El Gobierno ve ahora sostenible el coste de 3.300 millones de subir las pensiones el IPC

Hacienda quiere sufragar este gasto con mayores ingresos procedentesde un impuesto a las tecnológicas y el ahorro de intereses de la deuda

DAVID VALERA

«Las pensiones subirán lo que podamos, pero no pueden subir lo que no podamos». Esa fue la categórica afirmación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace apenas un mes. Con ella justificaba la negativa del Ejecutivo a elevar estas prestaciones conforme al IPC, como le exigían cientos de miles de pensionistas en la calle y parte de los partidos de la oposición. Sin embargo, ese discurso ha quedado en agua de borrajas y el Estado sí que ve ahora asumibles los 3.300 millones que costará elevar estas prestaciones un 1,6% tanto en 2018 como en 2019 -según la inflación prevista- para cumplir con el acuerdo alcanzado con el PNV en los Presupuestos. En concreto, el impacto de la revalorización será de 1.500 millones este curso (el PP ya presentó ayer una enmienda con una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 1.333 millones) y de otros 1.800 millones el próximo. A esto deben sumarse los 1.000 millones que suponen la revalorización del 3% de las pensiones mínimas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó ayer que exista una contradicción en el discurso del Ejecutivo y aseguró que ahora hay «margen» presupuestario para afrontar esta subida por el ahorro en el gasto a través de los menores intereses de la deuda (unos 650 millones) y el coste más limitado del rescate de la autopistas de peaje. Dos conceptos que, por otra parte, ya se sabían hace un mes.

Pero el Gobierno también necesita elevar los ingresos tributarios para afrontar los incrementos de las pensiones teniendo en cuenta que la Seguridad Social tiene un déficit de 17.000 millones que tardará en reducirse. Para ello, Montoro defendió ayer la búsqueda de «nuevas fórmulas de gravamen» entre las que se encuentra un impuesto a las grandes compañías tecnológicas como Google, Facebook o Amazon que también defienden otros grandes países europeos como Alemania, Francia o Italia.

«Un gravamen que vamos a proponer en el Pacto de Toledo sobre grandes compañías digitales permitirá financiar mejor el Estado», explicó Montoro en su intervención tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el plan de estabilidad 2018-2021.

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