adjudicación está en marcha, ya hemos empezado a recibir ofertas de diversas empresas, y para finales de 2017 será una realidad», subrayó.

Lo de redirigir tráfico pesado hacia la AP-1 y la AP-8 para aliviar la concentración y la contaminación de la N-1, y lo de hacer que todos los camiones no guipuzcoanos que atraviesan el territorio entre Irun y Etzegarate contribuyan a financiar la carretera -tres millones de euros de todos los guipuzcoanos podrán orientarse a otro tipo de necesidades cada año- son deseos compartidos. Así se lo hicieron saber a la responsable foral los distintos portavoces. A partir de ahí empiezan los matices, y cada partido los traducirá en aportaciones al texto que ayer inició su tramitación.

La primera enmienda, en forma de recriminación política, le llegó a la Diputación desde EH Bildu. ¿Por qué ahora sí?, planteó la coalición abertzale tras escuchar en boca de Aintzane Oiarbide que el anterior Ejecutivo foral «no fue capaz» de concitar el acuerdo en torno a esta cuestión. Su portavoz, Iban Asenjo, le cuestionó «por qué estuvo antes en contra de nuestra propuesta cuando las normas forales son similares?». Censuró que «no hicisteis ninguna aportación a nuestro texto» y, en contraposición a semejante actitud, adelantó que «nosotros sí haremos nuestras propuestas para enriquecer la norma». Conclusión: «Vuestra apuesta fue castigar a un Gobierno aunque los perjudicados fueran los guipuzcoanos», dijo Asenjo.

La diputada foral explotó la virtud más reivindicada del proyecto en su respuesta. «Vuestro sistema Arkupe tenía catorce puntos de cobro y penalizaba el transporte local», argumentó. Reconoció que la tecnología que se empleará para establecer el nuevo canon en el eje de la N-1 «sí puede ser parecida» a la manejada por la anterior Diputación, pero ensalzó el diseño por el cual «se da un trato diferente al transportista local».

La diputada foral reiteró la intención de que sean los camiones foráneos -el 60% de esos 12.000 diarios- los que carguen con la mayor parte de la financiación de la carretera, prioridad que ha propiciado la búsqueda de la fórmula jurídica que mejor combinara legalidad y trato de favor hacia los locales.

«Presiones» a la diputada

El resultado ha consistido en dividir la zona de cobro en tres trayectos, de manera que solo quien atraviese todo el eje Irun-Etzegarate tenga que pagar un máximo que, en cualquier caso, quedará por debajo de los 10 euros, es decir, la suma de lo que cobrará cada uno de los tres pórticos situados en cada sentido en Irun, Andoain y Etzegarate.

La carga del importe se centrará en los extremos del eje, de manera que quienes circulen dentro del ámbito de cobro pero sin sobrepasar esos dos límites solo abonarán al sistema un tope de 0,70 euros si son vehículos de menos de doce toneladas y de 0,85 euros si superan este pesaje cuando atraviesen el paso por Andoain. Los servicios jurídicos han delimitado un tramo mínimo de 2,2 kilómetros en ese punto intermedio para conseguir justificar dicho precio ante los criterios europeos que dictan cuánto cobrar en función de distancia y tipo de vía. No obstante, se trata de tarifas orientativas. Las exactas se fijarán a finales de 2017 -el peaje empezará a funcionar a inicios de 2018-, contando con costes de explotación más específicos de las pruebas realizadas.

Ha sido la controversia con mayúsculas del proyecto. La contestación del sector del transporte. Y al respecto, la diputada foral reveló que «desde el Comité Nacional del Transporte de España, al que remite la patronal guipuzcoana, me han enviado cartas para, de alguna manera, presionarme». Sin entrar al detalle, citó «prácticas que no voy a permitir bajo ningún concepto». También señaló que «hay otros segmentos del negocio del transporte que lo ven como una necesaria actuación y piden un trabajo con la Diputación para buscar otra clase de réditos o inversiones que ayuden al sector». Oiarbide se comprometió a trabajar en esta dirección, «siempre dentro del marco de lo que establecen las directivas europeas».