La reforma fiscal no se aprobará hasta marzo, lo que cuestiona su aplicación íntegra en 2018

Alfonso Alonso, Idoia Mendia y Andoni Ortuzar, en una imagen de archivo. /DV
Alfonso Alonso, Idoia Mendia y Andoni Ortuzar, en una imagen de archivo. / DV

La presentación de un nuevo anteproyecto devuelve el proceso de firma a la casilla de salida. El nuevo plazo siembra dudas sobre la base legal de la retroactividad que se pretende para la parte que endurece el Impuesto de Sociedades

ALEXIS ALGABASAN SEBASTIÁN.

Seguro que muchos de ustedes, padres o madres de familia, han vivido esta escena. Sus hijos, han rellenado la carta de deseos para los Reyes Magos. Además seguro que se han pasado desde la vuelta de vacaciones de verano pensando los regalos que pedir. Y una vez que han tenido la misiva bien repleta la han enviado anticipadamente a sus majestades. Después se han echado a pensar y han exclamado: «¡Se nos ha olvidado pedir para el abuelo!». Qué hacer entonces. Mandar otra carta que llegue después o esperar a darle en mano otra a Baltasar justo antes de la cabalgata. Si les preguntan a las diputaciones vascas por esta cuestión, no tendrían dudas. Bloquearían el camión de Correos, identificarían la carta con los deseos, la copiarían en una nueva y añadirían los dichosos regalos para el abuelo.

Algo así sucede con la reforma fiscal, que ayer entró en un nuevo escenario. Si se preveía que el anteproyecto de norma pactado por PNV y PSE donde se incluyen las modificaciones fiscales a aplicar el 1 de enero de 2018 afrontaría un paso por Juntas en el cual se introducirían vía enmiendas las novedades acordadas con el PP, los territorios han cambiado la hoja de ruta. La nueva previsión es que se va a presentar un nuevo anteproyecto con todos los cambios acordados en el pacto a tres bandas. Es decir, volvemos a la casilla de salida de todos los trámites para que la reforma vea finalmente la luz.

Las cifras

24%
como tipo nominal
24%
exhibirá el Impuesto de Sociedades en el año 2019 según estipula la reforma.
50%
de límite
50%
en la aplicación de bases negativas tendrán las grandes y medianas empresas.

Así lo comunicó ayer la Diputación vizcaína, que hoy mismo planea subir a su portal de transparencia el nuevo anteproyecto. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de 15 días para la exposición pública, con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones. Ese plazo concluye antes de cierre del ejercicio, lo que abre una posible vía a que el territorio vecino pueda aprobar en Consejo de Gobierno este anteproyecto antes de finalizar 2017. Una casuística que no se dará en Gipuzkoa, ya que al disponer de un sistema «más garantista», la exposición pública de la normativa se alarga hasta los 20 días. Por tanto, probablemente sea el primer Consejo de Gobierno de 2018 el que valide el anteproyecto y su paso por las Juntas Generales arranque para febrero. Esto retrasaría, al menos, la aprobación final de las modificaciones hasta comienzos de primavera, aproximadamente. Cabe recordar que la última reforma fiscal de 2013, fue aprobada en Bizkaia en el mes de marzo de ese ejercicio, y en Gipuzkoa se le dio luz verde en enero de 2014.

Retroactivo y lesivo

Sea como fuere, la aprobación de la reforma se realizará con carácter retroactivo a fecha del 1 de enero de 2018, lo que abre una nueva incertidumbre jurídica por la aplicación de ciertas cláusulas limitativas de la nueva norma. Expliquémonos. Según el artículo 10.1 de la Ley General Tributaria, «las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado». Es decir, se pone en duda que se puedan aplicar con carácter retroactivo cualquiera medida que resultase lesiva para el contribuyente.

Es evidente que la reducción del tipo nominal del Impuesto de Sociedades -al 26% en 2018 y al 24% en 2019- es una medida que favorece a las empresas. Sin embargo, otras como la limitación de las bases imponibles negativas al 50% en caso de grandes y medianas empresas y del 70% para las pequeñas y microempresas, o el tope del 70% en la deducción de la inversión en I+D+i, sí que podrían observarse como potenciales cambios lesivos para el tributante. «El procedimiento resultaría, cuanto menos, dudoso», apunta Elena Reta, de Cialt Asesores. «Lo correcto es aprobar una normativa que se aplica el curso siguiente», añade. Reta, como el resto de asesores consultados por este medio, prefiere conocer en detalle la norma antes de anticipar cualquier posibilidad.

Víctor Etxeberria, de Sayma, señala por su parte que «al devengarse el tributo a fecha de 31 de diciembre de 2018, la aplicación de la reforma en su totalidad con carácter retroactivo no entrañaría mayor problema».

Así las cosas, el debate estaría abierto en torno al posible aplazamiento hasta 2019 de las modificiaciones fiscales que perjudiquen a los contribuyentes. Fuentes del departamento de Hacienda de Gipuzkoa señalaron a que, en principio, no es habitual aprobar estas medidas lesivas con carácter retroactivo y el escenario en el que se mueven es ese, aunque, como hemos visto en todo el proceso negociador de la reforma, cualquier cosa puede cambiar en cuestión de días o semanas.

Previsiblemente, la decisión en torno a esta cuestión también deberá ser adoptada de forma conjunta por los tres territorios ya que cualquier movimiento en falso podría suponer una desarmonización peligrosa aunque su duración se limite a un ejercicio.

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