ELA pide una reunión al Gobierno Vasco para exponerle 32 medidas contra la brecha salarial en Euskadi

Una mujer limpia una oficina. /dv
Una mujer limpia una oficina. / dv

Plantea que en las subcontratas de las administraciones se garantice un salario mínimo de 1.200 euros

AGENCIAS

El sindicato ELA pedirá una reunión al Gobierno Vasco al que le expondrá 32 medidas contra la brecha salarial en Euskadi que cifra en un 24,29% y, entre las que se encuentra, un cambio de estatus en Emakunde para que dependa del Parlamento vasco en lugar del Ejecutivo o que en las subcontratas de las administraciones se garantice un salario mínimo de 1.200 euros.

Estas propuestas han sido dadas a conocer en rueda de prensa por las responsables del área de igualdad de género, Leire Txakartegi y Jone Bengoetxea, y la de la federación de Servicios de ELA, Mirari Irure.

En su comparecencia, han indicado, de acuerdo a los datos de INE, que en Euskadi las mujeres ganan 7.552 euros menos al año que los hombres, lo que sitúa la brecha salarial en el 24,2%, mientras que en Navarra es 8.164 menos (28,41%).

Las representantes de ELA han vuelto a reiterar su postura de no acudir a la mesa convocada por el Gobierno Vasco sobre la brecha salarial a la que acuden el Ejecutivo, Confebask, CC.OO y UGT, ya que LAB se desmarcó tras la primera reunión. Esta mesa, que se volverá a reunir el 19 de abril, se constituyó siguiendo un mandato del Parlamento vasco, donde se aprobó una proposición no de ley que instaba a adoptar medidas ante este problema.

Leire Txakartegi ha indicado que no acuden a ese foro porque la citada proposición no de ley «carece del mínimo contenido aceptable», ya que, a su juicio, no entra en el fondo del problema de la brecha salarial y no hace mención a temas como la precariedad, «que está ligada a la brecha salarial» o a los «recortes» en el gasto social.

Además de considerar «insuficiente» esa proposición, cree que el Gobierno Vasco «deja su responsabilidad a un lado» y la deriva hacia una mesa de diálogo social tripartita en la que Confebask «puede condicionar las medidas» que se puedan adoptar.

Las representantes de ELA creen que este tema, tras la huelga feminista del 8 de marzo, ha adquirido «otra dimensión» y es un tema que debe «ocupar un lugar prioritario» en las agendas políticas.

Pese a no participar en este foro, las representantes sindicales han señalado que ELA tiene «interés en este tema» y ha elaborado una serie de propuesta que tienen intención de trasladar al Gobierno Vasco que, a su juicio, tiene «mucho» que hacer si tiene voluntad y establece medios.

32 medidas

En concreto, ELA ha elaborado una propuesta con 32 medidas que quiere presentar al Gobierno Vasco y, por ello, le solicitará una reunión al Departamento de Trabajo, a su consejera María Jesús San José, y también tienen intención de hacer llegar la misma a Lehendakaritza.

En el capítulo relativo a los presupuestos y políticas públicas, el sindicato plantea que se diseñen unas Cuentas participativas y políticas públicas elaboradas desde una perspectiva feminista. También reclama una reversión de las políticas presupuestarias y fiscales «neoliberales de los últimos años».

En materia de políticas de igualdad, el sindicato propone revertir los «recortes efectuados» y un «cambio de naturaleza de Emakunde. A su juicio, el hecho de que dependa del Gobierno Vasco hace que no tenga »autonomía y objetividad« para analizar »las vulneraciones de derechos de las mujeres provocadas por las políticas del Gobierno«. Por ello, cree que, como el Ararteko, debería cambiar su actual estatus y pasar a depender del Parlamento.

Otra medida es la creación de un certificado que garantice que las empresas que optan a un contrato con la Administración cumplen las políticas de igualdad, teniendo en cuenta entre otros criterios como disponer del plan de igualdad acordado con los sindicatos, inexistencia de brecha salarial, garantía de igualdad en la selección y promoción o medidas suficientes de conciliación y flexibilidad.

También demanda poner los «medios suficientes» para hacer frente a las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo que las mujeres sufren en los centros de trabajo.

En materia de empleo, el sindicato reclama políticas en favor del empleo de calidad, y en especial medidas dirigidas a los sectores precarios feminizados, entre los que ha citado los de telemarketing, colectividades o limpieza de edificios y locales.

Asimismo, ELA cree que la Inspección de Trabajo también puede desarrollar una tarea en este ámbito e imponer «sanciones ejemplarizantes» a las empresas que incumplen la ley.

El sindicato también propone que se exijan planes de igualdad negociados con la representación de los trabajadores en empresas que emplean a más de 250 personas. Otras medidas son la inversión pública para crear empleo de calidad en sectores feminizados, «con preferencia social y medioambientalmente sostenibles».

Sucontratas

Otro apartado de la propuesta hace referencia a las subcontratas de las administraciones, ya que las mujeres son mayoría en un gran número de sectores subcontratados, debido a que los puestos de trabajo de las mujeres se consideran «aún de menor valor, más fáciles de privatizar y externalizar».

En este sentido, para acabar con la discriminación salarial de las mujeres en estos ámbitos, propone que no se acepten salarios inferiores y que se garantice, en todo caso, un mínimo de 1.200 euros. También plantea que se les aplique la jornada laboral de 35 horas semanales vigente en las administraciones.

Asimismo, exige garantizar condiciones iguales en trabajos comparables a los que desempeñan los hombres, destinando para ello la financiación correspondiente y, en ámbitos en los que la comparación no sea posible, financiación de un incremento salarial del 25%. Otras propuestas son la limitación o complemento de las jornadas parciales.

Otras medidas hacen referencia a las personas que trabajan para la Administración y ELA propone la adopción de medidas en diversos sectores para activar la negociación colectiva y superar la brecha salarial, así como la aprobación de planes de igualdad «reales». Otras propuestas son garantizar la posibilidad de contratación a las mujeres embarazadas o con permiso de maternidad, articular medidas de conciliación adecuadas para alcanzar la corresponsabilidad en los cuidados entre hombres y mujeres y equiparar los permisos de paternidad y de maternidad.

La propuesta de ELA también recoge reconocer y garantizar el derecho al cuidado de las personas en situación de dependencia por medio de «un servicio público de calidad, gratuito y universal». Por último, hace mención a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria en favor de un sistema público de protección social de calidad.

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