Los sindicatos vascos creen que Luxemburgo no ha zanjado el asunto sobre fijos y temporales

Aprecian en el giro que han supuesto los últimos fallos del tribunal sobre las indemnizaciones una cierta «presión» ejercida desde el gabinete Rajoy

Julio Díaz de Alda
JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN.

Las dos últimas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a cuestiones prejudiciales solicitadas desde España respecto a las indemnizaciones de trabajadores fijos y temporales han supuesto un vuelco absoluto respecto al fallo que el propio Luxemburgo emitió en 2016 sobre este asunto. Y es que ahora los magistrados rechazan (al contrario de lo que dictaminaron entonces) que sea discriminatorio el que ambas relaciones laborales supongan compensaciones diferentes. Un giro que ha pillado por sorpresa a los sindicatos vascos y a muchos trabajadores, sobre todo del ámbito público, que a la luz de aquel primer fallo del TJUE presentaron numerosas demandas para intentar equiparar las reparaciones económicas que recibieron (o dejaron de recibir por no concedérselas) a las correspondientes a una persona con contrato indefinido.

Consultados ayer (24 horas después del cambio de criterio de Luxemburgo) por DV los cuatro principales sindicatos vascos, dos son las conclusiones que trasladan. La primera, que no todo queda aclarado tras estos últimos fallos. Y la segunda, la existencia de, dicen, ciertas «presiones» del anterior Gobierno y de instituciones empresariales de carácter estatal hacia el TJUE para intentar dar todo el respaldo a una legislación, denuncian, que se apoya en la temporalidad, sobre todo en el ámbito de la Administración.

Pello Igeregi, responsable de acción sindical de ELA, se reconoce «decepcionado» por las dos sentencias conocidas esta semana. «Ha habido una enorme presión del Gobierno de España, que está cómodo con esta temporalidad brutal», afirma. «Está claro que las indemnizaciones en el caso de los temporales no van a poder ser las mismas que las de los trabajadores fijos; pero ¿cómo han de ser?, ¿cómo se tienen que determinar? ¿de cuánto hablamos?... todo esto no está claro, quedan flecos por resolver», asegura.

Junto a esto, Igeregi advierte de que el Tribunal de Justicia de la UE aún debe de resolver otras cuestiones prejudiciales (en realidad, dudas que tienen los tribunales de los Estados) que en varios casos se refieren a funcionarios. «Respecto a los trabajadores públicos no están claras las cosas, creo que debemos esperar a que se resulvan esas cuestiones prejudiciales», añade el sindicalista.

Junto a esto, reclama que el Tribunal Supremo «dicte doctrina y aclare, por ejemplo, si la indemnización de los no funcionarios que trabajen en el ámbito público puede ser o no de doce días por año trabajado». En esta tesitura, la central ha decidido esperar y mantener vivas las más de 1.500 reclamaciones vivas que se presentaron al amparo de la sentencia de 2016.

Mari Cruz Vicente, de CC OO Euskadi, asegura que los últimos fallos de Luxemburgo «pueden generar conflictos». «No dice exactamente que los eventuales no tengan derecho a una indemnización», aclara, para resaltar que «estas sentencias no comparan a unos y otros, sino que indican que hay que analizar el trabajo que realiza cada persona». «En realidad, matizan la anterior, pero, insisto, no dicen que los eventuales no tengan derecho a la indemnización», dice.

Y saca a colación el que «los interinos muchas veces desarrollan actividades y ocupan puestos como los fijos, en ese sentido les sustituyen con lo que debiéramos de hablar de equivalencias», añade. «Creo que ahora todo queda en si se puede comprar el trabajo de los distintos tipos de trabajadores», concluye, para reclamar también «que el Tribunal Supremo unifique la doctrina en España». Sobre los funcionarios, la responsable de Acción Social de CC OO Euskadi cree que «los interinos deberían ser considerados como fijos en este sentido».

Vicente coincide en que «ha posido haber presiones» del anterior Ejecutivo o desde «entidades empresariales» pues, recuerda, «se llegaron a cuestionar la capacidad y los conocimientos de la legislación laboral española de los magistrados del TJUE».

Desde UGT, su secretaria de Acción Sindical, Maribel Ballesteros, explica que los servicios juríricos del sindicato aún no han emitido un dictamen sobre los fallos de Luxemburgo, pero coincide en el mensaje de la presión, y destaca que «la temporalidad le ha venido muy bien a la patronal».

Gorka Berasategi, Secretario de la Federación de Servicios Públicos de LAB, insistió en la teoría de las «manos negras» respecto al «cambio de doctrina de 180 grados» experimentado en el TJUE, y recordó que «los Gobiernos estaban nerviosos con este tema». «Estas decisiones sitúan en un estado de incertidumbre a miles de trabajadores», denunció, para poner el foco en los interinos de los que «están plagadas las administraciones». «Largos años de incertidumbre y, además, se quedan sin indemnización al finalizar la relación laboral», lamentó.

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