Condenado a siete meses por estafar a inmigrantes con falsos permisos de trabajo

Según la sentencia del caso, el procesado, "movido por el ánimo de ilícito beneficio", ofreció a la primera de sus víctimas la posibilidad de "realizarle unos contratos de trabajo" a favor de seis familiares residentes en Marruecos para que pudieran venir a España.

La resolución judicial explica que, para ello, el imputado se aprovechó de "la situación de necesidad en la que se encontraba" su víctima, a quien solicitó una fotografía de sus allegados, una fotocopia compulsada de sus pasaportes y un total de 6.000 euros, en dos plazos, que el perjudicado consiguió "mediante la formalización de dos créditos" bancarios.

Posteriormente, el inculpado presentó a su víctima una serie de "solicitudes de autorización de residencia y de trabajo", así como unas "ofertas de empleo" con el sello de la Delegación del Gobierno en Cantabria, documentos que habían sido "simulados" por el acusado ya que fueron "confeccionados para confundir al perjudicado, quien no ha recuperado ninguna de las cantidades entregadas".

Posteriormente, el procesado recibió otros 900 euros de una segunda víctima, "a cambio de la firma de un contrato de trabajo para poder traer a su hermano residente en Marruecos".

En este caso, el imputado le proporcionó "una solicitud de cita para autorizaciones iniciales de trabajo en la que constaba el sello de la Delegación del Gobierno en Cantabria y la firma de la empresa Gremios Asociados de Gipuzkoa".

La resolución judicial aclara que este documento "era falsificado en su totalidad y tenía como fin nuevamente confundir al perjudicado", quien tampoco ha recuperado la cantidad entregada.

Durante el juicio por estos hechos, el encausado se mostró conforme con la pena que solicitó la Fiscalía, por lo que ahora ha sido condenado por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso ideal con otro de estafa y la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que en 2014 consignó en la cuenta del juzgado 3.000 euros para el pago de la responsabilidad civil del caso.

La sentencia impone al procesado una condena de siete meses y ocho días de prisión y una multa de 225 euros, aunque sustituye la pena de cárcel por otra multa de 1.090 euros. EFE