Los sindicatos han presentado más de 2.000 reclamaciones

Las centrales critican la «nula voluntad» del Gobierno Vasco para reducir la temporalidad en el ámbito público

P. A. SAN SEBASTIÁN.

El llamamiento de los sindicatos a los interinos y temporales para que solicitaran una equiparación de las indemnizaciones surtió efecto y al poco tiempo las centrales comenzaron a presentar reclamaciones a la Administración para el caso de los funcionarios, para posteriormente acudir al contencioso administrativo, o directamente demandas en los juzgados de lo social para el personal laboral del ámbito público, así como en el caso de los trabajadores de las empresas privadas, aunque estos últimos han sido los menos.

El grueso de las reclamaciones se ha producido en el ámbito público. Un proceso que es más largo, porque primero se tiene que presentar una reclamación a la Administración y cuando se agota dicha vía se recurre al contencioso administrativo.

En el ámbito público se han presentado hasta el momento más de 2.000 reclamaciones. Tan solo ELA lleva acumuladas 1.600. Peio Igeregi, responsable de Negociación Colectiva de la central nacionalista, explica que algunas han finalizado la fase administrativa y están ya en proceso de demanda, y que incluso hay ya sentencias, algunas de ellas favorables. Señala que en lo que respecta a los funcionarios estatutarios los fallos son contradictorios. «Algunos juzgados dictaminan que deben ser indemnizados con 20 días y otros lo contrario».

La central explica que en el ámbito privado se están presentando pocas demandas «porque hay miedo a reclamar por temor a perder la posibibilidad de que le vuelvan a contratar. Fundamentalmente se presentan en aquellas empresas en las que hay bolsas de trabajo, con lo que la contratación está garantizada».

Maite Garabieta, de CC OO, apunta que su sindicato ha presentado más de 260 reclamaciones de indemnización en los juzgados. En su caso, las resoluciones han sido también distintas: «Algunas a favor y otras en contra». Arantza Agote, de UGT, indica que en vía administrativa han planteado unos 450 casos y que algo más de un centenar están a la espera de juicio. A ellos se añaden otras 200 demandas presentadas en el ámbito laboral.

Por su parte, LAB ha presentado 251 demandas en el ámbito laboral y 125 en el público, tanto en lo que respecta al personal funcionario como estatutario. Y cuenta ya con veinte sentencias, una en el contencioso administratio y 19 en los juzgados de lo social.

Los responsables sindicales reconocen que están a la expectativa del nuevo pronunciamiento del TJUE, ya que en estos momentos hay cierta indefinición, aunque ellos lo tienen muy claro. Maite Garabieta y Arantza Agote añaden que los juzgados de lo contencioso están paralizando todo el proceso a la espera de lo que dictamine el alto tribunal europeo. Aunque señalan que también se han dictado algunas sentencias que son firmes, por lo que a estos casos ya no les afectaría un fallo que fuera en sentido contrario.

Pero más allá de la avalancha de demandas, Peio Igeregi quiere poner el acento en la «nula voluntad» de la Administración vasca para reducir los índices de temporalidad. De hecho, recuerda que con la oferta de empleo público que ha realizado el Gobierno Vasco la temporalidad bajaría tan solo ocho puntos en Osakidetza, al pasar del 43% actual al 35%, y nueve puntos en Educación, del 39% al 30%. Unas cifras que son «claramente insuficientes, máxime cuando el Gobierno central se planteó reducir la temporalidad al 8%».

El responsable de Negociación Colectiva de ELA apunta que «si se ratifican los criterios del TJUE y empieza a costarle dinero a la admnistración, se irá hacia otro modelo de contratación más estable», aunque añade que debería ser «por convicción». Además, señala que si no se ofertan plazas dignas en la administración pública se impulsa a buscar empleo en la empresa privada o incluso a irse a otros países, donde los contratos en el ámbito público son más estables.

LAB también critica que no haya voluntad política para solucionar la alta emporalidad de la administración y un modelo de contratación que «es un fraude». Es más, tacha la actitud de «inmobilista e irresponsable», con lo que obliga a los sindicatos, remarca, a acudir a los juzgados para tratar de «acabar con este modelo».

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