Diario Vasco

Una plaza en una residencia de Gipuzkoa cuesta una media de 2.500 euros al mes

Casi 6.000 personas mayores fueron atendidas el año pasado en residencias en Gipuzkoa. Siete de cada diez usuarios son mujeres.
Casi 6.000 personas mayores fueron atendidas el año pasado en residencias en Gipuzkoa. Siete de cada diez usuarios son mujeres. / REUTERS
  • La mejora en la calidad de la atención a los mayores y los costes laborales han elevado la factura

  • El precio, entre los más altos del sector en el Estado, se cofinancia entre el usuario, en función de sus ingresos, y la Diputación

Las plazas en residencias de personas mayores son insuficientes para cubrir la demanda actual y también son cada vez más caras. El coste medio ronda los 2.500 euros al mes, o lo que es lo mismo, los 80 euros al día, según la última información publicada por Eustat. La factura se ha duplicado en algo más de diez años y sitúa los precios del territorio, así como los del resto de geriátricos de Euskadi, entre los más caros del Estado, donde el precio medio en una residencia está en 1.800 euros.

En Bizkaia, el coste medio supera los 2.000 euros al mes, mientras que Álava lidera los precios con costes de alrededor de 2.600 euros al mes. A la hora de comparar los precios medios no hay que pasar por alto la configuración de la red: cuánto peso tiene el sector privado, el público y el concertado. Gipuzkoa se caracteriza por un peso equilibrado en el que predomina la responsabilidad pública (con plazas 100% públicas y otras concertadas), orientado a empresas del Tercer Sector. En Bizkaia tienen más protagonismo las empresas privadas, mientras que en Álava predomina lo público.

Las causas de estos altos costes se atribuyen a las mejoras introducidas en la atención que han permitido dotar de mayor calidad a la asistencia, pero principalmente al convenio del sector, por encima de las condiciones estatales como ocurre en todos los sectores laborales. La mejora «generalizada» experimentada en los últimos años en las nóminas de los trabajadores es una realidad, aunque puedan persistir diferencias entre centros en función de su titularidad -públicos, privados y concertados- o siga habiendo demandas del colectivo por satisfacer.

La fotografía de la evolución de los costes se recoge en el informe firmado por el Centro de Documentación y Estudios SIIS por encargo de la Diputación para diagnosticar la situación del sector y plantear las medidas de choque ante el reto del envejecimiento, un plan estratégico a cuatro años presentado esta semana y que pasa por concertar 300 nuevas plazas, con una inversión de 4,3 millones, y construir dos nuevas residencias. También se propone reforzar con 2 millones de euros la prestación vinculada al servicio, que reciben los usuarios que optan por ingresar en una residencia privada mientras esperan un sitio en la red pública (o concertada).

Un sector femenino

El informe del SIIS, que será presentado en Juntas Generales, constata que desde 2002 el 60% del aumento del coste del servicio en las residencias de Gipuzkoa (públicas y concertadas) se ha debido a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, en un sector mayoritariamente femenino, donde nueve de cada diez trabajadores son mujeres. Se calcula que un 70% de lo que cuesta mantener una plaza en una residencia son costes laborales.

El otro 40% de aumento de los precios en los últimos años se atribuye a la creación de plazas, un crecimiento que se ha quedado corto para atender a la demanda actual, visto el aumento de las listas de espera para entrar en una residencia, que ha alcanzado su mayor nivel de la serie histórica recogida en la base de datos de la Diputación, Behagi.

Las 866 personas apuntadas a finales de junio suponen un 54% más que hace menos de tres años. En noviembre de 2013, cuando arranca la serie estadística mensual, había 560 personas mayores a la espera de recibir la llamada para ingresar en un centro residencial. El tiempo medio de espera se situaba en junio en 127 días. Las mayores carencias se han detectado en las comarcas del Bidasoa y en Oarsoaldea, donde las actuaciones previstas por la Diputación serán prioritarias. En Irun se abrirá una nueva residencia (en Arbes), y otra en Pasaia, que se proyecta además como un centro de referencia para el sector.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que siempre existe una lista de espera «técnica», que se calcula en torno al 10% de la oferta total para hacer frente a la rotación de plazas, pero la evolución al alza resulta incontestable.

Ya se admite sin ambages desde la Diputación que la planificación se ha quedado corta y que habrá que hacer un esfuerzo inversor en nuevas plazas para satisfacer una demanda que sigue creciendo al compás de un rápido envejecimiento. Se calcula que para 2030 el peso del colectivo de mayores de 65 años llegará al 30% de la población, casi el doble que ahora. Además de al sector residencial, el reto de atender a una población envejecida, y con un mayor grado de dependencia, interpela directamente a la red de atención primaria, que es competencia municipal, y en la que se incluyen todos los cuidados en el domicilio y recursos como pisos tutelados o viviendas comunitarias.

¿Quién paga?

¿Y quién paga lo que cuesta la residencia? Pues depende. El coste de la atención residencial se comparte entre lo que aporta el usuario (copago) y la parte que financia la Diputación. El cálculo se realiza a partir de los ingresos de la persona mayor -en Gipuzkoa no se computa la vivienda habitual-. La aportación que deberá realizar será proporcional a su nivel de renta y patrimonio líquido (sus ahorros). La diferencia entre la cifra que resulte y el coste real de la plaza lo sufraga la Diputación. Otra cosa distinta son las tarifas que paga la entidad foral por el servicio que prestan las empresas con las que se conciertan las plazas, unos precios que también han ido al alza, como los firmados para este año 2016.

La delicada cuestión de la financiación se guiará por el principio de «eficiencia y en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos», ha dicho esta semana la Diputación sin entrar en mayor detalle. De acuerdo a su capacidad presupuestaria, el departamento que dirige Maite Peña fijará un escenario presupuestario a cuatro años que permita ampliar «aún más el número de plazas e incrementar las tarifas, además de insistir en otro objetivo clave: establecer un marco general de actuación que asegure una estabilidad en el sector a lo largo de este periodo».