El Supremo obliga al Gobierno Vasco a elevar la jornada laboral de sus 70.000 funcionarios

Funcionarios del Gobierno Vasco entran en Lakua./BLANCA CASTILLO
Funcionarios del Gobierno Vasco entran en Lakua. / BLANCA CASTILLO

El tribunal anula el decreto que recuperó en 2016 las 35 horas en contra del criterio del Estado | La sentencia confirma el fallo del TSJPV, recurrido por el Ejecutivo autónomo, y que supondrá trabajar 37,5 horas a la semana

FERNANDO SEGURASAN SEBASTIÁN.

Los funcionarios vascos tendrán que trabajar más horas, en concreto, de las 35 actuales a 37,5. Así se desprende de la sentencia de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha confirmado la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de 20 de diciembre de 2016. Esta última anuló el decreto autonómico que establecía una jornada de 35 horas semanales para los funcionarios del País Vasco, una medida de la que se han beneficiado 70.000 trabajadores. El Tribunal Supremo rechaza así el recurso interpuesto por el Gobierno Vasco contra dicha sentencia del TSJPV y que frenó su ejecución. El fallo no admite recurso y supone el segundo varapalo para el Ejecutivo autónomo en un tema que puede conllevar una enorme conflictividad laboral.

El fallo provocó una airada respuesta ayer del Ejecutivo autónomo. Josu Erkoreka lo calificó de «auténtico desatino». Añadió que es el «enésimo ejemplo de la estrategia de recentralización del Gobierno español». ELA y LAB también reaccionaron en contra del fallo. Ni el Ejecutivo ni los sindicatos se aventuraron a explicar como afectará la sentencia a los funcionarios y al Gobierno autónomo. En el caso de los primeros, fuentes de ELA indicaron que, a expensas de un análisis detallado de la sentencia, todo parece indicar que no tendrá efectos retroactivos. Es decir, que no se les podrá reclamar las dos horas y media semanales trabajadas de menos durante los dos años en los que estuvo vigente la medida.

LOS DATOS

7,8 millones
fue el coste adicional que supuso para el Gobierno Vasco la reducción de horas, debido a la contratación de más personal.
En 2016 el TSJPV:
El decreto del Gobierno Vasco que fijó las 35 horas fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2016.

En el caso de Ejecutivo autónomo, cuando aprobó el decreto para reducir las horas de trabajo incurrió en un coste adicional de 7,8 millones de euros derivados de la contratación de más personal. El departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno se limitó a señalar que quedaba a la espera de la notificación oficial para realizar un «análisis pormenorizado de su contenido y alcance. Una vez realizado, trasladará este análisis a los sindicatos con representación en la Mesa General de la Función Pública para si, corresponde, tomar conjuntamente las medidas oportunas».

«Las administraciones, a la hora de fijar la jornada, deben respetar los límites del Presupuesto de 2012»

«Es el enésimo ejemplo de la estrategia de recentralización del Gobierno español»

Lo cierto es que la sentencia del alto tribunal es meridianamente clara. Señala que «las administraciones públicas», como es el caso de la de Euskadi «aquí recurrente, al establecer una jornada de trabajo anual para los empleados públicos a su servicio, deben respetar los límites establecidos en la disposición final septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que está vigente». Dicha disposición fija una jornada semanal para el citado personal de 37 horas y media.

El decreto anulado fue dictado el 2 de febrero de 2016 por el Departamento de Administración Pública y Justicia del País Vasco. Establecía la jornada de trabajo anual para el año 2016 para el Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración del País Vasco. Fue recurrido por el abogado del Estado, a quien el TSJPV estimó el recurso y anuló la disposición.

La iniciativa de los jeltzales recuperaba el acuerdo laboral alcanzado en 2000 por los trabajadores de la Administración, pero se saltaba la normativa básica aprobada por el Gobierno central en los Presupuestos de 2012 donde, en razón de la crisis y por razones de «planificación económica y estabilidad presupuestaria», estableció de forma «permanente» una jornada de trabajo «anual máxima» de 37,5 horas, de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas.

Pese a todo, el Ejecutivo vasco siguió adelante con sus planes y en febrero de 2016 aprobó el decreto que recuperaba las 35 horas pactadas y que suponía un coste adicional de 7,8 millones de euros. Días más tarde, el Gobierno central, entonces en funciones, impugnó la decisión pese al enfado monumental de los responsables vascos.

Finalmente, la Justicia le dio la razón en una sentencia fechada el 22 de diciembre de 2016, en la que el TSJPV defiende la constitucionalidad y «vigencia» de la norma estatal de 2012, y que por ser de carácter básico tiene más rango que cualquier ley o decreto autonómico.

El Gobierno Vasco recurrió la sentencia ante el Supremo, a sabiendas de que el fallo tardaría meses en llegar. Pero en Lakua esperaban aprovechar ese tiempo para derogar por la vía política una norma básica -la disposición aprobada por el gabinete de Mariano Rajoy en los Presupuestos de 2012-, que por la vía judicial asumían que era muy complicado combatir.

El recurso de casación era por tanto una forma de ganar tiempo para que el nuevo Gobierno del PP en minoría demostrara el talante negociador que predicaba y dejara sin efecto una exigencia que no solo obligaba y se inmiscuía en la gestión del Ejecutivo de Urkullu a la hora de fijar la jornada laboral de sus trabajadores, sino que afectaba a otras comunidades, como Andalucía o Castilla-La Mancha, que también apostaron por las 35 horas y acabaron igualmente en los tribunales. Finalmente, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del TSJPV

Críticas del Gobierno Vasco

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, fue ayer muy crítico con la sentencia. Señaló que el Tribunal Supremo, al dar la razón al Estado, vulnera la «competencia de organización de la función pública vasca» que recoge el Estatuto de Gernika. «Nadie en Euskadi va a entender esta decisión judicial que se entromete de lleno en cuestiones de organización interna de nuestro personal público y, menos aún, cuando durante estos 30 años de Estatuto de Gernika nunca se había recurrido a los tribunales la jornada laboral de nuestro personal funcionario».

Para Erkoreka, «este es el enésimo ejemplo de la estrategia de recentralización del Gobierno español que, bajo pretexto de la crisis económica y extralimitándose en sus restricciones, se ha metido hasta en nuestra jornada laboral laminando nuestras competencias y acuerdos sindicales» Recordó que la recuperación de la jornada laboral de las 35 horas fue una decisión «negociada con todos los sindicatos de la Mesa General, un espíritu de pacto que el Tribunal Supremo obvia en su sentencia imponiendo su tesis desde Madrid. La sentencia -subrayó Erkoreka- es un completo desatino, también, por el momento en el que se produce, ya que el propio Gobierno español está trasladando a las centrales sindicales en los foros de función pública que está analizando volver a la jornada de 35 horas en la propia Administración General del Estado».

Y es que, efectivamente, el fallo se conoce precisamente el día en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó ayer la preferencia del Gobierno de reducir la jornada laboral a 35 horas para los funcionarios que trabajan a turnos, pero no «generalizarla», si bien se ha mostrado abierto a negociar con los sindicatos de la función pública.

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