Diario Vasco

Bizkaia y Álava también abordan la actualización durante el 2016

  • El encarecimiento en los municipios vizcaínos ha sido mayor que el que se prevé en Gipuzkoa, mientras que Vitoria ha sufrido una devaluación

Los guipuzcoanos no serán los únicos que el año que viene empezarán a pagar un IBI diferente al de los últimos ejercicios. Las diputaciones forales de Bizkaia y Álava han enviado durante este mes de septiembre las notificaciones individuales con las que se informa a los contribuyentes de los nuevos valores catastrales de su propiedad y del importe del recibo que van a tener que abonar en 2017.

Las tendencias de ambos territorios son opuestas. Mientras que el valor de los inmuebles de Bizkaia se va a multiplicar de media por cuatro desde la última vez que se revisó el catastro -hace ya tres décadas-, la Hacienda alavesa ha actualizado el nuevo precio de los bienes inmuebles de Vitoria concluyendo que, por término medio, ha bajado un 35% como consecuencia de la crisis desde la última tasación de 2005.

En Gipuzkoa, la Hacienda foral ya comenzó a trabajar el terreno en 2015. El Gobierno de la anterior legislatura plasmó en su proyecto de Presupuesto para 2015 que «existiendo indicios de estabilización del mercado inmobiliario parece conveniente comenzar los estudios previos a la revisión catastral adaptando los valores a la realidad económica del momento».

Como en casi todas las medidas que tienen impacto en los bolsillos de los ciudadanos, la revisión del catastro suele dar pie a un ya clásico debate entre defensores y detractores. Los primeros alegan que tiene un efecto redistribuidor, limita las posibles injusticias -los edificios más antiguos del centro de las ciudades pueden tener un valor inferior al de uno reciente de VPO de las afueras- y se previene el fraude inmobiliario.

Los detractores recelan de la música y advierten que su objetivo real no es otro que engordar la bolsa de los ayuntamientos, necesitados por los muchos frentes que deben atender. En ese sentido, recuerdan que el IBI -la contribución- que los municipios cobran basándose en el valor catrastal del inmueble es la principal fuente de ingresos municipal.

Especial revuelo mediático ha provocado el anuncio de la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena de revisar del valor catastral en 22 barrios de la capital que permitirá bajar el IBI entre un 20% y un 40% a 370.981 propietarios -uno de cada cuatro del total de la ciudad- de los distritos de Carabanchel, Villaverde, Usera, Villa y Puente de Vallecas a partir del año que viene. En el resto de la ciudad, los recibos no se verán afectados por esta medida.