La reforma de Patrimonio en Gipuzkoa acaba con siete años de desarmonización fiscal en el País Vasco

El portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, durante la defensa de su enmienda a la reforma de Patrimonio frente al diputado de Hacienda, Jabier Larrañaga, ayer en el pleno./USOZ
El portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, durante la defensa de su enmienda a la reforma de Patrimonio frente al diputado de Hacienda, Jabier Larrañaga, ayer en el pleno. / USOZ

El territorio recupera el escudo fiscal y adapta su tabla de tipos, con la que prevé recaudar 13 millones menos | La llegada de Bildu a la Diputación en 2011 rompió una unidad tributaria que ha sufrido diversos vaivenes debido a la caída de ingresos por la recesión económica

Alexis Algaba
ALEXIS ALGABASAN SEBASTIÁN.

Del «este es un pequeño paso que sitúa a Gipuzkoa más cerca de las sociedades más avanzadas de Europa con una fiscalidad potente», al «Gipuzkoa no podía permitirse seguir siendo el territorio europeo con la fiscalidad más dura». Han pasado casi siete años de estas dos frases. La primera, la lanzó la exdiputada de Hacienda con Bildu, Helena Franco, durante la comisión en la que se dio luz verde a una reforma del IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio que convertía al territorio foral en singular y rompía la unidad fiscal en Euskadi. La segunda, la pronunció ayer su sucesor en el cargo, Jabier Larrañaga, después de que las Juntas Generales aprobasen la norma del nuevo Impuesto de Patrimonio y fulminase el vigente gravamen sobre la Riqueza y Grandes Fortunas. Más de 2.500 días después, los tres territorios vascos vuelven a compartir la estructura de sus principales tributos propios (IRPF, Sociedades y Patrimonio), lo que, en versión resumida se denomina armonización fiscal.

El camino que se cerró ayer con la votación del nuevo gravamen de Patrimonio en Gipuzkoa ha tenido idas y venidas, ha sido fruto de debates intensos, cismas entre instituciones y agentes económicos, y enfrentamientos políticos públicos. Los hitos del recorrido durante la desarmonización han sido conocidos. El gobierno de Bildu en Gipuzkoa abrió esa diferenciación con una primera reforma en 2011 -con el apoyo del PSE y Aralar- que modificaba el Impuesto de la Renta para elevar el tipo marginal al 49%. También pactaron cambiar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el de Transmisiones Patrimoniales. Meses más tarde, en junio de 2012, los mismos partidos apoyaron reformar el Impuesto de Sociedades para simplificarlo y eliminar deducciones. Y antes de finalizar el ejercicio, acordaron implementar el Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas como sustituto del gravamen de Patrimonio.

Un tributo que provocó el rechazo frontal de los empresarios guipuzcoanos y tal y como apuntaron algunos asesores fiscales, la marcha de un buen puñado de empresarios al incrementarse la presión fiscal sobre ellos, sobre todo, debido a la eliminación del escudo fiscal, esa salvaguarda que fija un tope para que el contribuyente no pague por IRPF y Patrimonio más de un porcentaje concreto de sus ganancias anuales -concretamente el 65%-.

Posteriormente, con la llegada de Iñigo Urkullu a la lehendakaritza y tras su primer pacto con el PSE en las instituciones vascas, ambas formaciones acordaron una reforma fiscal con el fin de armonizar IRPF y Sociedades en los tres territorios y garantizar un nivel de ingresos suficiente para las instituciones en el momento más duro de la crisis. La mayoría PNV-PSE en las tres diputaciones, a las que se sumó el apoyo del PP, sirvió para que la reforma se aprobase a cierre de 2013 incluso en Gipuzkoa, donde Martin Garitano seguía al frente de la Diputación.

Pero el impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas no se tocó en esa ocasión, por lo que el PNV recogió entre sus promesas electorales forales en 2015 la eliminación de ese gravamen. Un objetivo al que ha podido dar salida en dos pasos. El primero, en el mismo 2015, a través de una reforma urgente en la dejó exentas de tributo las participaciones en empresas. Y ayer, terminó de consumar el segundo paso, favorecido por el viento de cola de una nueva reforma fiscal vasca acordada entre jeltzales, socialistas y populares, que ha tenido principal incidencia en el Impuesto de Sociedades (se va a reducir el tipo nominal del 28% al 24% en 2019).

Dejar de ser «'rara avis'»

El proceso garantista para la aprobación de modificaciones tributarias ha provocado que hasta junio no se haya podido aprobar una reforma -con carácter retroactivo a 1 de enero- de la que ya se conocían los detalles a cierre del pasado curso. El nuevo Impuesto de Patrimonio incluye tres novedades principales. En primer lugar, el cambio de nombre y la adopción nuevamente de la nomenclatura de Impuesto de Patrimonio.

En segundo lugar, Gipuzkoa recupera el escudo fiscal de Renta y Patrimonio, que fija un tope para que el contribuyente no pague por ambos tributos más del 65% de sus ingresos anuales. Una salvaguarda que está vigente en Álava, Bizkaia y Navarra.

Y como última gran modificación, se incluye la actualización de las tarifas del gravamen, al adoptar la tabla alavesa. Así, la nueva escala de tipos tendrá ocho tramos, que van desde el 0,20% hasta el 2,50%. En Bizkaia seguirá habiendo seis tramos con el tipo más alto fijado en el 2%.

«Es un día importante, ya que Gipuzkoa deja hoy de ser una 'rara avis' fiscal al alinear su impuesto de patrimonio con Álava, Bizkaia y Navarra», explicó tras el pleno celebrado ayer el diputado foral de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga.

La reforma trae consigo una potencial reducción de la recaudación por dicho tributo, a consecuencia de la recuperación del escudo fiscal. El rescate de esa figura provocará que los ingresos por dicho impuesto se reduzcan en 13 millones el año que viene. Además, y como efecto más controvertido del cambio, los 40 patrimonios con una base liquidable superior a 12,8 millones de euros, la mayor de todas, se ahorrarán de media 193.545 euros. Solo dos de ellos aumentarán su contribución el próximo ejercicio.

Ese aspecto volvió a ser el más criticado por la oposición en la jornada de ayer. «Eliminan una norma que es efectiva solo para favorecer a unos pocos», esgrimió el portavoz de EH Bildu, Xabier Olano. Tanto la coalición abertzale como Ahal Dugu-Podemos votaron en contra del nuevo impuesto pero sus votos no resultaron suficientes para frenar la reforma pactada por PNV, PSE y PP, que sumaron 28 de los 50 votos del hemiciclo guipuzcoano. «Creemos que con esta norma se favorece a algunos ante la mayoría de los guipuzcoanos», insistió el procurador morado, Imanol Gude.

Tanto EH Bildu como Podemos fueron especialmente críticos con el papel socialista en el pacto fiscal, ya que el PSE ha votado a favor tanto para la aprobación del Impuesto sobre la Riqueza en 2012 como para su defunción ayer. El juntero socialista, Mikel Arrizabalaga, justificó su decisión argumentado que «el Impuesto sobre la Riqueza fue un avance, pero no tiene sentido sin el factor de la armonización fiscal». Por su parte, el portavoz popular Juan Carlos Cano explicó que «la fiscalidad alta solo estrangula a la economía y debemos buscar mayor recaudación desde la generación de riqueza».

La portavoz jeltzale, Maria Eugenia Arrizabalaga, sostuvo que el efecto recaudatorio con el primer Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas será de 8 millones, lo que apenas supone «el 0,17% de la recaudación total». Arrizabalaga añadió que «el efecto pretendido de esta reforma es que los contribuyentes más importantes no se vayan y que Gipuzkoa deje de ser un territorio aislado en el entorno europeo».

El diputado de Hacienda matizó al finalizar el pleno que «aquí no se regala nada a nadie; aquí se pagará lo mismo que en los territorios que tenemos alrededor».

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