La urgente reforma de las pensiones, en punto muerto

La urgente reforma de las pensiones, en punto muerto
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La comisión del Pacto de Toledo prosigue sus trabajos con pocos visos de llegar a buen puerto por el desacuerdo con el índice de revalorizaciónLa falta de consenso y la crisis catalana paralizan las medidas, aún a la espera

LUCÍA PALACIOS MADRID.

Dejando a un lado el desempleo -y el conflicto catalán-, otro de los graves problemas que sufre España es el futuro de nuestras pensiones. Desde hace varios años se cuestiona la viabilidad del actual sistema, puesto que ejercicio a ejercicio, desde 2011, el déficit de la Seguridad Social va registrando máximos. De ese modo, se ha pasado de tener un superávit de casi 15.000 millones de euros en 2007, a un déficit de 18.700 millones el año pasado.

La preocupación por qué va a pasar con estas prestaciones está más que nunca en la calle y afecta no ya a los más de 9 millones de pensionistas, sino también a las jóvenes generaciones, que tienen serias dudas de que puedan jubilarse con dignidad, un temor que esta misma semana compartió la OCDE, al alertar del riesgo de pobreza de los futuros pensionistas españoles.

Sin embargo, casi un año después de que la nueva legislatura de Mariano Rajoy empezara a andar y de igual manera la comisión del Pacto de Toledo iniciara sus trabajos, nada se ha hecho para sanear las cuentas de la Seguridad Social. Y esa urgente reforma que piden desde todos los partidos políticos y agentes sociales, parece estar totalmente paralizada. Desde el Gobierno se escudan en que si tomaran medidas propias se estarían «saltando el Pacto de Toledo», aunque esto es algo que ya hicieron con la polémica reforma de las pensiones de 2013. Y esto es lo que argumentan partidos como el PSOE y Podemos para acusar de «parálisis» al Ejecutivo.

Críticas al Gobierno

«Tenemos la sensación de que están mareando más que querer adoptar algún acuerdo», sostiene Mercè Perea, diputada socialista y portavoz del PSOE en la comisión del Pacto de Toledo. «El Gobierno no está actuando en una de las cuestiones más sensibles para la ciudadanía», se suma Aina Vidal, portavoz de Unidos Podemos en dicha comisión, que afea al Ejecutivo que se «esconda bajo las faldas» del Pacto de Toledo y exige que hagan algo. «Tienen esa obligación. Y si no, que se vayan y nos dejen a los demás hacer cosas», sentencia.

Perea asegura que su grupo ha hecho múltiples propuestas al Gobierno para acabar con el déficit y se lamenta de que el Ejecutivo «no adopte ninguna medida». De hecho, pone como ejemplo algo en lo que hay ya un amplio consenso general: sacar las bonificaciones y reducciones de la Seguridad Social y que se paguen vía Presupuestos. Una medida que la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció en su toma de posesión y que sigue sin llevarse a cabo.

La diputada socialista afea también al Gobierno que reformara las pensiones en 2013 dejando a un lado el Pacto de Toledo, algo que nunca se había hecho. «Ahora nos han cambiado las reglas de juego y por eso la mayoría no estamos de acuerdo», sentencia. Se refiere a la introducción de un nuevo índice de revalorización (IRP) por el cual las pensiones ya no suben en función de los precios, sino de la suficiencia del sistema. Y como la Seguridad Social está en números rojos, los últimos cinco años han subido el mínimo que establece la ley: 0,25%. Y así parece que va a seguir siendo en el futuro, salvo que se tomen medidas, por lo que la Autoridad fiscal pronostica que en un lustro los jubilados pueden perder hasta un 15% de poder adquisitivo.

Y en este punto es en el que permanece encallado el Pacto de Toledo, en la revisión de la recomendación número 2. Hay dos bandos claros: PP y Ciudadanos, contrarios a derogar el índice, y el resto de fuerzas, que pide acabar con él y con el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019.

«Hay un bloqueo ideológico», sostiene Vidal, que asegura que el PP «no puede robar el poder adquisitivo de los pensionistas». Asimismo, la diputada de Podemos alerta de que la crisis en Cataluña también está afectando al trabajo en el Pacto de Toledo, puesto que en las reuniones que mantienen cada semana ERC y PDeCat no están participando, al igual que el PNV, que la mayor parte de la veces no asiste. «En la práctica hay una cierta impugnación del consenso social», estima.

«Complicada solución»

Desde Ciudadanos, su portavoz en el Pacto de Toledo, Sergio del Campo, también reconoce que van «muy retrasados» puesto que están «bastante encallados» en la segunda recomendación -por ser la «más conflictiva»-. «Las posiciones están muy distantes», reconoce, al tiempo que hace hincapié en que su partido «no va a pasar» por derogar ni la reforma de 2011 ni la del 2013. La formación naranja aboga por «buscar una fórmula intermedia» para que el índice de revalorización no sea «el más gravoso de los países europeos», bien intentando equilibrar el sistema, bien con algún ajuste.

«La solución es muy complicada, pero es al Gobierno al que le corresponde legislar», concluye, haciendo hincapié en que al Pacto de Toledo no le toca «solucionar el problema», sino simplemente evaluar y recomendar.

Por su parte, Gerardo Camps, portavoz del PP, admite que aunque su partido no está dispuesto a «derogar» el IRP, tampoco es un «muro infranqueable» y «cabe variarlo». «No podemos llevar al Pacto de Toledo discusiones más propias del Parlamento», defiende.

La cuestión es que, por unos y otros, la casa sigue sin barrer y, salvo que se produzca un giro inesperado, no parece que a medio plazo vaya a ponerse en marcha la esperada reforma de las pensiones.

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