Los vascos que pidan el bono social deberán presentar su IRPF a la compañía eléctrica

Las eléctricas no están de acuerdo con tener que gestionar la información privada de sus clientes.

El Gobierno central no se coordinará con las haciendas forales para acceder a los datos de quienes soliciten el nuevo descuento de la factura

JOSÉ M. CAMAREROMADRID.

La puesta en marcha del nuevo bono social que el Ministerio de Energía tiene previsto activar en próximas semanas será aún más compleja de lo inicialmente previsto en el caso del País Vasco. Los ciudadanos que quieran beneficiarse de esa ayuda para aliviar el pago de sus facturas de la luz tendrán que aportar directamente a sus compañías eléctricas la documentación que acredite su situación económica familiar, esto es, la Declaración de la Renta en la que constan los ingresos. Y lo deberán hacer de forma indefinida, y no solo en un primer momento, como ocurrirá en el resto de comunidades autónomas, hasta que se activen las aplicaciones informáticas previstas para agilizar esos trámites.

El proyecto de orden ministerial en el que se establecen los mecanismos para acceder al renovado bono social apunta la necesidad de habilitar una aplicación que estará disponible en la Sede Electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. A través de ella, las comercializadoras de referencia de los usuarios con contrato regulado (PVPC) -Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, las grandes del mercado, entre otras- accederían a los datos de los clientes que soliciten el bono social para certificar, o negar, la ayuda. Pero el Ministerio no se coordinará con los organismos fiscales de Bizkaia, Gipuzkoa ni Álava para recoger la información de los ciudadanos del País Vasco, tal y como explican fuentes del sector energético a este diario. Lo que para el resto de España supondrá un problema transitorio, en el caso vasco será crónico. Porque serán los titulares de los contratos de luz los que deban aportar su información del IRPF a las compañías independientemente de que Energía habilite en un futuro cercano el sistema informático centralizado que ayudará a las firmas a agilizar el proceso. En principio, hasta que así suceda, todos los ciudadanos tendrán que hacerlo por esa vía presencial, aunque una vez dispuesta la herramienta informática, el sistema será más cómodo para los ciudadanos de las comunidades adheridas a la Agencia Tributaria estatal, así como para las compañías de referencia. No será así, en principio, para los casos que se soliciten desde el País Vasco -y Navarra, también con Hacienda Foral propia-, donde la gestión seguirá siendo manual.

Las empresas afectadas ya han mostrado sus discrepancias a esta orden ministerial, con las correspondientes alegaciones. Porque serían las eléctricas las que soliciten, comprueben y custodien los datos que les faciliten los solicitantes para validar que cumplen los requisitos para acceder a esa ayuda, incluido el relativo a su renta.

La ayuda contempla un descuento del 25% para familias que ingresen menos de 18.637 euros

En esas alegaciones las corporaciones integradas en la patronal Unesa reclamaban al Ejecutivo un cambio de la norma porque tener que realizar esas comprobaciones «resulta tremendamente complejo y prácticamente inviable», además de lo relativo a los costes asociados. Consideran que supondría «una intervención excesiva» en el proceso y, asimismo, puede «redundar en reclamaciones» de los clientes y, con eso, «problemas de reputación» para ellas. Una situación que se agravará en Euskadi y Navarra.

Las compañías estiman que, llegado ese caso, «se estaría vulnerando la privacidad y protección de datos» de los consumidores. Y advierten de que esa función no debe recaer en ellas sino que «debe estar a cargo de la administración competente». Por ello, proponen la creación de un registro único para centralizar esos datos. Sin embargo, desde el Ministerio de Energía aclaran que la posibilidad de que las firmas pidan esa información no supone un quebranto de la ley, al contar con un informe previo favorable de la Agencia de Protección de Datos.

Los beneficiados

En cualquier caso, durante seis meses convivirán los antiguos perceptores del mismo, unos 2,4 millones de clientes en toda España, junto a quienes lo soliciten por primera vez. Será así para que «nadie se quede sin ese beneficio en invierno», afirman en Energía.

La nueva ayuda -un descuento del 25% en el consumo- fija en 18.637 euros al año los ingresos máximos para beneficiarse de la misma en hogares con dos hijos; 14.910 euros para los de uno; y 11.182 euros para las que no tengan descendientes. La rebaja puede alcanzar el 40% si las rentas se sitúan en los 9.318, los 7.455 y los 5.591 euros, respectivamente. Además, las familias numerosas, los pensionistas con prestaciones mínimas y los hogares en riesgo de exclusión social también podrán acceder al bono social.

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