Diario Vasco
Una mujer con Alzheimer en una residencia de ancianos. / ESTHER NAVAL

La crisis extiende los malos tratos a las personas mayores

  • El abuso económico y las negligencias en los cuidados en el hogar son las formas más habituales

  • Los casos apenas se denuncian y quedan en la intimidad del hogar

  • «La mayoría de víctimas no quieren denunciar a sus propios familiares»

Es un anciano al que su cuidador le ha «convencido» para sacar dos mil euros de la cartilla; una mujer dependiente a la que sus hijos dejan todo el día en casa, sin supervisión, hasta que vuelven de trabajar; un hombre que no recibe visitas en la residencia en la que ha sido ingresado; un cuidador que atiende a un mayor pero no le habla; un anciano de 80 años al que tratan como a un niño; un cambio sospechoso en el testamento de una persona que ya no responde por sí misma; un hermano que denuncia a su hermana por las condiciones precarias en que atiende a su madre; una familia que vive de la prestación económica del abuelo al que no le proporcionan los cuidados necesarios. Dentro del catálogo de miserias humanas la del maltrato a las personas mayores ha pasado largo tiempo inadvertida. A veces oculto, otras veces negado, casi siempre inconsciente. La conciencia sobre el problema empieza a despertarse.

La preocupación no es nueva entre los profesionales de los servicios sociales y las asociaciones que trabajan con el colectivo de la tercera edad. Dependientes en su mayoría, muchos veces solos, las personas mayores se han convertido en una víctima fácil en estos tiempos de crisis. El maltrato, en el sentido más violento del término, es poco habitual. Además de golpes, hay otras formas que no dejan tanta huella. Más frecuente y silencioso es el trato indigno a los mayores: daño psicológico, terapéutico o económico. «La crisis es un factor de riesgo», confirma Susana Montesino, directora del área tutelar de Hurkoa. La fundación creada en 1990 por Cáritas diocesana de Donostia para atender a las personas incapaces más necesitadas de protección está siendo testigo de dos graves consecuencias de los últimos tiempos: el abuso económico y las negligencias, la mayoría involuntarias, en los cuidados de los mayores.

El año pasado, de las 529 personas atendidas por Hurkoa 38 lo hicieron tras confirmarse un problema económico que requirió la intervención de la fundación tutelar. «Vemos personas que en un momento dado fueron autorizadas en las cuentas bancarias que se aprovechan del mayor para utilizarlo en su propio beneficio. O simplemente que saben el PIN de la tarjeta y sacan cantidades de dinero sin tener ni siquiera que pasar por la ventanilla del banco», pone como ejemplos. También están viendo casos de personas mayores ingresadas en residencias con impagos de recibos porque la familia ha dejado la cuenta corriente a cero.

A Hurkoa llegan las historias más extremas, aquellas en las que claramente existe una situación conflictiva que requiere de una intervención externa y una medida de protección judicial. Pero la mayoría de casos que pueden levantar sospechas no llegan a ser confirmados ni son constitutivos de delito. «Pueden ser inmorales, pero no son delito», lo que impide tomar cartas en el asunto.

Las familias no siempre son las culpables directas y, en la mayoría de casos, ni saben que están haciendo daño a su ser querido. De forma involuntaria, la escasez de recursos económicos, la falta de preparación, el agotamiento físico y emocional pueden derivar en una negligencia en los cuidados del mayor. «La mayoría de los malos tratos a los mayores se producen de forma no intencionada», dentro del ámbito familiar, lo que dificulta su detección, remarca Montesino, que se detiene en un fenómeno reciente. «Están entrando menos personas en las residencias y centros de día. Cada vez más familias en paro deciden cuidar a sus mayores en casa. Por un lado se junta la necesidad de contar con sus ingresos para subsistir y el hecho de que tienen más tiempo para cuidarlos. En principio no es malo, porque siempre se defiende como norma general que el mayor pueda mantenerse en su entorno, siempre que no se vea perjudicado. El problema está en que no siempre la familia tiene capacidad para ello, especialmente en los casos de mayor deterioro físico y mental, porque pueden no recibir los cuidados que necesita para su situación. Eso sí lo estamos viendo», atestigua.

Una forma de explotación

En muchos hogares son las pensiones y las prestaciones por dependencia las que están manteniendo la economía de toda la familia. «La explotación económica a los mayores está desgraciadamente a la orden del día», lamenta José Luis Elosua, presidente de Nagusilan. Con una red de más de mil voluntarios, la asociación de mayores ha logrado tener presencia activa en la mayoría de residencias, «pero el problema está en los hogares, donde lógicamente es más difícil entrar».

El principal obstáculo lo suelen poner las propias víctimas. La mayoría de casos confirmados no acaban en una denuncia. Los lazos afectivos impiden dar ese paso. «Hay que entender que no es una tercera persona ajena al entorno la que estafa al mayor, sino alguien de la familia o de su entorno afectivo. La víctimas no suelen querer denunciar a sus propios familiares. En consecuencia, la intervención tiene que hacerse de la forma menos traumática posible para ella», apunta Susana Montesino, de Hurkoa.

José Luis Elosua hablar del consentimiento silente por parte de la propia víctima. «Hipotecan su vida. Para evitar ser llevados a una residencia, aceptan dar su pensión a los hijos que los cuidan, aceptan perder su voz y voto, se dejan inutilizar». Y cuando pierden su capacidad de decidir, entonces el riesgo de recibir un trato indigno se acrecienta, advierte Nagusilan.

La situación de dependencia es otro de los factores de riesgo. De hecho, la asociación de lucha contra el maltrato a mayores Almama, con sede en Vitoria y la única de sus características en todo el Estado, se niega a poner un límite de edad y defiende la idea de que «el maltrato tiene que ver con la situación de dependencia y no con la edad». Goretti Sagarduy, abogada y fundadora de esta entidad formada por socios voluntarios sin ánimo de lucro, cree que los datos sobre la prevalencia del problema en Euskadi solo reflejan una parte de la realidad, cuya verdadera dimensión aún permanece en el terreno de lo desconocido.

Aún así, según la encuesta realizada en 2010 por el Gobierno Vasco, más de 13.000 mayores de 60 años podrían estar siendo víctimas de algún tipo de maltrato en el ámbito doméstico, sin contar con los posibles casos que se puedan dar en residencias y centros de día. «Todos somos víctimas potenciales, bien como familiares de algún mayor que no ser bien tratado, bien como personas que envejeceremos», una realidad que requiere de «una mayor concienciación social».

Inspirada en la asociación francesa Alma, con décadas de experiencia y reconocimiento público en el país galo, Almama presta asistencia jurídica gratuita y, pese a su limitación de medios, atiende casos «de toda España», cuenta Sagarduy, que ha participado en la elaboración del protocolo para la detección y prevención del maltrato publicado por el Gobierno Vasco. «Es un primer paso, pero falta todavía mucho» para alcanzar las políticas de protección de países como Francia o Inglaterra.

Como para muchos otros problemas, la palabra es prevención. «Hay que saber detectar estos casos a tiempo, pero uno de los caballos de batalla es saber cómo hacerlo», por la dificultad de identificar las situaciones y por el miedo a acudir a la vía judicial de las familias, dice Susana Montesino, de Hurkoa. La asociación Nagusilan receta varias medicinas: sensibilización, defensa de los derechos de las personas mayores y reconocimiento de su participación social. «Es preciso desterrar el concepto de inutilidad y estorbo que, con demasiado frecuencia, se asocia a la ancianidad».

Contra los estereotipos

Además de las medidas de prevención y buen cuidado en la práctica diaria de la asistencia a las personas mayores, los expertos indagan en el origen del problema. «Los estereotipos que acompañan el proceso de envejecimiento generan imágenes negativas e infravaloradas de este grupo de población», dice Mayte Sancho, directora técnica de la Fundación Matía. «Vulneran los derechos de las personas y están en la raíz de los malos tratos El umbral de tolerancia de nuestra sociedad ante determinadas conductas y situaciones que aniquilan su capacidad de decisión y su dignidad es escandalosamente alto. Serían inadmisibles en otro grupo de edad».

Para Sancho, el camino a seguir es claro. «Sensibilización, formación y acompañamiento», además de facilitar el acceso a servicios profesionales cuando sea necesario. «Pero solo lo conseguiremos cuando la ciudadanía tenga plena conciencia de que nuestra sociedad no puede permitir un trato inadecuado a nadie. A las personas mayores tampoco», advierte. Nagusilan recuerda que pertenecemos a una sociedad que envejece, un motivo suficiente, aunque sea solo por puro egoísmo: «Nuestro sino es hacernos viejos. El respeto con que hoy distingamos a nuestros mayores será nuestra garantía para mañana».