Diario Vasco

Programas 'araña' e inspectores rastrean ya pisos turísticos ilegales

El aspecto del Boulevard de Donostia en un día de verano deja ver la masiva afluencia de turistas que recibe la capital guipuzcoana en periodo vacacional.

El aspecto del Boulevard de Donostia en un día de verano deja ver la masiva afluencia de turistas que recibe la capital guipuzcoana en periodo vacacional. / ARIZMENDI

  • Más del 30% de las viviendas turísticas alegales de Gipuzkoa inicia su regulación

  • Gobierno Vasco y Hacienda foral afinan sus herramientas informáticas de control del fraude

  • 154 alojamientos de los 500 no reglados se han apuntado al registro obligatorio que entró en vigor hace tres semanas

Las instituciones vascas afinan sus herramientas informáticas para el control de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico, dos figuras que la nueva ley distingue en su tratamiento de este fenómeno creciente en el País Vasco. El objetivo es hacer aflorar 502 viviendas, solo en Gipuzkoa, que ahora mismo no están regladas y que representan la mitad de todo el parque inmobiliario dedicado a este fin. De momento, y antes de que se intensifiquen las inspecciones, ya hay 154 pisos en el territorio que han acudido al registro creado.

Más allá de que se considere que estamos en el periodo inicial de la ley, el departamento de Hacienda de la Diputación guipuzcoana ya advirtió en julio que estrecharía el control fiscal a estos alojamientos una vez que contara con los datos del nuevo registro. Por su parte, el Gobierno Vasco, a quien le corresponde la inspección de la ley, estaría diseñando, según fuentes del sector, un software de tipo 'araña', un programa que explorará los portales web que presentan esta oferta y que es capaz de rastrear a través de los hilos informáticos que ponen en contacto a arrendatario y arrendador. «Tienen más trabajo hecho del que se reconoce públicamente», comentan las fuentes consultadas, que critican el volumen de negocio 'en negro'. Se habla incluso de que se están produciendo bajas en la oferta de empresas que actúan de forma legal por el peso de unos impuestos «que otros no pagan».

Desde el ejecutivo autónomo se aclaró ayer que, de momento, el esfuerzo que realiza el departamento de Turismo se centra en responder a las consultas que plantean principalmente los particulares sobre cómo puede afectarles la nueva ley y para tramitar las altas que se puedan producir en su nuevo registro.

En Gipuzkoa, el panorama que reflejan los últimos informes muestra unas mil viviendas de uso turístico de las que quinientas están agrupadas en el sector reglado de la asociación Aparture. Otras quinientas más se han mantenido en una situación alegal, una especie de limbo protector, hasta que se aprobó el pasado mes de julio la Ley de Turismo que regula aspectos que les impedían figurar en un registro y regularizar su situación.

La primera semana se apuntaron a ese registro 35 pisos que se dedican a uso turístico en Gipuzkoa. Hasta ayer mismo, el Gobierno Vasco ha contabilizado en su registro 154 viviendas ubicadas en el territorio, lo que supone algo más del 30% del total de esos pisos que se espera que afloren con la nueva normativa, antes de que los mecanismos institucionales de control se pongan en marcha. Las multas, se advierte, pueden llegar a los 600.000 euros.

El número de viviendas registrado en estas tres semanas satisface a los responsables de Turismo del ejecutivo de Vitoria. Los datos del resto de los territorios de la Comunidad Autónoma también son alentadores, ya que Bizkaia ha registrado 64 viviendas y 20 habitaciones, y Álava ha iniciado 16 expedientes de viviendas y dos de habitaciones. En Gipuzkoa, las habitaciones son 32. Se trata de propietarios que no alquilan la casa en su totalidad, sino que destinan una o dos para albergar a turistas.

El control informático a través de la 'araña' del Gobierno Vasco, que cuenta además con un cuerpo de inspectores para detectar pisos ilegales, se verá complementado por un operativo de la Diputación que se promete eficaz y que está diseñado para detectar la bolsa de fraude en las plataformas, en las empresas y entre los propietarios.

Lo que sí está claro es que las nuevas determinaciones que recoge la ley aprobada por el Parlamento Vasco deben permitir que aflore todo ese mercado 'en B', el que no cotiza, para poder controlarlo y regularlo y para que compita dentro del sector turístico en igualdad de condiciones. Con su correspondiente cotización a Hacienda.

Para ello parecía imprescindible que la normativa recogiera una diferencia que no estaba contemplada hasta ahora entre apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. El primer caso, el más habitual en el Mediterráneo, habla de conjuntos de pisos que se destinan a visitantes, que están agrupados, tienen servicios comunes y necesitan licencia de actividad.

Modelo guipuzcoano

No es el modelo guipuzcoano más habitual y desde luego no el donostiarra, cuya oferta se agrupa sobre todo dentro de esa calificación que se ha denominado vivienda de uso turístico. Se trata de pisos que están situados en edificios residenciales diseminados por la ciudad, normalmente bien situados y a los que solo se les exige ahora cédula de habitabilidad. La propiedad es dueña en todo momento de la licencia y puede cederlo por el plazo de tiempo que sea a una empresa como alguna de las catorce integradas en Aparture, que se encarga de sacarlo al mercado, hacer las gestiones o contratar la limpieza.

Algunos de estos pisos, explican desde el sector, no podían regularse hasta ahora porque no contaban con licencia de actividad, estaban aislados y no en conjuntos y, sobre todo, porque no se encontraban en la primera planta, una cláusula que impone el Plan General vigente en San Sebastián.

Este condicionante de la primera planta va a ser modificado, tal y como aconsejan los expertos en el informe encargado por la Sociedad de Fomento a una empresa especializada y que ahora mismo es una especie de guía de actuaciones para el Ayuntamiento donostiarra.

Se calcula que dentro de seis meses podría estar lista la tramitación urbanística, que permitirá que la vivienda del 5ºB o del 3ºA pueda ser arrendada para usos turísticos. Figurará así en el registro del Gobierno Vasco y cotizará a Hacienda, formando parte del mercado controlado. Tampoco el 76% de los pisos reglados cumple esa norma de la primera planta, que está a punto de modificarse.