Los sindicatos rechazan el nuevo borrador de la Ley de Empleo Público del Gobierno Vasco

Funcionarios acuden a su trabajo en el Gobierno Vasco./DV
Funcionarios acuden a su trabajo en el Gobierno Vasco. / DV

El Ejecutivo autonómico presentó ayer a las centrales otro anteproyecto de una norma que la legislatura pasada tuvo que retirar por falta de apoyos

JESÚS. L. ORTEGASAN SEBASTIÁN.

El Gobierno Vasco vuelve a la carga con la Ley de Empleo Público y los sindicatos vuelven a rechazar el primer borrador del nuevo anteproyecto que les fue presentado ayer. El actual intento del Ejecutivo de Urkullu por sacar adelante una norma que al final tuvo que retirar en la legislatura pasada por falta de apoyos parlamentarios, ha cosechado, de momento, el mismo resultado con el que en abril de 2015 acabó la anterior negociación con los representantes de los trabajadores: oposición y desacuerdo.

La Ley de Empleo Público Vasco afectará a unas 110.000 personas -algún sindicato eleva esa cifra hasta las 130.000- que trabajan en los tres niveles de las administraciones de Euskadi (autonómica, foral y municipal), así como en los órganos participativos, consultivos, de asesoramiento o de control dependientes de ellas y al personal de administración de la Universidad del País Vasco. Este proyecto persigue actualizar la vigente legislación que data de hace 25 años y constituye una vieja aspiración del Gobierno autonómico, que ya empezó a elaborarla en 2014 pero no ha visto la luz. Ni lo hará al menos hasta dentro de cerca de un año, dados todos los trámites que deben cumplimentarse.

En la primera reunión con los sindicatos, celebrada ayer en Vitoria, el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, expresó a ELA, LAB, CC OO y UGT el compromiso del Ejecutivo de Euskadi de reducir «la elevada tasa de interinidad» que sufren «ciertos colectivos» de las administraciones. Para ello, el actual borrador contempla -como ya lo hacía el texto de la anteriormente retirada ley- abordar «procesos especiales de consolidación de empleo». Es decir, establecer turnos diferenciados en las oposiciones de acceso a la función pública en los que se reservaría a los empleados no fijos que llevasen más de un determinado número de años trabajando en la Administración, un alto porcentaje del total de plazas ofertadas. Se trataría así, según declaró Zearreta, de «aprovechar el conocimiento de calidad, la experiencia y el talento adquiridos» por quienes desde hace años ya trabajan en las administraciones públicas».

Además de este aspecto, la futura ley regulará todos los ámbitos profesionales del personal público, desde su selección y formación hasta sus requerimientos de uso del euskera, pasando por la provisión de puestos, movilidad, sistema retributivo, derechos, deberes, código de conducta e incompatibilidades, régimen disciplinario o negociación colectiva.

Pero no será fácil que la ley consiga el aval sindical. De entrada, ayer cosechó el rechazo generalizado de las cuatro grandes centrales. ELA y LAB consideran que el texto presentado se «somete» a la legislación española, abre la puerta a las privatizaciones de servicios y no acaba de solucionar la alta temporalidad. CC OO señala que es «continuista» con el anteriormente retirado y que «mantiene gran parte de sus defectos», mientras que para UGT aún «es muy mejorable».

LA CIFRA

110.000
empleados de las administraciones locales, forales y autonómica vascas se verán afectados por la nueva Ley de Empleo Público.

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