Más de medio millón de empleos en negro salen a la luz desde 2012

Un empleado de hostelería, uno de los sectores inspeccionados. / I. P.
Un empleado de hostelería, uno de los sectores inspeccionados. / I. P.

El número de trabajadores irregulares detectados por la Inspección se eleva un 32% con el Gobierno del PP y recauda 21.000 millones

LUCÍA PALACIOS MADRID.

Uno de los problemas que se le achaca a la maquinaria productiva española es el alto grado de economía sumergida que soporta, alrededor de un 18% del Producto Interior Bruto (PIB), según distintas estimaciones. Por eso el Gobierno de Mariano Rajoy se puso como objetivo luchar contra este fraude que ataca de lleno a la Seguridad Social.

Para ello aprobó en 2012 un plan -vigente hasta 2017- que ha permitido detectar cerca de 520.000 empleos 'en negro' y ha conseguido transformar 360.000 contratos indebidamente temporales en indefinidos, según cifras del Ministerio de Empleo actualizadas hasta febrero. Y es que solo el año pasado el número de trabajadores irregulares aflorados gracias a las inspecciones de Trabajo superaron los 93.000, lo que supone prácticamente un 32% más que en 2011, cuando no había entrado en vigor este plan de lucha contra el fraude y se 'pillaron' a 70.787 empleados sin regularizar.

Desde entonces cada año ha ido creciendo el número de empleos sumergidos aflorados y, además, ha permitido detectar más de 7.000 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objetivo de facilitar el acceso indebido a prestaciones. También se han constatado casi 100.000 prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, con sanciones que superan en más del cuádruple las adoptadas en la anterior legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, según recoge la memoria realizada por el Ministerio. El impacto económico estimado es de 21.198 millones de euros.

La idea es avanzar en esta dirección. En abril el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Plan Estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, vigente hasta final de la legislatura y con «nuevas herramientas para hacer de la eficiencia de la lucha contra el fraude un activo estratégico principal», según afirmó la ministra Fátima Báñez.

Una de las prioridades será reforzar el control de la contratación temporal injustificada. Y es que la dualidad del mercado laboral se ha enquistado de tal forma que no se consigue frenar por el momento ni con la reforma laboral. Más bien al contrario: en el último año España ha elevado su tasa de temporalidad siete décimas hasta el 26,8% en 2017, según los últimos datos de la agencia comunitaria Eurostat.

Con este incremento, España vuelve a ser líder en Europa del empleo con fecha de caducidad, tras desbancar a Polonia. Ahora la labor de los inspectores se encaminará a descubrir esos falsos contratos eventuales, que esconden a su vez trabajos que son permanentes. Construcción, hostelería y teleoperadores son los sectores más señalados.

Además, ante las cada vez más numerosas reivindicaciones en favor de la igualdad, tras la histórica manifestación feminista del pasado 8 de marzo, otra prioridad será actuar en el ámbito de discriminación por género. Para ello se lanzarán campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias. Asimismo, el plan de inspección aprobado por el Gobierno prestará especial atención a la contratación a tiempo parcial, que está creciendo de forma significativa en los últimos años, junto a los contratos formativos.

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